Los precios subirán un 3,7% en 2026, la tercera subida más alta del siglo

La inflación vuelve este año después de haberse moderado durante los últimos ejercicios. En 2022, la invasión rusa en Ucrania generó un shock energético que disparó la inflación media de ese año hasta el 8,4%, el mayor incremento de los precios en España desde 1986. Gradualmente, los precios empezaron a reducirse hasta situarse en el 2,7% en 2025 y acercarse al entorno del 2% a comienzos de 2026. Sin embargo, el estallido de la guerra en Irán ha vuelto a cambiar el escenario. El cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo, y las posteriores perturbaciones sobre el suministro han vuelto a trasladarse a los mercados energéticos y, con ello, a los precios.

La nueva fotografía de la inflación la ha dibujado este miércoles la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). El organismo ha elevado hasta el 3,7% su previsión de inflación media para España en 2026, la más elevada entre sus socios europeos. Y, de cumplirse, el incremento de este año sería el tercero más elevado de lo que va de siglo, solo por detrás del 8,4% registrado en 2022 y del 4,1% de 2008 (cuando se produjo la crisis financiera).

Las previsiones apuntan a una inflación superior al 4% en otoño

Además, el escenario para los precios puede complicarse todavía más en los próximos meses. El conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa abierto y no existe por ahora un acuerdo de paz que permita anticipar una normalización de los mercados energéticos, mientras la tensión se ha extendido a otros puntos estratégicos para el transporte de hidrocarburos. En Yemen, los hutíes han avanzado hasta el estrecho de Bab el Mandeb, una de las principales rutas marítimas entre el océano Índico y el Mediterráneo, después de hacerse con el control del puerto de Moca y de la isla de Perim. Un avance que amenaza con dificultar todavía más una de las vías alternativas utilizadas para transportar petróleo después de las restricciones en el estrecho de Ormuz.

Y a ello se suma ahora la incertidumbre sobre el suministro de diésel estadounidense. El medio de comunicación Politico informó esta semana de que la Administración de Donald Trump estudiaba prohibir durante 90 días las exportaciones de este combustible para aumentar la oferta disponible en el mercado estadounidense y reducir su precio antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Aunque la Casa Blanca ha rechazado que exista por ahora una decisión adoptada en ese sentido, la posibilidad ha introducido un nuevo riesgo para los mercados europeos, especialmente dependientes del diésel importado de Estados Unidos.

Ante este tablero geopolítico, en el que la incertidumbre se ha convertido en una constante, las previsiones sobre la evolución de los precios en España no han dejado de cambiar. El Gobierno elevó a finales de abril su estimación de inflación para 2026 del 2,1% al 3,1%, en el marco del Informe de Progreso Anual remitido a Bruselas, aunque entonces se trataba todavía de un escenario condicionado por la evolución de la guerra y de los mercados energéticos. Posteriormente, en junio, el Banco de España revisó al alza su previsión hasta el 3,6%.

Más recientemente, el dato de inflación de agosto, que el INE (Instituto Nacional de Estadística) situó en el 4,3% respecto al mismo mes de 2025, ha llevado a los centros de estudios económicos a revisar sus perspectivas para los próximos meses. Funcas y BBVA Research estiman que la inflación media de 2026 podría situarse en torno al 3,5%, aunque anticipan que las tasas interanuales se mantendrán por encima del 4% durante el otoño. Unas estimaciones condicionadas por la evolución de los precios energéticos y por las medidas que adopte el Gobierno para contener su impacto, cuyo alcance se conocerá este martes, cuando el Consejo de Ministros apruebe la tercera prórroga del escudo anticrisis.

El Gobierno aprobará este martes la tercera prórroga del escudo anticrisis

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno aprobará este martes una tercera prórroga del escudo anticrisis para hacer frente al impacto de la subida de los precios energéticos.

Sin embargo, el Ejecutivo mantiene por ahora en absoluto secreto el contenido del nuevo paquete. Fuentes presentes en las reuniones mantenidas durante las últimas semanas con los agentes sociales y los sectores más afectados por el encarecimiento de la energía aseguran a El Independiente que el Gobierno no les ha trasladado qué medidas tiene previsto mantener, cuáles retirará ni si incorporará nuevos mecanismos de apoyo.

Además, según describen otras fuentes presentes en las reuniones, el Gobierno les ha trasladado que el margen disponible para adoptar nuevas medidas es limitado, tanto por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado como por los compromisos fiscales adquiridos con Bruselas. De hecho, sobre este último aspecto, la propia AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ya advirtió la semana pasada de que el margen fiscal de España para 2026 era "prácticamente nulo". Y es que el actual escudo anticrisis ha supuesto hasta ahora un coste de alrededor de 10.000 millones de euros, según explicó Cuerpo, una factura que condicionará el alcance de la nueva prórroga.

Empresas y sindicatos reclaman medidas

Las organizaciones empresariales y sindicales ya han trasladado al Gobierno sus principales demandas; habrá que ver en el Consejo de Ministros cuáles salen adelante. Desde la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) han reclamado actuar sobre los costes estructurales de la energía, con medidas sobre la fiscalidad energética, el Impuesto Especial sobre la Electricidad, el gas y los peajes, además de un tratamiento adecuado para los combustibles renovables.

En el transporte, la patronal logística UNO ha pedido elevar de 20 a 40 céntimos por litro la ayuda destinada a los transportistas para compensar el encarecimiento de los carburantes. Mientras, desde el sector energético se considera todavía lejana la posibilidad de recuperar mecanismos como la excepción ibérica, una medida que los sindicatos sí reclaman retomar para contener el impacto de los precios de la electricidad.

Por su lado, desde UGT (Unión General de Trabajadores) y CCOO (Comisiones Obreras), ponen el foco en mantener las medidas actuales y actuar sobre el impacto de la inflación sobre la capacidad adquisitiva de los salarios. Por su lado, desde el sindicato Valorian, su presidente, Miguel Venegas, advierte de que trasladar el repunte de precios directamente a los salarios sin acompañarlo de mejoras de productividad puede reducir los márgenes empresariales y terminar afectando al empleo. Por ello, la organización apuesta por combinar la evolución salarial con una mayor inversión en innovación, formación y nuevas formas de organización del trabajo.