La Fiscalía considera "prematuro" imputar al PSOE aunque aprecia indicios de cohecho y tráfico de influencias

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado imputar, por el momento, al PSOE como persona jurídica en el 'caso cloacas'. Según confirman fuentes fiscales a El Independiente, el Ministerio Público aprecia indicios que pueden sustentar la imputación del partido por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, pero considera que antes deben practicarse otras diligencias pendientes. Entre ellas, la declaración del ex 'número tres' de los socialistas, Santos Cerdán, investigado por ser el supuesto cabecilla de una trama creada para torpedear las investigaciones que afectasen al entorno de los socialistas.

La Fiscalía Especial Anticorrupción ya ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el informe que le había solicitado sobre la petición del Partido Popular para que el PSOE sea investigado como persona jurídica. En su escrito, según fuentes fiscales, Anticorrupción sostiene que, "sin perjuicio" de que existan indicios que podrían justificar esa imputación, en este momento resulta "prematura". El Ministerio Público considera necesario completar primero la instrucción con las diligencias que todavía están pendientes antes de decidir si procede atribuir responsabilidad penal a la formación.

Entre esas diligencias figura precisamente la declaración de Santos Cerdán, que todavía ni ha sido señalada. El exsecretario de Organización del PSOE está investigado en esta causa por su supuesto papel en la trama que habría tratado de influir sobre jueces, fiscales y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger los intereses del partido y de su entorno. Sin embargo, Anticorrupción no cierra la puerta a que la formación de los de Pedro Sánchez pueda acabar siendo investigada, aunque entienden que todavía no se permite dar por completada la base necesaria para acordar su imputación.

Pedraz había solicitado el informe de Anticorrupción este martes después de que el Partido Popular, que ejerce la acusación popular principal en la causa, reclamara que se investigase al PSOE por un amplio catálogo de delitos: cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal. Los 'populares' sostienen que las actuaciones investigadas en la causa apuntan a una estructura puesta en marcha desde el entorno de la formación socialista después de los cinco días de reflexión anunciados por Pedro Sánchez en abril de 2024, con el objetivo de "proteger los intereses del Gobierno y del PSOE" frente a distintas investigaciones judiciales.

Las elecciones no paralizan la causa

Todo ello durante el arranque de la campaña electoral, después de que el presidente del Gobierno anunciara el lunes que los españoles acudirán a las urnas el próximo 29 de noviembre. Sin embargo, tal y como informó este periódico, la convocatoria para los comicios no implica la paralización de las actuaciones judiciales. Fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que el procedimiento seguirá su curso durante la campaña y que el juez podrá continuar acordando declaraciones y nuevas diligencias. Otra cuestión son aquellas actuaciones que, sin ser urgentes, puedan tener un impacto político especialmente directo.

En este sentido, fuentes fiscales apuntaron el lunes a que una eventual imputación del PSOE como persona jurídica podría aplazarse mientras se practican las diligencias pendientes y, en particular, hasta que declare Cerdán. La decisión de Anticorrupción evita por ahora que el juez tenga que pronunciarse sobre la responsabilidad penal del partido en plena campaña electoral, aunque el procedimiento continuará abierto y la Fiscalía no cierra la puerta a esa posibilidad.

Existe un precedente reciente en otra de las investigaciones que afectan al entorno del PSOE. El pasado mayo, la Fiscalía recomendó esperar a que se celebrasen las elecciones andaluzas del 17 de mayo antes de citar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra'. Finalmente, la declaración se produjo el 19 de mayo, dos días después de los comicios.