Frente Amplio se refugia en la batalla fiscal contra grandes empresas, banca y capital para distinguirse de Sánchez

Durante la legislatura y la actual precampaña electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su partido, el PSOE, han virado de discurso, adaptándose a los niveles de conversación, a la coyuntura y a la demanda social del momento. Ocurrió con el 'No a la guerra' a raíz de la invasión y la ofensiva contra Gaza por parte de Israel, se aferró a la causa palestina o el rechazo al rearme, capitalizó la subida del SMI y, posteriormente, entre otros, abanderó las medidas de acceso a la vivienda pese a tener su organización las competencias ministeriales sobre la materia en los últimos ocho años. La competencia en estas temáticas ha desinflado a los partidos de Sumar, ahora reformulados en Frente Amplio, que además del desgaste durante el mandato y el ascenso de la derecha, han visto un amplio trasvase electoral a las filas socialistas de hasta el 20% según los sondeos.

El objetivo común de PSOE y Frente Amplio es reeditar el actual Gobierno de coalición progresista. En Moncloa saben que requieren de un socio fuerte que les permita sumar con el resto de grupos nacionalistas y soberanistas. Y que en el caso de conseguirlo, la dependencia será mucho mayor con esos terceros. Pero los de Ada Colau, desde que definieron su nuevo proyecto político y sus referentes, vienen intentando diferenciarse de los socialistas para retener votantes, recuperar las fugas y movilizar a un electorado que puede quedarse en casa por no querer respaldar a Sánchez pese a ser votante de la izquierda. La competencia con el PSOE, ante un panorama complicado para la derecha, se agravó la semana pasada tras el accidente ferroviario en la Alta Velocidad, que se saldó con 69 fallecidos y decenas de heridos. Principalmente, bajo el principio de exigencia de "transparencia" y de "responsabilidad política" que ha sido esencial para la renuncia del ministro Óscar Puente.

Pero a nivel de políticas, el intento de Sánchez por mantener vivo el marco de los derechos sociales y la vivienda, además del de la gestión que se impone tras la tragedia, lleva a los 'frenteamplistas' a buscar nuevos senderos de distinción directa de los socialistas. A nivel económico. Por ello, este jueves, durante un desayuno informativo en Madrid, la candidata al Gobierno por Barcelona, Colau, puso sobre la mesa la discusión de una reforma fiscal profunda con los grandes propietarios de vivienda, las grandes empresas energéticas y las multinacionales, así como los bancos, en la mirilla. Desde una tasa a los "ultrarricos" por acumulación de patrimonio, a un aumento de los gravámenes a los beneficios de esas grandes entidades, como una penalización a la acumulación de viviendas.

La concretación hecha por Colau en las últimas horas, acompañada del economista y exideólogo de Podemos en su primera etapa, Nacho Álvarez, supone ir más allá de las posiciones planteadas hasta el momento por Sánchez. Pero, también, tomar la delantera ante una valoración de medidas económicas ligadas a la vivienda que se están planteando al menos en la Fundación Avanza, el think tank del PSOE, según publicó este jueves El País. Igualmente, reabre un debate encallado parcialmente a principios de 2025, tras el fracaso y el acortamiento de la profundidad de la reforma fiscal pactada entre Sánchez y los de Yolanda Díaz.

En detalle, Colau planteó tres pilares principales, a la espera de conocer todo el programa electoral de la marca. Impuesto al patrimonio neto con un tipo del 2% para más de un millón de euros y de 3% para fortunas de más de 50 millones –se defendió ya en septiembre–, con lo que prevén una recaudación de 10.000 millones de euros descontando ya lo abonado por Patrimonio y Grandes Fortunas. En segundo lugar, aumentar la tributación de banca y grandes empresas, para compensar la diferencia respecto a las contribuciones de las pymes. Y, por último, gravar con un 10% a los grandes propietarios a partir de cuatro casas y desde la priera para empresas si conjuntamente superan los 800.000 euros salvo que apuesten por alquileres asequibles. Son medidas que van más allá de la línea de los socialistas.

Según estaría planteando Avanza, el PSOE miraría por el momento a un enfoque exclusivo de vivienda, con medidas para el aumento de la oferta y la movilización de suelo público para elevar el parque social del 3,5% actual al 10-15% en quince años. Se busca que el Estado sea promotor, facilite al compra de primera vivienda a los menores de 40 años mediante préstamos públicos sin interés, reformar el IBI para gravaar más el valor del suelo y menos el de edificación, y desincentivar fiscalmente la vivienda vacía. Frente Amplio pone el foco en la concentración de inmuebles y patrimonio, y en la presión fiscal para una redistribución de la riqueza. El PSOE se mantiene enfocado a los incentivos y con enfoque exclusivo en vivienda.

La fiscalidad friccionó a los socios en 2024

La apuesta de reforma fiscal por la que apuestan los de Colau fue precisamente uno de los puntos de fricción de la legislatura entre los socios de Gobierno. En el último trimestre de 2024 ambos firmaron una reforma –recogida en el pacto de coalición– ambiciosa del sistema tributario con el objetivo de reducir la brecha de recaudación con la media europea y aumentar la contribución de las grandes empresas y patrimonios. Pero tras trasladarlo al Congreso, PNV y Junts supusieron un freno. Especialmente para las medidas de Sumar, como el gravamen extraordinario a las grandes empresas energéticas. Se consiguió prolongar el impuesto a la banca para tres años, que pasó de un gravamen temporal del 4,8% entre 2023 y 2024 sobre determinados ingresos y comisiones con un umbral de facturación de 800 millones de euros. Tras el pacto, desde 2025, el impuesto se aplica progresivamente y ha permitido recaudar 1.423 millones de euros al cierre de ese año.

El paquete fiscal mermó a voluntad del PSOE para cerrar acuerdos con las dos fuerzas nacionalistas, lo que tensionó a Sumar, que quería un impuesto a la banca permanente, por ejemplo. Pero fue clave el rechazo de los socialistas en la Comisión de Hacienda, en la tramitación del proyecto de ley, de una enmienda previamente acordada para endurecer la fiscalidad de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis). La medida pretendía eliminar su régimen fiscal especial y fue una de las concesiones que los socialistas terminaron dejando fuera durante la negociación. También quedaron descartadas otras propuestas defendidas por Sumar, como aplicar el IVA del 21% a los pisos turísticos, eliminar la exención fiscal de los seguros médicos privados o crear un gravamen específico para yates y aviones privados.

Salió adelante el aumento de la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros y el tipo mínimo para grandes multinacionales. La negociación dejó al descubierto las dificultades de la coalición para trasladar sus compromisos económicos a una mayoría parlamentaria y las diferencias entre PSOE y Sumar sobre hasta dónde debía llegar la presión fiscal sobre grandes empresas y patrimonios. Es precisamente en ese terreno donde ahora Colau vuelve a situar la disputa con Sánchez, con propuestas mucho más ambiciosas de las asumidas entonces por el Gobierno.

Con la nueva propuesta, quieren reabrir el debate limitado en la legislatura. La actual pretensión de elevar la tributación efectiva de las grandes empresas enlaza con el intento de suprimir el régimen fiscal especial de las socimis y modificar determinados aspectos del impuesto de Sociedades. En el caso de la banca, Colau recupera el debate sobre el gravamen específico a las entidades financieras, que entonces se negoció y terminó aprobándose con modificaciones respecto al planteamiento inicial de Sumar. Por su parte, el impuesto patrimonial del 2% y el 3% que plantea ahora tiene como antecedente el impuesto temporal de solidaridad a las grandes fortunas –con un tipo del 1,7-3,5%–, cuya continuidad defendió Sumar, aunque la reforma de 2024 no abordó una revisión integral de la tributación del patrimonio. Finalmente, el gravamen del 10% a los grandes propietarios guarda relación con las iniciativas fiscales sobre vivienda que la formación intentó introducir entonces, como el IVA del 21% a los pisos turísticos y los cambios en el régimen de las socimis, aunque estas últimas medidas no llegaron a prosperar en los términos planteados.

Pese a que el marco de la gestión se ha impuesto, Sánchez vuelve este viernes a abordar la precampaña y su enfoque en los avances sociales con un mitin clave en Valencia, al que le seguirán uno el sábado en Tarragona y otro el domingo en Bilbao. Además del golpe de Urda, las últimas novedades sobre el 'caso Koldo' o las detenciones de la UCO ahondan la dificultad del socialista para impulsar una gran movilización electoral que dé un vuelco a las encuestas.