Opinión

La norma no escrita

MADRID (ESPAÑA), 13/11/2026.- El ministro de Justicia, Félix Bolaños durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de La Moncloa, Madrid este viernes. EFE/ Kiko Huesca
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este 13 de noviembre de 2026, en la Moncloa. | EFE / KIKO HUESCA

El viernes 13 de noviembre, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, preguntaron a Félix Bolaños por las últimas actuaciones judiciales que afectan al PSOE. El día anterior, por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, la UCO había acudido al Tribunal de Cuentas por unas presuntas irregularidades en donaciones al partido.

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Sobre ese caso, el ministro no quiso pronunciarse. Sobre la costumbre de que los tribunales no muevan en periodo electoral las causas que afectan al Gobierno y a los partidos, sí: "A mí esa norma no escrita me parece muy prudente, muy razonable". Añadió que se ha venido cumpliendo siempre y que es respetuosa con los procesos en curso, "como estas elecciones generales".

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Lo decía el ministro de Justicia, dieciséis días antes de las elecciones generales. La norma, si existe, es asunto de cada juez. Invocada por el Gobierno, con causas abiertas en torno a su partido, suena a aviso.

Votar es juzgar a quien gobierna o aspira a hacerlo, y para juzgar hacen falta elementos de juicio. Cuando una causa toca el dinero público o la conducta de un cargo electo, lo que el juez resuelva durante la campaña -una citación, un registro, un archivo- forma parte de lo que el elector tiene derecho a conocer, sea la información firme o indiciaria, buena, mala o regular. Aplazarlo también es decidir: el ciudadano votará sin saberlo. El juez que frena una causa porque hay elecciones interviene en ellas tanto como el que la acelera.

Un electorado adulto distingue una citación de una condena y sabe que la presunción de inocencia no se suspende por un registro

Ningún otro investigado disfruta de ese paréntesis. Nadie detiene la causa de un empresario mientras cierra el ejercicio, ni la de un médico mientras está de guardia. Lo que el ministro llama prudencia es una excepción para quienes concurren a las elecciones y para sus partidos, y dura lo que la campaña. Una amnistía de quince días.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite suspender un proceso en supuestos contados: una cuestión prejudicial que deba resolver otro orden jurisdiccional, la demencia sobrevenida del procesado, la enfermedad repentina del acusado o de su defensor en pleno juicio. Son causas tasadas. Ninguna menciona unas elecciones. La ley electoral, que prohíbe publicar encuestas en los cinco días anteriores a la votación, no pide a ningún juez que espere.

Un electorado adulto distingue una citación de una condena y sabe que la presunción de inocencia no se suspende por un registro. Lo que no puede valorar es lo que ignora.
Para no hablar del caso, el ministro se acogió el viernes a una norma escrita: el secreto de sumario. Para que los jueces esperen, le basta una que no lo está.

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