El artículo 134.3 de la Constitución dice que el Gobierno deberá presentar los Presupuestos antes del 1 de octubre, y en tres años no ha llevado ninguno a las Cortes. En 2025 modificó créditos por 76.944 millones, el 16,8 % del gasto del Estado, sin voto previo. En Portugal, unas cuentas rechazadas trajeron elecciones en tres meses. Aquí van más de mil días sin cuentas. El artículo dice «deberá» y no dice qué pasa si no.
La Constitución de 1978 se escribió para gobernantes de buena fe, no para quien la ignorara donde no hubiese sanción. De la amnistía, los padres constitucionales dejaron en acta en 1977: «Se acuerda no constitucionalizar este tema». En 1978 prohibieron los indultos generales y rechazaron dos enmiendas que la proponían. Dijeron no y no lo escribieron.
«No ha habido amnistía», dijo Pedro Sánchez tres días antes de las elecciones de 2023. Tres meses después la defendía: necesitaba siete votos. Juan Carlos Campo, su ministro de Justicia, había firmado en 2021 que era «claramente inconstitucional». El mismo Gobierno lo llevó al Constitucional, donde se apartó cuando llegó la ley. Otra vez la buena fe burlada.
El PP tuvo bloqueado cinco años y medio el Consejo General del Poder Judicial, renovado en 2024 con diez vocales por partido. Lo que antes fue botín para los propios es hoy pago a quienes quieren desmontar el Estado. «Hay jueces haciendo política», dijo Sánchez en septiembre de 2025. El 9 de noviembre, del fiscal general, en pleno juicio: «Creemos en su inocencia y, tras lo escuchado y visto esta semana, más aún». Once días después el Supremo lo condenó, el primero en democracia. La ley ofrece la recusación. Se prefiere la tribuna, donde el instructor deja de ser juez y pasa a ser conspirador.
Quien no presenta cuentas tampoco las rinde. El tren vive «el mejor momento de su
historia», dijo Óscar Puente en 2024. En enero, cuarenta y seis muertos en Adamuz, con un carril roto. En junio, 1.069 limitaciones de velocidad en la red convencional. En octubre, sesenta y nueve muertos en Urda, en la misma línea, con la investigación abierta. Sánchez juzgó «injusta» la dimisión de Puente.
El 29 de noviembre se vota. El 1 de enero, gane quien gane, las cuentas de 2023 se prorrogarán por cuarta vez
La DANA mató a 230 personas en Valencia; la emergencia era de la Generalitat y Mazón dimitió. El barranco del Poyo es del Estado: dos años después, lo contratado para encauzarlo es un estudio con plazo hasta 2029. Las presas del Estado necesitan 4.644 millones hasta 2033, según Transición Ecológica; reciben unos ochenta al año, según los ingenieros. En carreteras, Puente admite un déficit de conservación de 5.000 millones.
El fin de 47 años de posición sobre el Sáhara lo anunció en 2022 la Casa Real marroquí. Argelia suspendió el tratado de amistad. Tras las entradas en Ceuta, Exteriores convocó al embajador de Italia por unas palabras. A la embajadora de Marruecos, tres semanas después, por las de un ministro sobre Ceuta y Melilla. No estaba en España. Acudió el encargado de negocios. La buena fe se acabó. Cuatro reformas cierran las rendijas.
Una. El artículo 99.5 disuelve las Cortes cuando fracasa una investidura. Que lo haga con un Presupuesto rechazado, no presentado o prorrogado más de un año.
Dos. Que los jueces elijan el Consejo y el Constitucional. Que el amparo del Consejo deje de ser una declaración y obligue a actuar a la Fiscalía, a quien el artículo 124 ya manda velar por la independencia de los tribunales. Cinco asociaciones de jueces y fiscales la acusan de ignorarlo. Que ningún ministro pase a una alto Tribunal ni a la Fiscalía General.
Tres. El Constitucional transcribió el acta de 1977 y resolvió, por seis a cuatro, que la
Constitución «quiere guardar silencio» y el silencio no prohíbe. Que hable. Que prohíba la amnistía. Que el indulto no alcance a los delitos contra la Administración ni el orden constitucional.
Cuatro. Un delito, con inhabilitación, para quien use recursos, organismos o información pública con fin electoral. Hacen falta 210 diputados. PP y PSOE los reunieron en semanas en 2011, por el déficit, y en 2024, por una palabra.
El 29 de noviembre se vota. El 1 de enero, gane quien gane, las cuentas de 2023 se prorrogarán por cuarta vez.
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