El veto ruso: La oportunidad del Polisario para superar el síndrome de Estocolmo del Plan de Arreglo

El reciente uso del veto por parte de Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha sacudido los cimientos de un conflicto que permanecía congelado, ofreciendo al Frente Polisario una oportunidad inigualable para salir del laberinto burocrático en el que quedó atrapado. El sorpresivo giro diplomático de Moscú ha provocado una catarsis geopolítica en el conflicto del Sáhara Occidental, forzando un punto de inflexión que la ONU intentaba postergar año tras año. La obstinada e ingenua lealtad del Polisario hacia el Plan de Arreglo de 1991 ha operado durante más de tres décadas como un síndrome de Estocolmo político, en el que el frente de liberación defendía las reglas de un juego diseñado exclusivamente para legitimar, por la vía de los hechos, la ocupación militar de su territorio.

La postura del Kremlin desmonta el tablero del statu quo y sitúa a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ante una elección existencial y decisiva: aprovechar la fractura internacional para redefinir su estrategia o seguir anclada al yugo diplomático que ha tutelado su propio estancamiento. Superar la parálisis política depende ahora de su audacia para abandonar las ruinas de un arreglo tendencioso y parcial que simulaba perseguir una autodeterminación que los saharauis ya ejercieron en 1976, cuando proclamaron su Estado soberano, que, en el momento de su nacimiento, ya acumulaba el respaldo de 74 países y era miembro de pleno derecho de la Organización para la Unidad Africana (OUA).

¿Y cuál es la intrahistoria del Plan de Arreglo? Este proyecto —que, aunque ya lo hemos abordado ampliamente en artículos anteriores, es preciso rememorar en esta ocasión— surgió en el contexto de una cruenta guerra que duró dieciséis años. A finales de los ochenta, el ejército marroquí —neutralizado en el terreno y destruido moralmente— se limitó a parapetarse detrás de un muro defensivo que, lejos de ponerlo a salvo, se convirtió en una cárcel opresiva que menguaba sus posibilidades de sobrevivir a los duros combates que se libraban en el desierto. Esta muralla de arena, alambradas y minas, la verdadera cara del régimen alauí, solo sirvió para aislar los territorios ocupados en una zona de silencio donde el Majzén se ensañaba con la población civil. Pese a su coste incalculable, que desangraba la maltrecha economía del reino, no consiguió impedir los mortíferos ataques del Ejército Saharaui, que seguía dominando en el campo de batalla.

Aislado internacionalmente y con las FAR al borde del desastre, dio por perdida una guerra cuyo coste era ya inasumible. En un cambio repentino de estrategia, decidió apelar a la ONU en busca de una tregua que le permitiera recuperar el aliento. Se accedió a su petición y, el 27 de junio de 1990, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad un Plan de Arreglo encaminado a lograr dos objetivos indisolubles: un alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y la celebración de un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui.

El propósito oculto del Plan de Arreglo era simular la aplicación de la hoja de ruta que Kurt Waldheim, entonces secretario general de la ONU, había diseñado en 1975 para la correcta descolonización del territorio. Se trataba, en el fondo, de presentar un mecanismo disfrazado de aquella propuesta original, pero vaciado de contenido para que la potencia ocupante suplantara a la potencia colonial —administradora de iure— y, de este modo, diluir el estatus de Territorio No Autónomo (TNA) del Sáhara Occidental y legitimar de facto la ocupación militar.

El plan ideado por Waldheim en 1975, frustrado cuando España claudicó ante Hasán II y consumó su retirada, comprendía lo siguiente:

1. España anunciaría su salida del Sáhara en una fecha por determinar.
2. La ONU asumiría la administración del territorio por un período de seis meses. En ese tiempo constituiría una autoridad transitoria, bajo el mando de un alto comisario auxiliado por un grupo reducido de funcionarios.
3. Para mantener el orden, España dejaría diez mil legionarios que sustituirían su gorra verde por el casco azul de las Naciones Unidas.
4. En el referéndum previsto, los saharauis podrían optar por la independencia o la integración en "otro país", incluida España.

En el Plan de Arreglo no se contemplaban ni la retirada del ejército invasor ni el traspaso de la administración del territorio a la ONU. Igualmente, se forzaba a los saharauis a elegir entre la independencia y la "integración en Marruecos", con lo cual la potencia ocupante lograba legitimarse como "parte" en un referéndum —ahora reducido a mero simulacro— cuyo único titular de derecho es la población autóctona de ese mismo TNA que Marruecos invadió.

Para ejecutar el doble mandato del plan —supervisar el alto el fuego y organizar la consulta—, el Consejo de Seguridad estableció la MINURSO (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental). Asimismo, el órgano determinó expresamente que la lista de votantes estaría compuesta por los inscritos en el censo español de 1974, una vez revisado y actualizado por la misión.

A pesar de su opacidad, el "proceso de paz" siguió adelante. Así, en noviembre de 1991, la MINURSO, encabezada por el diplomático suizo Johannes Manz, tras detectar en la revisión del censo español 1.498 fallecidos y 484 duplicados, cumplió con su cometido y concluyó que las personas con derecho a voto eran 72.361.

El siguiente paso sería la concurrencia a las urnas y, en unas cuantas semanas, todo habría concluido. Sin embargo, en un movimiento calculado y aparentemente inesperado, el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, dispuso que la lista de votantes, en lugar de limitarse a la población autóctona inscrita en el censo español, debía ampliarse para incluir a los cientos de miles de colonos que Marruecos había introducido en el territorio. Esta decisión no solo contravenía lo acordado inicialmente e invalidaba la labor de la MINURSO, sino que, además, vulneraba flagrantemente el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante transferir partes de su población civil al territorio ocupado.

Era evidente que, cuando el Consejo de Seguridad dispuso que el padrón electoral debía basarse rigurosamente en el censo español de 1974, no buscaba la transparencia de la consulta. Pretendía, por un lado, enmascarar la manipulación estructural en la formulación de la pregunta —mediante la cual se blindaba la participación de Marruecos como parte interesada en el referéndum— y, por otro, seducir al Polisario lanzándole este "cebo" en forma de un compromiso que nunca tuvo la intención de cumplir, para inducirlo a aceptar el Plan de Arreglo.

En un acto que lo honra y dignifica como diplomático y como persona, Johannes Manz presentó su dimisión. No estaba dispuesto a formar parte de una vil maniobra en la que el mismo secretario general que lo había designado saboteaba impúdicamente la MINURSO cuando estaba a punto de alcanzar la meta marcada.

La peregrina instrucción de Pérez de Cuéllar vició por completo el plan y lo privó de toda fuerza vinculante para los saharauis. Aun así, el Polisario no se desvinculó de un acuerdo sesgado y alterado en su esencia, cuando legalmente estaba legitimado para hacerlo. De haberlo hecho, el conflicto habría vuelto al marco de la Resolución 34/37 (21 de noviembre de 1979) de la Asamblea General de la ONU —del que nunca debió desviarse—, que define a Marruecos como potencia ocupante.

Los saharauis se vieron inmersos en una trama concebida desde el principio para favorecer a Marruecos, mantener el statu quo y eternizar su exilio en la inhóspita hamada argelina. Un bucle que gira perennemente en torno a un derecho que el pueblo saharaui ya había ejercido quince años antes, cuando El Uali Mustafa Sayed eligió con acierto el momento histórico y jurídico idóneo para ello al proclamar la RASD, apenas tres meses y doce días antes de caer en el campo de batalla.

El Plan de Arreglo cumplió con creces su función: primero, dio lugar a un alto el fuego que salvó a Hasán II de la guerra; después, convirtió a Marruecos en "parte interesada" en el referéndum y, acto seguido, condicionó la celebración de este a la aprobación de Rabat. Así, Marruecos se erigió no ya en la potencia colonial administrativa —que de iure sigue siendo España—, sino en la propia ONU, al arrogarse la potestad de decidir cómo, cuándo y quién tiene derecho a la autodeterminación. Mientras tanto, los saharauis, paradójicamente, seguían reclamándole al Majzén una consulta que nunca necesitaron. Esta situación surrealista roza el cenit del absurdo cuando Marruecos, envalentonado y convencido de la sumisión del Polisario a ese espurio proceso de paz, "deniega" la autodeterminación y ofrece a cambio una "autonomía marroquí".

Ante esta disyuntiva —una afrenta en toda regla a un pueblo que demostró su valía en el campo de batalla al derrotar a dos países apoyados por grandes potencias—, el Polisario siguió ligado incomprensiblemente al Plan de Arreglo. Tampoco abandonó la teórica hoja de ruta cuando decidió retornar a las armas el 13 de noviembre de 2020. ¿Qué sentido tiene aferrarse a una iniciativa que, como se ha señalado anteriormente, se concibió y construyó sobre dos pilares indivisibles —el alto el fuego y el referéndum— y que había fracasado en ambos?

El pueblo del Sáhara Occidental pasó de ser un actor clave en la compleja geometría geopolítica a convertirse en un factor olvidado e irrelevante en la ecuación regional del Magreb, que aguarda expectante al final de cada octubre para comprobar si el informe anual del secretario general de la ONU menciona la autodeterminación o se limita a renovar la MINURSO. Se trataba de mentalizarlo —y casi lo consiguen— de que sus derechos se reducen a una frase trucada plasmada en un papel o a la prórroga de una misión abortada a los seis meses de su creación por la misma institución que la promovió. Los derechos naturales del pueblo saharaui, al igual que los del resto de los pueblos libres y soberanos del mundo, son inalienables e inherentes al ser humano, incluso antes de nacer, cuando todavía se halla en el vientre de su madre.

El proyecto de resolución que Rusia vetó el 31 de octubre de 2026, cuyo preludio fue la "Resolución Frankenstein" 2797, aprobada el año pasado por el Consejo de Seguridad, constituía el resultado lógico de una conspiración que venía gestándose desde hacía treinta y cinco años.

Donald Trump, con su habitual soberbia, estaba tan convencido de poder premiar a Mohamed VI sirviéndole el Sáhara en bandeja de plata, en compensación por los inestimables servicios prestados a Netanyahu, que ni siquiera se preocupó de urdir un plan B por si surgía algún contratiempo de última hora. Lo único que se le ocurrió fue vetar, a su vez, la renovación de la MINURSO, algo que los saharauis celebran doblemente. Esta es la única misión de paz en el mundo —desarticulada prematuramente— cuyo mandato no contempla la protección de los derechos humanos. Ante tal carencia, el aparato represor marroquí esgrime sin disimulo su patente de corso: encarcela, tortura y asesina a civiles inocentes a la vista de la propia misión por el simple hecho de enarbolar una bandera o repudiar la ocupación. Con ello se cerró un ciclo político cuyas consecuencias fueron más devastadoras para los saharauis que la propia guerra que el Polisario ganó.

Al igual que Trump, Marruecos cantaba victoria antes de tiempo. Había concentrado en las plazas a sus súbditos y a sus autoridades civiles y militares en torno a pantallas gigantes para celebrar por todo lo alto la legitimación de la ocupación ilegal del Sáhara. El jarro de agua fría que recibió fue tan descomunal que solo puede compararse con la honda frustración que sufrió Hasán II el 16 de octubre de 1975, cuando el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) emitió su categórico dictamen, en el que confirmaba la inexistencia de lazos jurídicos de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el reino de Marruecos o el conjunto mauritano.

Así pues, el veto ruso supone para los saharauis un nuevo y esperanzador comienzo en el que deben aprender de los errores del pasado y centrarse en un único objetivo: reafirmar que la cuestión del Sáhara Occidental es la de un Territorio No Autónomo ocupado militarmente por Marruecos en pleno proceso de descolonización. Su solución ya no radica en reclamar una autodeterminación que ya hicieron efectiva bajo el liderazgo de El Uali, sino en la expulsión definitiva e innegociable del invasor marroquí de las fronteras de la RASD, reconocidas internacionalmente.

Abderrahman Buhaia es intérprete y educador saharaui