El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha informado este lunes en el Congreso de que su departamento trabaja con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) –dependiente del Ministerio de Transportes, comandado por José Luis Ábalos- en un mecanismo extrajudicial "vinculante" para asegurar que las compañías aéreas abonan las indemnizaciones por la suspensión de los vuelos, provocadas por la pandemia del virus Covid-19.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Baja, a la que ha acudido para dar cuenta de las medidas adoptadas por su departamento en esta crisis, Garzón ha asegurado que "las aerolíneas tienen la obligación legal de devolver el dinero" y que su departamento "va a trabajar para la devolución de ese dinero".
"Estamos hablando de un contrato que está pagado pero no ha tenido la prestación de ese servicio. Es evidente y de sentido común", ha apostillado, lamentando que, pese a existir esta obligación legal, la ausencia de mecanismos extrajudiciales "que obliguen a esas empresas", empuja al consumidor, en caso de que no haya una resolución rápida, a "ir a los juzgados".
"Es un recorrido tan costoso, en tiempo y dinero, que la mayor parte de la gente no lo recorre, de tal manera que las aerolíneas se van de rositas, porque la barrera de entrada es muy alta", ha afirmado.
Bono de un año para viajes combinados
En su comparecencia, el ministro también se ha referido a los viajes combinados, en los que por las características de este sector, con intermediarios, la exigencia de devolución de dinero puede hacer que operadores queden "atrapados", sin haber recibido dinero de su proveedor pero con la obligación legal de reembolsar el dinero al consumidor, provocando una suspensión de pagos o quiebra.
Por ello, ha explicado que el Gobierno ha posibilitado la negociación con el consumidor una alternativa, ofreciendo un bono con un año de duración, con el fin de permitir un "tiempo suficiente para ajustar la situación económica de estos actores".
Garzón ha explicado que esta medida permite dar más tiempo para facilitar estas devoluciones y garantizar que, en caso de que existen las compensaciones entre intermediarios, la devolución es efectiva, ya que en caso de no canjearse este bono en un año, se devolverá el importe.
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