El exdirectivo de Caja Madrid y usuario de las tarjetas opacas de la entidad Mariano Pérez Claver ha reconocido hoy ante la Audiencia Nacional la validez de la principal prueba inculpatoria, la hoja de cálculo Excel aportada por Bankia, con lo que se convierte en el primer acusado que reconocer la validez de su contenido. A preguntas de la defensa de los también acusados Alberto Recarte y Jesús Pedroche, el que fuera directivo de la caja ha enfatizado que «era legítimo gastar lo que quisiera puesto que era mi dinero», y ha exclamado ante la sala «¡pero cómo me iban a pedir justificantes si eso vulnera la ley de protección de datos!», informa Efe.

Sobre la hoja Excel, Pérez Claver ha asegurado que no ha puesto ninguna objeción al respecto porque quiere «que se demuestre en este juicio» que su actuación profesional «fue correcta», aunque dichos datos «no dejan de ser el tratamiento de unos ficheros». La inmensa mayoría de los acusados interrogados hasta ahora han puesto en duda con insistencia la validez del contenido del listado de gastos.

Pérez Claver ha dicho que nunca pensó que hubiera ninguna irregularidad en este sistema, ya que era impensable «que el presidente ejecutivo, mi jefe (Miguel Blesa), me estaba proponiendo cosas ilegales. ¡Es absurdo!». Respecto a las retenciones fiscales de estas tarjetas, ha defendido que en todo momento pensó que era la propia entidad la encargada de realizarlas, además de comprobar que los certificados recibidos de Caja Madrid eran similares a los de «otras empresas cotizadas del Ibex» en las que ha trabajado.

En cuanto a la naturaleza de la tarjeta, el también expresidente de NH Hoteles y expresidente del Grupo SOS ha explicado que es «un instrumento de pago de parte de la retribución salarial anual, que se devenga en el momento del otorgamiento», por lo cual a partir del 1 de enero podía disponer de ello. Por tanto, ha sostenido el exdirector de banca comercial de la caja, «no se puede ampliar ni reducir» la cuantía de una tarjeta «que pondera el potencial directivo y la dedicación al trabajo». Pérez Claver ha lamentado el tratamiento que se ha dado a los 65 acusados de apropiarse de forma continuada del patrimonio de la caja a través de este medio de pago, y a quienes se les ha responsabilizado «incluso de la muerte de Manolete».

Por su parte, el exdirector de negocio de Caja Madrid Matías Amat ha explicado al fiscal que nunca, en siete años, le llamó la atención que el certificado de retenciones no incluyera detalles de los gastos efectuados con las tarjetas ya que era «un porcentaje muy bajo de mi retribución, por lo que me pasó desapercibido».

En la séptima sesión de juicio, también han comparecido los exconsejeros José Acosta, Beltrán Gutiérrez Ricardo Morado y Ramón Ferraz Ricarte. Acosta, consejero en Caja Madrid en representación del PSOE, ha explicado que pertenece «a la galaxia Gutenberg», por lo que se lleva «mal» con las nuevas tecnologías, razón por la que nunca se preocupó en consultar su saldo; en tanto que los demás han centrado su discurso en asegurar que la tarjeta era de libre disposición y que les permitía acceder, con mayor flexibilidad, a una parte de su salario.

Conocer las ‘black’ por la Comunidad de Madrid

Varios de los exconsejeros de Caja Madrid que han declarado hoy en el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de la entidad han asegurado que conocieron de la existencia de las mismas en la Comunidad de Madrid, antes de incorporarse a la entidad financiera. En la séptima jornada del juicio, el exrepresentante de corporaciones municipales en el consejo de Caja Madrid Fernando Serrano Antón ha revelado que se enteró de la existencia de las tarjetas «por primera vez» en la Comunidad de Madrid, donde le aseguraron que era «una retribución», con límite de gasto.

«Me repugna entrar en todos estos gastos», ha dicho a la sala que preside la juez Ángela Murillo, antes de exponer algunos de los cargos que no identifica, ya que o bien se computaron como viajes cuando se realizaron «en un asador de pollos de Mollet del Vallès» o porque se efectuaron fuera del horario comercial. Asimismo, ha afirmado que si devolvió los 78.500 euros que se le imputaban fue por su «afán de colaboración con la justicia y por recomendación de mi familia, pero nunca por reconocer la responsabilidad porque entiendo que no he cometido ilícito alguno».

En el mismo sentido se ha manifestado Buenaventura Zabala, que recibió la tarjeta de manos del vicesecretario de Caja Madrid, Vicente Espinosa, que le corroboró lo que ya sabía por la Comunidad de Madrid, en concreto por parte de Enrique Ossorio, que fue viceconsejero del gobierno regional y es el actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. «Cuando me ofrecieron ser jefe de gabinete -de la consejería de Hacienda-, por un lado se me habló de cuales iban a ser mis retribuciones para ese cargo y, por otro, como representante en la Caja», ha dicho.

El exconsejero de Caja Madrid en representación de UGT Rafael Torres Posada, que también ha declarado hoy, ha afirmado, al contrario que el resto de imputados, que en ningún momento se le dijo que la tarjeta de la entidad era de libre disposición, sino exclusivamente para gastos «necesarios y relacionados con el desarrollo de su función». Torres Posada ha explicado que, cuando el entonces vicesecretario de la entidad, Vicente Espinosa, citado como testigo, le entregó la tarjeta le dejó claro que con ella podía pagar almuerzos, desplazamientos, vestuario, libros y otros gastos relacionados con su actividad.

Torres se ha referido al tremendo «daño personal y profesional» que le ha ocasionado la causa, ya que «no tengo nada más que mi trabajo y mi familia»; además, Bankia le abrió un expediente disciplinario, condicionado al resultado del juicio, por presuntas actividades de su sindicato. «Cada vez estoy más convencido de que todos somos cabezas de turco para tapar algo, siempre he defendido mi inocencia y dentro de las instrucciones recibidas, nunca he gastado en nada personal», ha añadido.

Francisco José Pérez, consejero en representación del PSOE y que fuera jefe de Gabinete de Rafael Simancas, ha asegurado que se la entregó el vicesecretario general Espinosa, y que se trataba de una tarjeta «de libre disposición, para cualquier tipo de gastos», y con un límite de unos 25.000 euros, sobre la que nadie le pidió nunca justificante alguno. Miguel Ángel Abejón, vocal de la comisión de control, ha relatado que la tarjeta se le entregó «para compensar su dedicación y esfuerzo», y ha indicado que «sí se sintió compensado».

El exconsejero propuesto por el PP Cándido Cerón ha indicado que no recuerda «las palabras exactas» con las que le explicaron cómo utilizar la tarjeta, pero sí recuerda que «era parte de mi paquete retributivo, como el seguro de salud o las dietas». Alejandro Couceiro, también miembro de la comisión de control y representante de la patronal madrileña, se ha mostrado convencido de la absoluta legalidad del uso de la tarjeta.