Colombia trata de tranquilizar a los grandes grupos empresariales españoles con inversiones en el país tras el choque frontal con Gas Natural Fenosa. Un choque que ha derivado en la intervención de Electricaribe -una de las filiales colombianas del grupo español- y el inicio de su proceso de liquidación por los problemas financieros, la enorme deuda que arrastra y para garantizar el suministro.
El Gobierno colombiano, a través de su Embajada en Madrid, se ha reunido o se ha puesto en contacto en los últimos días con las cúpulas de algunos de los gigantes empresariales españoles para garantizar la seguridad jurídica del país.
Colombia habría tenido encuentros ya con directivos de Telefónica, Mapfre, Indra o Aena, entre otros grupos, y también con la patronal CEOE, según confirman fuentes diplomáticas. Y la próxima semana está fijado ya un encuentro con Repsol para trasladarle el mismo mensaje tranquilizador, otro paso más en lo que parece un auténtico road show.
“Hemos tenido encuentros privados con inversores españoles para garantizarles la seguridad jurídica del país”, apuntan las citadas fuentes diplomáticas del país latinoamericano. “Y todos nos han expresado que se sienten muy cómodos con sus negocios en Colombia”. Alrededor de 400 empresas españolas tienen intereses directos en Colombia.
La batalla con Gas Natural
El Gobierno colombiano intervino el pasado noviembre la intervención de Electricaribe, lo que suponía tomar el control de la gestión de la compañía, pero dejando la propiedad de la compañía a Gas Natural Fenosa (que controla el 85,4% del capital de la eléctrica).
Esta semana el Ejecutivo de Juan Manuel Santos ha dado un paso más y ha decidido iniciar la liquidación de la compañía, para después subastar sus activos y encontrar inversores que se hagan cargo de una compañía que da servicio a 2,5 millones de clientes en los departamentos caribeños del país.
Gas Natural Fenosa ya ha confirmado su intención de presentar una demanda contra el Estado colombiano ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje adscrito al Banco Mundial, para reclamar una indemnización de entre 800 y 1.000 millones de euros.
La liquidación de Electricaribe formalmente no es una expropiación, pero a efectos prácticos se le parece demasiado. Gas Natural Fenosa ya no tiene el control de su filial, perderá los activos de la compañía ya que el Gobierno los subastará, aunque legalmente siga manteniendo la propiedad del 85% del capital. No es una expropiación, pero para el grupo español tiene efectos peores, ya que en principio no se le reconoce el pago de un justiprecio a cambio de la filial.
La Embajada garantiza la seguridad jurídica
La Embajada de Colombia en España ha emitido hoy mismo un comunicado en el que se subraya que en ningún caso “puede entenderse como una expropiación”, ya que por ley el Gobierno no puede tomar la propiedad de ninguna compañía suministradora de electricidad (aunque sí controla compañías generadoras).
“No está en riesgo la seguridad jurídica (…) El Gobierno de Colombia ha protegido y siempre protegerá la inversión privada nacional y extranjera”, apunta la Embajada. El país “brinda garantías jurídicas, tiene reglas de juego claras y un buen ambiente para la inversión extranjera”.
Desde la Administración colombiana se subraya que el objetivo de la intervención y posterior liquidación de Electricaribe sólo es “una salida al mal servicio” que habría generado la falta de inversiones por parte de Gas Natural para mejorar la calidad de la red eléctrica. Desde la compañía en cambio se subraya que su filial arrastra un agujero de unos 1.300 millones de euros por el impago generalizado de los recibos (incluido el cometido por la propia Administración) y el fraude masivo.
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