El Ministerio de Hacienda sigue poniendo palos en las ruedas para evitar que las comunidades autónomas establezcan como normativa básica para todos los territorios la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios, después de haberla unificado en las 37 horas y media en 2012, junto a otras medidas de choque como la supresión de la paga ‘extra’ de ese año, que, en cambio, se ha revertido en gran parte.

Dos poderosas razones esgrime el Gobierno para ello, más allá de las sentencias judiciales en contra que el propio Ejecutivo ha promovido contra varias comunidades autónomas. En primer lugar, Hacienda estima que extender la medida a todas las administraciones tendría un coste estimado de entre 800 y 1.200 millones de euros. Además, asegura que no se puede considerar la jornada de 35 horas como un derecho.

Así lo ha anticipado la secretaria de Estado de la Función Pública, Elena Collado, durante su intervención en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, quien, con estas serias cautelas, ha señalado que, aún así, «de todo se puede hablar».

Sin embargo, eso es precisamente lo que piden los sindicatos de la función pública, que el Gobierno permita que cada comunidad autónoma pueda establecer un diálogo con las centrales para establecer sus propias condiciones.

¿Por qué no es un derecho?

Según Collado, los sindicatos de la función pública y los empleados de la administración en general deben cambiar el chip al hablar de este asunto, porque cuando se generalizó la jornada laboral de 37,5 horas semanales solo Andalucía y Asturias contemplaban las 35 horas, y fue después cuando otras cinco comunidades se han sumado a esta posibilidad.

Además, Collado ha recordado que las 37,5 horas semanales son las que rigen en la Administración central y ha concluido que la jornada más común en la UE es la de 40 horas o más.

Así es que Hacienda no dice que no, pero cree que son estas «cuestiones que hay que valorar». «Es una demanda mediática, pero no es la recuperación de un derecho», ha insistido Collado.

Las 35 horas que abandera el PSOE

Esta declaración de intenciones choca con el interés mostrado por el PSOE en el último año por abanderar esta demanda, especialmente desde su bastión andaluz, donde se está dando una situación anómala.

El Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la jornada de 35 horas en las comunidades autónomas que la han querido adoptar. Hasta la fecha, el alto tribunal ya ha tumbado la iniciativa en Castilla-La Mancha, mientras que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco también ha hecho lo propio en esa comunidad. En Madrid, la Delegación del Gobierno ha recurrido la vuelta a las 35 horas que aprobó el Ayuntamiento apoyándose en la doctrina del Tribunal Constitucional.

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy está dando oxígeno a Susana Díaz, la aspirante a líder del PSOE preferida por el PP. Casi cinco meses después de que el Parlamento andaluz aprobara un decreto ley por el que más de 270.000 empleados públicos recuperaron la jornada laboral de 35 horas semanales -que entró en vigor el 16 de enero- el Ejecutivo de Rajoy sigue sin recurrir esa medida.

En su lugar, el Gobierno central constituyó una comisión bilateral para negociar sobre el asunto. Con esta medida, el plazo legal para presentar recurso se ampliaba de tres a nueve meses, por lo que el Ejecutivo tiene hasta el 19 de julio para intentar revertir la situación en Andalucía.

Al respecto, la secretaria de Estado de la Función Pública ha afirmado que «si no culmina esta comisión habrá que presentar un recurso de inconstitucionalidad en Andalucía».