El Gobierno de Mariano Rajoy está dando oxígeno a Susana Díaz, la aspirante a líder del PSOE preferida por el PP. Casi cinco meses después de que el Parlamento andaluz aprobara un decreto ley por el que más de 270.000 empleados públicos recuperaron la jornada laboral de 35 horas semanales -que entró en vigor el 16 de enero- el Ejecutivo de Rajoy sigue sin recurrir esa medida. En cambio, sí ha presentado recurso ante el Tribunal Constitucional con el resto de comunidades que la han intentado recuperar.

En vez de recurrir, el Gobierno central constituyó una comisión bilateral para negociar sobre el asunto y que todavía no se ha reunido. Con esta medida, el plazo legal para presentar recurso se ampliaba de tres a nueve meses, por lo que el Ejecutivo tiene hasta el 19 de julio para intentar revertir la situación en Andalucía.

El Gobierno sólo ha permitido esta situación laboral en Andalucía

En ese tiempo, en vez de aumentar la confrontación, el Gobierno ha incluido la jornada laboral de los funcionarios en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado iniciada con el PSOE y, especialmente, con el PNV, que sí la ha visto frenada por un recurso del Ejecutivo. Fuentes del partido nacionalista vasco confirman esas conversaciones, que en la Junta de Andalucía esperan que fructifiquen.

Desde el Gobierno Vasco explican que la cuestión está en la agenda de la negociación "sin ninguna duda" y que la fórmula más sencilla para eliminar la jornada de 37,5 horas sería una enmienda parcial en los Presupuestos, la misma fórmula por la que se aplicó en 2012.

La estrategia de Rajoy sobre las 35 horas en Andalucía tiene doble filo. Políticamente, da oxígeno como gobernante a la gran rival de Pedro Sánchez, cuya vuelta considera una amenaza para la estabilidad institucional. Además, la falta de recurso elimina uno de los principales elementos de confrontación de la presidenta andaluza, retirándole también un motivo de victimismo político.

Rajoy da oxígeno político y asfixia económicamente a Díaz a la vez

No obstante, la medida supone una pesada losa económica para la Junta de Andalucía, que amenaza con asfixiarla. El Ejecutivo andaluz sólo contemplaba tenerla en vigor unos tres meses, plazo establecido para un recurso del Gobierno central que consideraban seguro.

Los Presupuestos andaluces de 2017 cuentan con 105 millones para afrontar los 7.000 contratos previstos para compensar la reducción de la jornada de los funcionarios desde las 37,5 horas actuales. No obstante, la presidenta socialista no contaba con la aplicación real de esa medida. De hecho, los sindicatos aseguran que harían falta el doble de contrataciones para que se pueda cumplir y desde la Junta admiten que lo presupuestado es "una previsión inicial".

Cuando aprobó la medida, Susana Díaz era consciente de que carece de competencias para ejecutar esa decisión, ya que tanto su gabinete jurídico como el Consejo Consultivo de Andalucía le habían advertido de su inconstitucionalidad.

Andalucía está a la espera de una comisión bilateral

El Gobierno también le había avisado de que la medida «vulnera las competencias del Estado en materia de legislación laboral y de regulación básica de los derechos y deberes del personal del sector público» y había amagado con la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional, que ya ha tumbado medidas similares en otras comunidades como Castilla- La Mancha.

A pesar de los llamamientos del Gobierno al diálogo y a la negociación previa a la aprobación de la medida, la presidenta decidió desafiar a Rajoy e implantar la nueva semana laboral. Pero la respuesta del Ejecutivo del PP no ha sido la esperada.

El Ministerio de Presidencia y Administraciones Territoriales envió en diciembre una carta a la Junta de Andalucía para iniciar una negociación con el objetivo de "resolver la discrepancia competencial señalada", pero sin llegar a los tribunales. Se decidió entonces constituir la Comisión Bilateral entre ambas administraciones para buscar una solución. Esa decisión tenía una consecuencia: la ampliación legal del plazo para presentar el recurso ante el TC de tres a nueve meses.

El Gobierno andaluz acusa de "indefinición" al Ejecutivo de Rajoy

Esa prórroga está esquilmando las de por sí mermadas cuentas andaluzas, aprobadas con el apoyo de Ciudadanos, aliado parlamentario de Díaz en la comunidad. El Gobierno andaluz no tiene ninguna noticia de la Comisión Bilateral ni del recurso y acusa al Ejecutivo de Rajoy de "indefinición" y de facilitar argumentos en contra de su postura al dejar transcurrir tanto tiempo. Por su parte, el ministerio no da fechas para la reunión ni para el recurso y se limita a recordar que está "en plazo" para presentarlo.

Esta relajación en los tiempos contrasta con la presión ejercida por el Ejecutivo sobre otros gobiernos autonómicos y locales que han decidido recuperar la jornada de 35 horas, después de que el Gobierno la elevara a 37,5 horas dentro de la batería de medidas antidéficit.

Más aún, cuando sigue inmersa en un déficit del 0,44% del PIB, equivalente a unos 661 millones de euros, según los datos disponibles del Ministerio de Hacienda, correspondientes al mes de noviembre.

Recursos en Madrid, País Vasco y Castilla-La Mancha

Hasta la fecha, el Tribunal Constitucional ya ha tumbado, a instancias del Gobierno, la jornada de 35 horas en Castilla-La Mancha, que mantiene un déficit del 0,65% del PIB (algo más de 250 millones de euros en este caso). El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco también ha hecho lo propio en esa comunidad, y en Madrid, la Delegación del Gobierno ha recurrido la vuelta a las 35 horas que aprobó el Ayuntamiento apoyándose en la doctrina del Tribunal Constitucional.

El Gobierno tiene razones para recurrir las 35 horas en Andalucía. En primer lugar por coherencia, puesto que lo ha hecho en otros territorios, pero también porque, en la otra cara de la moneda, no hacerlo podría marcar un precedente.

De ser así, si otras comunidades autónomas decidieran seguir esta estela -Cataluña y La Rioja están de hecho en negociaciones con los sindicatos- el coste presupuestario podría ser difícil de asumir en pleno esfuerzo por reducir el déficit público de las administraciones al 3,1% del PIB este año desde el 4,6% (si es que se cumple) al cierre de 2016.

Además, el PSOE ya ha mostrado su intención de abanderar la recuperación de la jornada de 35 horas para los funcionarios y capitalizar así una de las principales demandas sindicales –como hizo con la subida del salario mínimo al 8%– de un colectivo que aúna a alrededor de tres millones de trabajadores.

214.000 funcionarios más

Concretamente, la eventual restitución de la jornada laboral para todos los empleados públicos del país de 37,5 a 35 horas requeriría la contratación de más de 214.000 funcionarios en todo el Estado para mantener la prestación de servicios y obligaría a destinar a ese fin unos 6.550 millones de euros adicionales, cifra que equivale a un 0,6% del Producto Interior Bruto (PIB) español.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el recurso debería haberse presentado dentro del plazo de tres meses a partir de la publicación de la norma que revierte la jornada de 37,5 horas, que tuvo lugar el pasado 11 de noviembre. Sin embargo, también establece que el plazo se incrementa hasta los nueve meses, "con la finalidad de evitar la interposición del recurso", cuando se convoca la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva comunidad autónoma para abordar posibles soluciones negociadas.

Y el Gobierno central la convocó. De esta forma, el plazo se ha extendido, de facto, hasta el mes de agosto. Lo que vuelve a sorprender es que, a efectos prácticos, la comisión aún no se ha reunido ni una sola vez. Hubo un intento recientemente de reunión entre Presidencia y la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero (PSOE), que finalmente no se materializó.