El Ayuntamiento de Madrid y Emesa, la sociedad constituida por ACS (Dragados), Ferrovial y API Conservación que recibió el encargo de explotar y mantener la M-30 durante 35 años, están en plena guerra judicial. Y no por los encontronazos con el Consistorio desde la llegada de Ahora Madrid al poder municipal -que ha multado a ambas multinacionales hasta dos veces– sino por viejos contratos que datan de la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde: concretamente, se trata de un préstamo subordinado, también denominado producto financiero complejo o swap, suscrito en agosto de 2005 y cancelado en 2011.

Pero es ahora cuando Ferrovial y ACS quieren cobrarlo, según ha sabido este medio. Esta clase de producto financiero o swap ha sido un clásico en los años de la burbuja: seguros utilizados por -por ejemplo- constructoras para financiar grandes proyectos como la M-30 y que de paso les permitiera protegerse del riesgo que estas obras colosales suelen entrañar. Las dos compañías reclaman al Ayuntamiento de Madrid 3,35 millones por cancelar este producto derivado.

Un swap firmado en 2005 lleva a las constructoras a pedir 3,5 millones

Según fuentes municipales, «la ruptura» de la cláusula se produce en 2011 -todavía con Ruiz-Gallardón de alcalde- y se hace efectiva en 2013, con la alcaldía de Ana Botella. La cancelación del derivado no suscitó ninguna reacción en las firmas que componen Emesa. «Ellos dicen que han incurrido en esos gastos de cancelación pero nunca, hasta ahora, han mostrado ningún problema al respecto», explican estas fuentes.

«Ha sido en la aprobación de las cuentas del año pasado cuando empezaron a plantearlo y ahora, tras haber sancionado a Emesa por incumplimientos del contrato, han presentado la demanda».

13,4 millones ya cobrados

El equipo de Manuela Carmena interpreta que la cancelación no fue «voluntaria», sino que la amortización se produjo a raíz de la subrogación de la deuda de la M-30 al ayuntamiento, algo que ocurrió a finales de 2010 tras un acuerdo entre Gallardón y el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La cláusula del ‘swap’ se anuló en 2011 pero ACS y Ferrovial reclaman el importe ahora

«En ese marco hubo una modificación de las condiciones, que conllevaron el pago anticipado a ACS y Ferrovial de 13,4 millones de euros para mantener la rentabilidad del socio privado», razonan en Ahora Madrid. Así lo esgrime la cláusula 6.2 del swap firmado en septiembre de 2005 por las dos partes. La actual Corporación entiende que los madrileños ya han pagado de sobra a Emesa y rechazan un abonar un nuevo tramo de más de tres millones de euros.

La noticia de la demanda de las dos potentes constructoras coincide este martes con una nueva sesión de la Comisión de Investigación que impulsa Ahora Madrid. Se reclamó la presencia del ex vicealcalde de Gallardón, Manuel Cobo, pero éste ha declinado la oferta del ayuntamiento y no ha acudido. En su lugar lo ha hecho el actual concejal Íñigo Henríquez de Luna, así como la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, que participó en el consejo de administración de Calle 30 cuando fue concejala por IU.