Este martes 6 de junio arranca en el Ayuntamiento de Madrid la comisión de investigación de la M-30, la autopista urbana que se amplió y reformó a partir de 2004 para terminar siendo la obra con mayor sobrecoste de cuantas se han hecho en España, un país de por sí abonado a la infraestructura en tiempos de vacas gordas. La historia de la única autopista urbana del país tiene su miga.
¿Qué es la M-30?
Es la única autopista de España que discurre íntegramente dentro de los lindes de una ciudad y que pertenece a un ayuntamiento (esto último desde febrero de 2004). Tiene casi 33 kilómetros y al trozo de urbe que queda dentro del anillo se le denomina a veces Almendra Central.
¿Cuándo se construyó?
La construcción va por rachas, y sus ritmos han dependido de sobrecostes como los que investiga la comisión que arrancará el martes. Aunque ya en la posguerra e incluso antes de la Guerra Civil se habló de crear anillos en torno al núcleo central de Madrid, la M-30 tal y como la conocemos no se empezó a construir hasta 1970. En 1974 se unieron los sectores Este y Oeste por el Sur, conexión que se completó en 1974. Muchas casas estaban pegadas a la autopista capitalina sin vallas separadoras y ocurrieron múltiples atropellos. En 1990 se produjo el cierre de la parte norte, la única que cuenta con semáforos.
¿Y qué pasó a partir de 2004?
Del acelerón que se pegó en las obras los años de apogeo económico proceden los lodos actuales: se creó Calle 30, la sociedad gestora; se dividió la actuación entre cuatro sectores; se contrataron dos de las tuneladoras más potentes del mundo y se empezó a perforar bajo la mirada del entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón hasta completar 43 kilómetros de túneles, la mayor red subterránea de este estilo en Europa. En 2011 se inauguró el último túnel tras años de obras y cabreo de los vecinos afectados por el ruido y polvo: ese mismo año se terminó con éxito Madrid Río, el espacio peatonal sobre el tramo soterrado al oeste de la M-30.
¿Por qué se creó Calle 30?
A finales de 2004 se pasó a una forma de gestión indirecta del servicio de construcción, mantenimiento y conservación de la M-30 con la creación de esta sociedad mixta, de la que el Ayuntamiento es propietario en un 80%. En agosto de 2005 se adjudicó el concurso a favor de Emesa, constituida por Ferrovial, Dragados y API Conservación y concesionaria hasta 2040. Treinta y cinco años de concesión.
¿Cuánto iba a costar la M-30?
Ahí está la madre del cordero: 1.200 millones de euros presupuestados inicialmente, para una cifra que ahora oscila en una categoría imprecisa que va de los 7.000 millones de euros para los más cautos a los 10.000 millones según otras voces. El 26 de marzo de 2007, por ejemplo, se decidió en una reunión de 25 minutos del equipo de Gobierno de Gallardón aprobar un sobrecoste de 1.632 millones de euros, como publicó eldiario.es.
¿Cuál es el coste total?
El edil de Ahora Madrid y de IU Carlos Sánchez Mato, principal impulsor de la comisión de investigación, sitúa el contrato de la M-30 por encima de los 11.000 millones de euros. Eso es lo que costaría la construcción y concesión a Emesa hasta 2040 por el pago de tasas, dividendos y costes de mantenimiento: para ello, se produce una transferencia anual superior a 140 millones de euros. “Solo el modelo de gestión ha costado a las arcas municipales 612 millones entre 2005 y 2016”, reza la documentación que maneja Cibeles. “Si se mantienen las condiciones actuales, hasta 2040 el desembolso rondaría los 2.550 millones”.
¿Y una vez terminada?
Empezó la fiesta. La preocupación por la deuda era normal: la M-30 es la obra con mayores sobrecostes totales nunca vistos en España. Y eso afectaba a las arcas municipales, lo que puso nervioso a Ruiz-Gallardón, que en 2010 le llevó a discutir en público con Zapatero por la negativa del segundo a refinanciar la deuda de la capital. Al final, el presidente socialista permitió al regidor subrogar los por entonces 2.300 millones de euros de deuda, cifra aún baja que subiría en poco tiempo como la espuma.
¿Hubo negligencias?
Está por esclarecer. En octubre de 2012 otra polémica rodeó a la M-30: dos empleados de Emesa murieron por el incendio desatado en una sala auxiliar de un túnel, algo que para la Corporación de Ahora Madrid tuvo que ver con las reiteradas negligencias de la empresa concesionaria que integran ACS y Ferrovial. En el incendio murió el entonces jefe de mantenimiento de Emesa. El informe policial reveló que los bomberos pidieron a los trabajadores de Emesa que no accedieran al lugar siniestrado y que éstos desoyeron esas órdenes.
Además, hay sospechas de que se presupuestaron partidas que luego se descartaron o abandonaron: por ejemplo, un panel de mensaje variable y luminoso en el sentido sur de la autopista urbana, dirección Valencia, costó 63,5 millones y ahora no aparece por ningún lado. O un ventilador enorme que salió por 200.000 euros y que tampoco está donde debería.
¿Cómo se llega a la comisión de investigación?
Hay dos razones poderosas: el cambio de Gobierno del PP a Ahora Madrid tras 24 años de Gobiernos populares y el informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas de 2012 y 2013 publicado en enero de este año. El organismo identifica la ausencia de estudios técnicos, jurídicos y de viabilidad económica, el cobro excesivo de intereses de la empresa privada Emesa y también “diferencias importantes” entre los costes reales y los facturados al Ayuntamiento.
Esas razones, el sobrecoste y la negligencia contractual han llevado a Cibeles a disponer en la web toda la documentación de la investigación.
¿Cómo está ahora la situación?
Hay ponentes que rechazan directamente comparecer, caso de Manolo Cobo, ex vicealcalde. Se pretende convocar a 43 personas, pero no todas irán. Entre ellos, aparece Ruiz-Gallardón, pero también la actual concejala de Movilidad Inés Sabanés, que fue miembro del consejo de administración en su etapa en IU. También a Juan Alfaro, actual presidente de Renfe.
En cuanto a la situación entre Emesa y el Ayuntamiento de Madrid, es obvio que el ambiente es tenso: Carmena acaba de multar este sábado por segunda vez en tres semanas a ACS y Ferrovial por negligencias contractuales. Las multas de momento no son astronómicas (el total asciende a poco más de un millón de euros), pero sí suponen toda una declaración de intenciones.
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