Una amenaza se cierne sobre Cataluña. La sombra de una rebaja masiva de rating por parte de las agencias de calificación sobrevuela la región desde hace semanas.

La advertencia lanzada por el Gobierno español de que podría llegar a congelar su apoyo a las finanzas de la Generalitat si detecta que se desvían fondos públicos a la organización del referéndum independentista programado para el próximo 1 de octubre, ha puesto en alerta a las instituciones encargadas de valorar la capacidad de pago de Cataluña, que llevan tiempo resaltando que una medida de este tipo sería la señal para un recorte de la nota que otorgan a la región.

Fitch ha sido la última en referirse a esta cuestión. En un informe publicado el pasado 7 de julio, la agencia indicaba que «continuará monitorizando la evolución de Cataluña, en particular el potencial referéndum sobre la independencia, y tomará medidas de calificación negativas si, como resultado, se debilita el apoyo de liquidez estatal».

Avisos semejantes han lanzado también Moody’s y S&P, que en sus más recientes informes han venido justificando la nota que otorgan a la deuda catalana en la confianza en que se mantendría el apoyo financiero del Gobierno central.

Pero ni siquiera esta confianza impide que Cataluña cuente con la calificación más baja entre las autonomías españolas que cubren estas agencias. Las tres le otorgan una calificación considerada como bono basura y la situación podría empeorar de forma notoria si se congelara el acceso de la región al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El apoyo estatal eleva en cuatro escalones el rating que da Moody’s a Cataluña

Moody’s es la agencia más explícita sobre lo que esta situación podría representar para la calificación de la deuda catalana. Según el último informe firmado por Marisol Blázquez, analista de la firma, el apoyo financiero del Gobierno central implica en la nota que otorga a Cataluña cuatro escalones por encima de los que se derivarían de la evaluación independiente de su deuda.

Esto significa que en lugar del actual Ba3 con el que califica a la región presidida por Carles Puigdemont, sin el respaldo estatal la nota que Moody’s pondría a Cataluña sería de Caa1, un nivel reservado para emisores sujetos a un muy elevado riesgo crediticio. Sólo países como Grecia, Cuba y Venezuela merecerían una calificación inferior a juicio de la agencia.

S&P y Fitch ofrecen menos pistas sobre lo que representa el apoyo financiero del Gobierno español en la nota que dan a Cataluña, pero ambas dejan claro que de cerrarse éste rebajarían el rating catalán en al menos un escalón, que se situaría en B y BB-, respectivamente.

De confirmarse estas modificaciones, la calificación de Cataluña se situaría para las tres grandes agencias al nivel o, incluso, por debajo de la de países como Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Georgia, República Dominicana o Vietnam.

Y sólo con que Fitch, la que otorga una mejor nota a la región, anunciara un recorte de dos escalones (dejándolo en B+), Nigeria, Rwanda y Uganda, entre otros, contarían también con una mejor calificación crediticia.

Dependencia del apoyo estatal

Todos estas referencias son suficientemente elocuentes de las dificultades a las que se enfrentaría Cataluña para financiarse en los mercados si se quedara sin el respaldo del Gobierno central y se explica por la dependencia que tienen las finanzas catalanas del apoyo estatal. «Dada la dependencia de Cataluña del apoyo financiero del gobierno central, el conflicto político en curso de la región con el Estado español sigue siendo un riesgo para la solvencia de la región», indican en S&P.

Desde que el Gobierno puso en marcha a partir de 2012 distintos mecanismos para apoyar las finanzas de las comunidades autónomas, Cataluña ha sido la región que más se ha beneficiado de estos fondos, al recibir alrededor de 60.000 millones de euros.

La región ha podido, de este modo, obtener financiación a costes reducidos, a pesar de su débil posición financiera, con una deuda tributaria que ronda el 300%, resaltada de forma frecuente por las agencias de ráting.

S&P señalaba el pasado noviembre que la nota que otorga a Cataluña tiene en cuenta «la gestión financiera de la región, que consideramos como muy débil, así como el muy débil desempeño presupuestario de la región y la muy alta carga de la deuda, con pasivos contingentes moderados. La calificación de Cataluña también refleja nuestra opinión de que su flexibilidad presupuestaria es débil y su liquidez es insuficiente».

Sin el sustento financiero del Estado, Cataluña se enfrentaría a mayores costes de deuda

En estas condiciones, los expertos no dudan de que el coste de financiación de Cataluña, sin el respaldo estatal se iría muy por encima de los niveles actuales. A modo de ejemplo, países como Pakistán o Uganda, que tendrían un rating similar al de una Cataluña sin respaldo estatal, se financian a tipos superiores al 8% a diez años.

No en vano, los intereses de la deuda catalana se han elevado en las últimas semanas en el mercado secundario, reflejando la creciente preocupación de los inversores por el escenario político, según resalta JPMorgan en un informe.

Es cierto que Cataluña cuenta a su favor con una economía que crece de forma saludable en los últimos años, por encima de la media estatal, y que, a priori, debe favorecer un incremento de los ingresos y, por ende, una reducción de la carga de la deuda. Pero existe el riesgo de que las convulsiones generadas por el enfrentamiento con el Estado, y entre ellas el incremento de los costes de financiación, acaben ajando la salud económica de la región.

En cualquier caso, las agencias de rating se han mostrado hasta la fecha convencidas de que el Gobierno de España seguirá apoyando las finanzas catalanas. «Asignamos una alta probabilidad de apoyo extraordinario del Gobierno central, lo que refleja nuestra valoración del riesgo para la reputación del Gobierno español si Cataluña incumple sus pagos», observan en Moody’s, donde también indican que «el papel de la región en la provisión de servicios esenciales como la sanidad y la educación, junto con su presencia en los mercados de capitales, son incentivos adicionales para que el Gobierno central proporcione apoyo si es necesario».

Precisamente, ésta es la visión que defendía recientemente la Generalitat de Cataluña, al advertir al Gobierno de que si «corta el grifo» de la financiación se verá afectado por ser «el responsable». Sin embargo, el Ejecutivo parece ya decidido a tomar medidas tajantes para bloquear el desafío secesionista y la idea de congelar el respaldo financiero aparece ya como una opción nada descabellada.