Atentos a lo que pueda pasar este agosto en Cataluña, el Ejecutivo se prepara para un escenario «más físico que jurídico», esto es, la aplicación de medidas coercitivas, según admiten fuentes gubernamentales. Moncloa comienza a asumir que se ha llegado a un punto de no retorno por el cual la Generalitat «quiere poner las urnas de verdad» el 1 de octubre próximo a pesar de las reiteradas decisiones del Tribunal Constitucional en contra.

El sector duro del independentismo, una vez apartados los tibios, «desea que se convoque y se celebre esa consulta». En definitiva, «llegar hasta el final» en su desafío al Estado, cumpliéndose la peor de las previsiones que había hecho el Gobierno central y sin posibilidades de una salida política, al menos antes del 1-O, una vez que el referéndum ilegal es innegociable para el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Otra cosa es que el Ejecutivo siga explorando todas las vías judiciales posibles con su política de recursos ante el Constitucional, como muy probablemente hará en cuanto la mesa del Parlament acepte tramitar la llamada «ley del referéndum«, previsiblemente a mediados de agosto, lo que obligaría, como adelanto El Independiente, a reunir a los ministros a los que se les ha pedido que este verano no se vayan lejos.

La Fiscalía y los jueces ordinarios «tendrán que dar órdenes a las FSE para cerrar colegios y precintar urnas»

Moncloa no desdeña  la fuerza de la disuasión judicial en los escalones intermedios de la administración catalana, eso es, esos funcionarios para los que la desobediencia tenga efectos inmediatos reales, sean Mossos, directores de colegios públicos, interventores de las consejerías de la Generalitat que se lo pueden pensar antes de firmar cualquier partida presupuestaria que esté dirigida a costear la consulta o letrados del Parlament. Pero entre medias están, por ejemplo, los convencidos que pueden abrir locales municipales para ponerlos al servicio del referéndum, tal y como se han comprometido a hacer los alcaldes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) donde se incluye alguna localidad gobernada por el PSC.

En definitiva, que al lado de las proclamas de que «la consulta no se va a celebrar», admiten en el Ejecutivo que tanto la Fiscalía como los jueces ordinarios de Cataluña -que ejercerán la tutela de los Mossos que, como policía judicial, quedarán bajo su mando– muy probablemente «tendrán que intervenir y dar órdenes a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que cierre algunos ‘colegios electores’ o precinten y se lleven las urnas», que hoy por hoy mantiene ocultas el gobierno autonómico.

Cualquier decisión coercitiva «se valorará con criterios técnicos y con raciocinio»

Llegado ese escenario de aplicación de medidas coercitivas, es posible que prefieran que sea un miembro de la policía autonómica el que intervenga mejor que un agente nacional o guardia civil aún a sabiendas de que la potentísima maquinaria propagandista de la Generalitat «lo elevará a la misma categoría que si hubiéramos mandado los tanques a la Diagonal». Cualquier decisión coercitiva «se valorará con criterios técnicos y con raciocinio» y quizá lo más tranquilizador para el Gobierno es que esas medidas no las tiene que aplicar directamente el Ejecutivo, sino la Justicia, salvo si se trata de presentar un nuevo recurso de inconstitucionalidad ante el TC, apuntan los medios consultados.

También los socialistas asumen que el 1 de octubre puede haber urnas en Cataluña pero que estaremos, en todo caso, ante un proceso «sin garantías democráticas» que no generará consecuencias políticas y sí «frustración», en palabras de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. En declaraciones a la SER ha rebajado a la calidad de «recuento» lo que pueda producirse el 1-O al tiempo que ha pedido a los catalanes no independentistas que no legitiman este proceso. Precisamente, la ANC presentará este jueves la Campanya del sí en la que participarán entidades y partidos soberanistas para defender conjuntamente el «sí» en el referéndum ilegal secesionista.

El Gobierno «no descarta» el 155 «pero tampoco adelantaremos en qué momento se usa»

El de la Generalitat va camino de convertirse en un gobierno en rebeldía ante la estupefacción de no pocos de los suyos a los que se está señalando como desafectos. Lo último ha sido la delación, propia de los regímenes totalitarios, que ha hecho el diputado en el Parlament de Junts Pel Sí Carles Prats, al pedir a través de un comunicado el cese del director general de Atención a la Familia y Comunidad Educativa de la Consejería de Enseñanza, Martí Barberà, por «su acérrimo independentismo».

El presidente del Gobierno, de vacaciones en Galicia, ha insistido en que no habrá referéndum bajo el argumento de que en España «rige la ley y el Estado de derecho y no puede un gobernante jactarse de que va a incumplir la ley». Mariano Rajoy asegura que trabajan sobre la base de que es imposible la consulta, aunque la realidad es que su Gobierno contempla que Carles Puigdemont y los suyos «intenten ir hasta el final».

El artículo 155

Pendiente queda el debate en torno al uso del artículo 155 de la Constitución, que permite asumir temporalmente competencias de aquellas Comunidades que atenten contra el interés general. Desde el Ejecutivo apuntan que «nunca vamos a descartar en absoluto su uso» pero, del mismo modo, objetan que «tampoco vamos a adelantar en qué momento se usa. Si es la mejor vía para corregir la actual situación, se usará».

El secreto está contenido en una serie de carpetas depositadas sobre la mesa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría encargada de coordinar la respuesta al desafío catalán y que ya ha debido apartar las que contemplaban la respuesta al escenario «más pacífico», esto es, que los dirigentes políticos de la Generalitat hubieran respetado la ley.