Por mucha escenificación y acto colegiado que se precie, la proposición de ley que supuestamente da cobertura al referéndum ilegal del 1 de octubre es, ahora mismo, un hecho político sin trascendencia jurídica. Su mera presentación ante el registro de la Cámara catalana no vulnera ninguna norma. Será cuando pase por la mesa del Parlament para ser tramitado, el momento en que se puede actuar contra ella, según explican fuentes gubernamentales.

El registro de las Cámaras «lo aguanta todo. Otra cosa es que la mesa lo admita a trámite y fije fecha para su debate»,  agregan los mismos medios consultados advirtiendo de que no se dejará de contestar a ni un sólo paso que den los secesionistas amparados, en muy buena medida, por el mes de agosto para ir avanzando hacia la pretendida consulta del 1 de octubre y la gestión de la independencia en su caso.

La mesa del Parlamento catalán no se reunirá, como pronto, hasta el día 16

El Tribunal Constitucional, la Abogacía del Estado y el propio Ejecutivo van a estar pendientes todo agosto de los acontecimientos, aunque no es previsible que la mesa del Parlamento catalán se reúna antes del día 15 ni que haya, por tanto, ningún recurso hasta entonces. Eso no obsta para que los servicios jurídicos de Moncloa, dependientes de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con quienes se reúne todas las semanas, estudien cada una de las medidas que adopta el gobierno independentista de Cataluña.

Una representación de los diputados de Junts pel Sí y la CUP presentaron este lunes ante el registro del Parlament la proposición de la Ley del Referéndum de Autodeterminación. Lo han hecho el último día hábil antes de las vacaciones parlamentarias, que cierra periodo de sesiones hasta el 16, fecha a partir de la cual pretende ir acelerando los preparativos de la Diada del 11 de septiembre y del referéndum. De momento, ya han sacado adelante la reforma del Reglamento del Parlament para posibilitar una tramitación exprés de la «ley de desconexión», reforma ahora suspendida tras el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno, al que se une el recurso registrado también por los Grupos Parlamentarios de Ciudadanos y el PP en el Cámara autonómica.

Forcadell vuelve a estar en el ojo del huracán si tramita la ley independentista del referéndum

La aceptación por parte del TC del recurso del Gobierno supone la suspensión de la reforma del Reglamento, por lo que la pretensión declarada ayer por los diputados independentistas de tramitar su ley del referéndum por la vía de urgencia extraordinaria en lectura única no sería posible aún en el caso de que el alto tribunal no actuara contra la misma ley por entender que vulnera su propia sentencia, que prohíbe de celebración de la consulta. Sin la reforma exprés, es poco menos imposible que a la Generalitat le salgan las cuentas para que el 1-O tenga supuesta «cobertura legal».

Los diputados independentistas han querido ofrecer una imagen de unidad yendo de la mano al registro parlamentario y firmando todos el proyecto de ley. Se trata de de LLuís Corominas, del PDECat; de Marta Rovira y Jordi Orobitg, de ERC, y de Gabriela Serra y Benet Salellas por parte de la CUP. Pero sería la mesa del Parlamento, con su presidenta al frente, Carme Forcadell, la que incurriría en posible responsabilidad penal si la admite a trámite para que se debata y vote en plenario. Ya actuó con la mesa del Parlament el pasado mes de febrero por permitir la votación de una serie de resoluciones que abrían la puerta a la consulta ilegal del 1 de octubre. En su caso, las responsabilidades se extendieron a los otros cuatro parlamentarios secesionisas que también se sientan en la mesa, esto es, el vicepresidente primero, Corominas, y los secretarios Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet.