Las empresas con sede en Cataluña ya tienen una vía exprés para hacer las maletas e instalar su sede social en otra región. El canal lo ha establecido este viernes el Consejo de Ministros, insertado en un decreto-ley y elaborado “a petición de las empresas”, según ha reconocido el propio Gobierno. “La modificación ha sido consultada con las organizaciones empresariales y consensuada con PSOE y Ciudadanos”, ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El gran objetivo es lograr que una hipotética declaración de independencia no deje encerradas a las entidades financieras en un corralito y al resto de empresas perdidas en un limbo jurídico. ¿Cuál es la novedad legal para los empresarios catalanes?

Según el texto refrendado por el Consejo de Ministros, cualquier compañía puede cambiar de domicilio social sólo con solicitarlo, sin necesidad de contar con la aprobación de la Junta de Accionistas. Incluso en el caso de que sus estatutos impongan someterla a la votación de ésta.

Entrada en vigor inmediata

Según ha precisado Guindos, las medidas incluidas en el real decreto serán publicadas este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrarán inmediatamente en vigor. Y de ellas podrán beneficiarse todas las compañías con la sede domiciliada en España, con independencia de la procedencia de su capital. Este hecho abre la puerta, por tanto, a las multinacionales extranjeras afincadas en Cataluña que deseen llevarse la sede fuera de la región.

En 2015, cuando el pulso soberanista empezaba a cobrar fuerza, el Gobierno ya habilitó una vía que permitía mover la sede social sin el permiso de la junta. Bastaba con el beneplácito del consejo de administración. Pero había una pega. Si los estatutos exigían votarlo en junta, la empresa no tenía más remedio que convocarla, con los trámites que ello implica.

En un escenario de máxima tensión, con una Declaración Unilateral de Independencia (DIU) amenazando en el horizonte, el gabinete de Mariano Rajoy ha considerado que era necesario facilitar el camino a las empresas. El Gobierno se anticipa así a un posible escenario de ruptura, pero, sobre todo, responde a la preocupación de los muchos banqueros y empresarios que habían manifestado su pánico ante el cariz que estaban adoptando los acontecimientos.

Fuga de empresas

De hecho, ya hay compañías con que han decidido mudar su sede social (Sabadell, Oryzon o Dogi) y otras ya han comunicado a sus accionistas que lo están sopesando (Gas Natural, Freixenet o Service Point).

“Es muy triste que estemos viendo la salida de empresas de Cataluña. Pero no es culpa de los empresarios. Las políticas irresponsables generan actuaciones por parte de los agentes económicos. La Generalitat ha generado incertidumbre e inquietud, y eso es lo peor para el mundo empresarial”, ha explicado el ministro de Economía.

Pero la vía exprés que abre el Gobierno interesa, sobre todo, a CaixaBank. La entidad que lidera Jordi Güal sí está condicionada por sus propios estatutos, que exigen someter a la Junta la decisión del cambio de sede. “El domicilio social podrá trasladarse a otro lugar dentro del mismo término municipal por acuerdo del Consejo de Administración. Para proceder a su traslado a un término municipal distinto se precisará el acuerdo de la Junta General de Accionistas”, señalan sus estatutos.

El papel de La Caixa

La Fundación Bancaria La Caixa no sólo controla al mayor banco por activos del mercado español (CaixaBank); también inyecta financiación a buena parte del tejido empresarial Cataluña; y, además, dirige la Obra Social más potente del país (sólo en iniciativas sociales maneja un presupuesto de casi 20 millones de euros).

Dejar a La Caixa en una situación de incertidumbre jurídica era demasiado peligroso. Esa certeza, y las conversaciones que el banco catalán ha mantenido con el Gobierno, ha estado detrás de la reforma normativa impulsada este viernes.