ACS y Ferrovial, encargadas de explotar, conservar y mantener la M-30 madrileña a través de la empresa Emesa, se querellaron en julio contra el Ayuntamiento de Madrid -propietario de la autopista circular, la única dentro de los límites de una ciudad española-. La razón: las multas que les ha impuesto el Consistorio desde la llegada de Ahora Madrid por «incumplimientos contractuales».

Y aunque la cantidad con la que ambas han sido sancionadas -un millón de euros- parece calderilla comparados con los 9.400 millones que costó la autopista urbana, incluidos sus espectaculares sobrecostes, para Emesa las sanciones son «completamente injustificadas, relativas a un contrato cuya ejecución en 12 años nunca se ha cuestionado». La respuesta del equipo de Gobierno llega a través de un durísimo escrito dirigido por Calle 30 (la sociedad que gestiona la M-30, participada en un 80% por el Ayuntamiento y un 20% por Emesa) al Juzgado de lo Mercantil Número Seis de Madrid. Ahora Madrid llega a imputar a ACS (Dragados) y Ferrovial recurrir a «cortinas de humo» para no asumir las multas.

La premisa de que esto es una decisión arbitraria del Ayuntamiento es rotundamente falsa»

«Calle 30 ha impuesto a EMESA las tres penalidades a las que se refiere el escrito de demanda en estricta y recta aplicación del contrato suscrito entre ambas sociedades», arranca el documento municipal. «La premisa de la que parten los demandantes, que consiste en pretender que las penalidades obedecen a una decisión arbitraria de Madrid Calle 30 adoptada por motivos políticos y que no obedecen a incumplimientos contractuales reales imputables a Emesa, es rotundamente falsa».

Para ACS y Ferrovial, «el contrato se había venido cumpliendo pacíficamente durante más de 10 años, desde 2005». «Los supuestos incumplimientos», indican, «no se detectaron en las auditorías periódicas independientes». El Consistorio sin embargo contesta que «el mero transcurso del tiempo no puede dar carta de naturaleza al palmario y continuado incumplimiento por parte de Emesa de sus obligaciones contractuales».

ACS y Ferrovial se refieren a «Ahora Madrid-Podemos» y apuntan a que sus multas responden a una «visión política»

Ambas constructoras se refieren a la coalición municipal como «Ahora Madrid-Podemos». «La voluntad de los siete consejeros es terminar de cualquier forma con el contrato y al margen de los sistemas de control», insiste Emesa. «Están disconformes con un modelo de prestación del servicio a través de una sociedad mixta. Los tres acuerdos [multas]», achacan ambas firmas, «son lesivos para el interés social, son abusivos e infringen la ley y responden, en definitiva, a una determinada visión política».

Pero Calle 30 niega la mayor: «No es cierto que exista una voluntad política encaminada a terminar con el contrato suscrito entre Madrid Calle 30 y Emesa a toda costa. Esta supuesta voluntad política es un mero pretexto bajo el que los demandantes enmascaran el incumplimiento de las obligaciones». Además, prosigue el Ayuntamiento, «la premisa de que al penalizar a Emesa Calle 30 está lesionando sus propios derechos e intereses por autoinculparse resulta sencillamente absurda». «¿Quieren decir los demandantes que, con el pretexto de no autoinculparse, Calle 30 debe consentir que Emesa ejecute el contrato sin poder reclamar el cumplimiento riguroso y ordenado del mismo ni reclamar que cumpla adecuadamente sus obligaciones contractuales?», se pregunta el Consistorio.

¿Qué tiene que ver la  política con que Emesa no mantenga los apoyos de neopreno del túnel del bypass

El equipo de Gobierno se recrea en dichos incumplimientos ante el Juzgado de lo Mercantil. «Emesa», insiste el escrito, «no ha mantenido los apoyos de neopreno de los túneles del bypass en ningún momento desde la firma del contrato» (…), «no ha instalado ni mantenido la red Wifi hasta el momento, como lo acredita el hecho de que la citada red no existe a día de hoy en la M-30» (…) ni tampoco ha instalado ni mantenido la red PDH hasta el momento». Y de ahí las sanciones que ascienden a un millón de euros.

«¿Qué tiene que ver la supuesta cuestión política del modelo con que Emesa no haya mantenido los apoyos de neopreno de los túneles del bypass?», continúa interrogándose el texto de Cibeles. Por todo ello, Calle 30 califica el proceso sancionador de «garantista y respetuoso con los derechos de Emesa».

«La demanda trata de convertir la cuestión litigiosa en un debate de orden político, yéndose por las ramas de la supuesta opinión política del grupo que conforma el gobierno municipal de Madrid, cuestión que es ajena por completo», se lee más adelante en la misiva del equipo de Manuela Carmena. «Entendemos que esto es un intento de evitar descender al terreno concreto que nos debería ocupar, que es si el acuerdo por el que se impusieron a Emesa tres penalidades es conforme a Derecho, o no».

El relato de Emesa no es más que una cortina de humo o chorro de tinta de calamar»

«En este sentido», zanja el Ayuntamiento, «todo el relato de Emesa no es más que una cortina de humo o chorro de tinta de calamar tras la que los demandantes tratan de disfrazar que Calle 30, al penalizar a Emesa, no ha hecho otra cosa que aplicar rectamente el contrato suscrito entre ambas partes».

El documento municipal abunda todo el rato en el estricto cumplimiento de la legalidad contractual. «Es rotundamente falso que el acuerdo de imposición de penalidades se adoptase sin información ni deliberación», también se dice. «Calle 30 no se ha inventado un procedimiento, sino que ha aplicado la cláusula de penalidades establecida en el contrato».