El Gobierno ha activado este sábado el artículo 155 de la Constitución con una batería de medidas que, a la espera de lo que finalmente apruebe el Senado, incluye el cese del vicepresidente de la Generalitat y máximo responsable económico de Cataluña, Oriol Junqueras. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha indicado que ahora habrá que decidir que «órgano o autoridad» existente o de nueva creación toma las riendas, aunque ha avanzado que podría encargarse uno de sus ministros.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros extraordinario, Rajoy ha hecho hincapié en que esta medida, como el resto, persigue, entre otras cosas, «continuar con la recuperación», ante el grave deterioro económico que ya se percibe en Cataluña, con el traslado de sede de más de 1.000 empresas, una disminución de los pedidos de automóviles y de ventas en grandes superficies o la fuga de depósitos. «Eso es la vida de la gente», ha asegurado.

Rajoy justifica la medida para «continuar con la recuperación»

¿Pero cuál es el alcance real de la medida? Es difícil de saber de momento. El presidente del Gobierno sostiene que «se cesa a las personas (a la cúpula del Govern), pero no se acaba con el autogobierno». Sin embargo, expertos fiscales y fuentes parlamentarias cercanas a las negociaciones de los últimos días para delimitar el perímetro de la aplicación del 155 indican que el Gobierno se convierte de facto en el gestor del presupuesto catalán.

¿Cuáles son los efectos?

Desde que el Gobierno empezó a controlar los pagos de la Generalitat de Cataluña para evitar que ni un solo euro se destinara a financiar el referéndum del 1-O, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha escatimado en acotaciones, tanto en sede parlamentaria como en las distancias cortas con la prensa, para dejar claro que una cosa era controlar y otra intervenir las cuentas de la región.

Ahora la cosa cambia, el Gobierno pasa de ser un inspector a directamente el cajero de Cataluña, como señala una de las fuentes consultadas. Dicho de otro modo, hasta ahora el Gobierno central supervisaba, pero si consigue el visto bueno de la Cámara Alta también podría decidir, en algunos casos, en qué gastar el dinero.

Previsiblemente, el grueso del Presupuesto de este año se seguiría ejecutando y, puesto que se convocarían elecciones anticipadas en Cataluña, también es de esperar que se prorroguen en tanto no exista un nuevo Gobierno autonómico que elabore las de 2018.

Una primera consecuencia lógica es que el Gobierno, siendo el gestor de las cuentas públicas, podría revocar el acuerdo de no disponibilidad de gasto, aprobado unilateralmente el 20 de septiembre, por el que se limitaban los desembolsos destinados a servicios no esenciales hasta el final de año para evitar que ese fuera otro coladero para financiar el 1-O. De hecho, la aplicación del 155 persigue, en palabras de Rajoy, «volver a la legalidad» y «regenerar la normalidad».

En aquel momento el Gobierno central ya había tomado el control de las cuentas de la Generalitat para empezar a pagar directamente a los proveedores una vez supervisadas las facturas. El acuerdo lo que hacía era limitar mayores gastos. Pero, Hacienda habría la puerta a, de manera excepcional y a petición del interventor general de la Generalitat, autorizar la revocación parcial de dicho acuerdo de no disponibilidad si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad para realizar un determinado gasto.

El Gobierno podría decidir en qué gastar parte del presupuesto

Si el Ejecutivo se convierte directamente en el interventor, se podría dar por hecha la normalidad y abrir la mano a la no disponibilidad de gastos, permitiendo mayor número de operaciones.

¿Habrá intervención real en las decisiones de gasto?

Sin embargo, en tanto que este cambio podría ir aparejado de la sustitución no solo de Junqueras, si no de parte del organigrama del equipo de Economía y Hacienda del Govern, algunas fuentes consultadas creen que, por ello, ciertas partidas de gasto de la Generalitat, legales puesto que forman parte de un Presupuesto aprobado por el Parlament legítimamente, podrían manejarse  ahora, en lugar de para fomentar la cultura catalana, para otros fines.

En el acuerdo del Consejo de Ministros de este viernes, el Gobierno indica que los planteamientos del proceso soberanista «han relegado a un papel marginal las necesidades más básicas de los ciudadanos catalanes, convirtiendo en la prioridad de la agenda política los requisitos del proceso».

Pues bien, una mayor disponibilidad de gasto abriría la puerta, por ejemplo, a la oferta de nuevas subvenciones competitivas y a contratos menores. En el caso de las primeras, sería el Gobierno central el que ahora podría establecer los criterios de adjudicación que considerase, mientras que en los contratos menores, que no requieren por su naturaleza la salida a concurso, también podrían adjudicarse con un interés diferente al de la Generalitat.

Manejo también de los ingresos tributarios

Con el mismo sentido, el acuerdo del Gobierno le faculta, en caso de aprobarse en el Senado, a ejercer las competencias necesarias, también en materia financiera y tributaria, para que los ingresos de la Generalitat se repartan de manera efectiva en beneficio del interés general.

De esta forma, la aplicación de artículo 155 supondrá un control total, no solo del presupuesto asignado, sino también de los ingresos, tanto correspondientes a impuestos nacionales como el de Sociedades como las tasas y tributos propios, que hasta ahora no se había supervisado y que se ingresan en las cuentas restringidas de la Generalitat.

Por último,

¿Quién dará las órdenes?

La idea es “no entrar como un elefante en una cacharrería”, aseguran fuentes parlamentarias, que señalan que las posibilidades son muy variadas; desde la opción de dar entrada a escena a un ministro que no fuera el propio Montoro, para evitar mayores hostilidades, como podría ser la actual ministra de Sanidad, la catalana Dolors Montserrat, hasta situar a un experto de perfil técnico, postura que defienden PSOE y Ciudadanos.