La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se ha propuesto poner freno al aluvión de sentencias con las que los tribunales están tumbando algunas de sus sanciones a empresas. A la espera de que la futura reforma de la Ley de Defensa de la Competencia –que ahora cumple diez años- le dé nuevas herramientas en este sentido, el supervisor ya ha empezado a rearmarse para hacer valer su criterio ante los tribunales.

Según ha desvelado el presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, en la Jornada Anual de la Competencia, el organismo ha lanzado ya un plan de actuación para hacer frente a los rapapolvos judiciales. El supervisor pretende seguir interponiendo recursos contra las sentencias (según sus datos, más del 85% de los casos revisados por el Tribunal Supremo en los dos últimos años confirma el fondo de sus resoluciones), pero también se dispone a “reforzar la solidez jurídica y económica” de sus resoluciones para facilitar su revisión por parte de los jueces.

«No dejaremos de defender nuestra independencia del poder político, lo que tiene unos costes muy significativos»

Para ello, la CNMC dotará de más recursos a su departamento de Asesoría Jurídica a las unidades que realizan la instrucción de sus investigaciones, se dará más importancia al análisis económicos de los expedientes y se reforzará la investigación de oficio, incluyendo la detección de conductas ilícitas a través de big data. “Mi intención es reforzar esta labor de investigación de oficio con la creación, en cuanto sea posible, de una unidad de inteligencia económica con el objetivo de utilizar herramientas estadísticas para la detección de posibles conductas colusorias”.

En paralelo, según ha detallado Marín Quemada, el organismo reforzar la coordinación con la Abogacía del Estado en los procedimientos judiciales, con la participación de más personal de la CNMC en la redacción de los recursos ante la Audiencia y el Supremo “para apoyar nuestros casos con argumentos de carácter más técnico”.

Nuevo sistema para fijar las multas

La CNMC es consciente que uno de los puntos débiles en su batalla con las empresas en los tribunales está siendo la propia fijación de las sanciones y de su cuantía. En este sentido, el supervisor ha revisado el sistema de fijación de multas para adaptarlo a nuevas exigencias legales y a la jurisprudencia del Supremo y se prepara un listado de indicacines provisionales para determinar las sanciones.

Además, la Dirección de Competencia ha empezadeo a incluir en sus propuestas de resolución una propuesta de multa, no la multa directamente. Con ello, la empresa imputada dispone de un trámite de alegaciones sobre la sanción ante el propio organismo, evitando que el debate en torno a las multas se plantee para cada expediente por primera vez ante la Audiencia Nacional.

“En cualquier caso, es nuestro compromiso asegurar que las multas son suficientemente disuasorias”, ha sentenciado Marín Quemada, que, no obstante, siempre se ha mostrado convencido de que para muchas compañías resulta más disuasoria la mala imagen que les genera una sanción que el castigo económico de la propia multa.

Marín Quemada ha apuntado, además, que la solución para algunos de los retos a los que se enfrenta la CNMC no está directamente en su mano, subrayando el caso de su “independencia del poder político”. “No dejaremos de defender lo que opinamos al respecto, pero debo decirles que este empeño tiene unos costes muy significativos”, ha subrayado. El Gobierno se dispone a segregar la CNMC en dos organismos separados, uno que se encargará en la supervisión de los sectores regulados y otro de las labores de competencia.

Meses de calvario judicial

Sólo en los últimos dos meses, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo –sobre todo la primera- han emitido una treintena de sentencias que anulan sanciones de las CNMC, obligan al organismo a revisarlas o que suspenden la ejecución de las resoluciones. En la mayoría de los casos el tribunal corrige las resoluciones por fallos de forma y sin entrar a valorar si las conductas de las compañías sancionadas fueron ilícitas, aunque en otras sentencias sí que se pone en cuestión las evidencias a las que se agarró la CNMC para imponer las multas.

Desde su creación, a finales de 2013, la CNMC ha impuesto casi 280 sanciones a empresas por un importe conjunto de más de 900 millones de euros. Desde entonces, el organismo sólo ha conseguido cobrar apenas el 3% de esa cantidad, con 29,8 millones de euros, según las cifras del propio supervisor.

La CNMC justifica la ínfima proporción de sanciones cobradas en que las compañías recurren el pago de manera sistemática (entre el 80 y el 90% de las resoluciones acaba en la Audiencia Nacional) y que todo el proceso judicial de recursos y contrarrecursos, hasta llegar a una decisión definitiva, puede durar entre ocho y diez años.