El choque entre el Gobierno e Iberdrola por el cierre de las centrales de carbón se enquista cada vez más. Y la reunión del ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, en la sede ministerial sólo ha servido para tensar aún más la situación.

Iberdrola mantiene su plan de cerrar las dos últimas centrales de carbón que tiene operativas, las de Velilla (Palencia) y Lada (Asturias). El presidente de la compañía ha confirmado al Gobierno su intención de clausurarlas en 2020. No cerrar inmediatamente, pero cerrar.

Iberdrola, además, sigue negándose a vender a otra compañía las centrales como exige el Gobierno. Así lo ha relatado el ministro Nadal tras el encuentro en una rueda de prensa conjunta con los presidentes de Asturias, Javier Fernández, y de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que también estuvieron presentes en la reunión.

Una rueda de prensa, por cierto, a la que no estaba invitado el presidente de Iberdrola. “La empresa puede tener la estrategia de comunicación que considere. Pero en la sede del Ministerio sólo intervienen las Administraciones Públicas”, ha sentenciado Nadal, dando una idea de lo poco distendida que había sido la reunión.

¿Cerrar siendo rentables?

Iberdrola se ha marcado como estrategia empresarial echar el cierre a todas sus instalaciones de generación con emisiones, y en los últimos años ha ido clausurando todas sus centrales de carbón en Europa hasta mantener sólo operativas Velilla y Lada. El ministro de Energía ha afeado directamente a Galán querer cerrar las dos últimas plantas españolas “sólo por imagen de empresa” y a pesar de que, según la impresión del propio Ministerio, siguen siendo rentables.

“Una cosa es que una empresa no quiera tener una central por imagen y otra que haya que cerrarla”, dice Nadal

Nadal ha ido a la reunión con cifras concretas sobre la actividad de ambas centrales. Según los datos que maneja el Ministerio, las dos plantas han ofrecido su electricidad en el mercado mayorista a un precio inferior al que finalmente han acabado recibiendo (el mercado eléctrico es marginalista, así que la última oferta que entra en el sistema sirve para marcar el precio de todas las demás). “Las centrales estaban dispuestas a vender su electricidad a un precio más bajo que el que al final recibieron”, ha apuntado el ministro como prueba de la rentabilidad de las instalaciones. El Gobierno ya le ha pedido las cuentas de las dos instalaciones de los tres últimos años para comprobar si son rentables o no.

“Una cosa es que una compañía no quiera tener unas centrales por estrategia empresarial o por imagen, y otra que haya que cerrarlas”, ha dicho Nadal para defender que las centrales puedan ser traspasadas a otra compañía. “La empresa ha expresado su compromiso de que estén en funcionamiento hasta 2020, pero no su compromiso de venta. No ha sido capaz de explicar por qué no quiere vender”. En los últimos días el propio Nadal ha llegado a vincular la solicitud de cierre de centrales con un intento de hacer subir los precios de la electricidad y así ganar más con el resto de centrales que siguieran abiertas.

Luz más cara

El Ministerio de Energía ultima un real decreto para reforzar su poder de veto en el cierre de grandes centrales eléctricas, pudiendo denegarlo por seguridad en el suministro y también por motivos económicos (esto es, si el cierre puede suponer una subida del precio de la electricidad).

Y, según ha subrayado Nadal, cerrar las dos plantas de Iberdrola tendría un impacto directo en el precio de la electricidad y consiguientemente también en el recibo de la luz. El ministro ha desvelado que haber tenido cerradas Lada y Velilla durante los tres últimos años habría supuesto un encarecimiento de la electricidad de 38 céntimos de euro por megavatio (MW) y esto se habría traducido en una subida de 2,5 euros en el recibo de luz anual de un consumidor tipo.

Iberdrola, en cambio, sostiene que echar el cierre a estas dos centrales “no afectará a la seguridad de suministro ni al precio al representar su producción menos de un 1% del total nacional de España”, según ha destacado la compañía en un comunicado hecho público inmediatamente después de concluir la reunión.

Vender a precio de derribo

En el real decreto que prepara el Gobierno se establece que, en caso de que el titular de la planta no quiera venderla siendo rentable, se puede forzar su subasta. La subasta está pensada para vender las centrales casi a precio de derribo. “El precio de la subasta tiene que ser el de una central cerrada, no el de una en funcionamiento”, ha sostenido Nadal.

El Gobierno sostiene que sin las dos centrales de Iberdrola habría subido el recibo 2,5 euros al año

“El precio tiene que ser el valor del terreno, el de la central una vez achatarrada, menos el coste del plan social para los trabajadores y menos los costes ambientales del desmantelamiento. Nada más”. Según los cálculos de Iberdrola, echar el cierre de ambas plantas costaría unos 35 millones de euros.

La tesis central de Nadal en este asunto es que la política energética la marca el Gobierno y no los intereses particulares de las empresas. Y para el Ejecutivo mantener en funcionamiento las centrales nucleares y de carbón resulta necesario para garantizar la seguridad del suministro y para contener las subidas de precios de la electricidad. “Hay interés general en mantener estas centrales abiertas”, ha sentenciado el ministro.