Economía

Los sindicatos a Montoro: los acuerdos ‘secretos’ en empresas públicas prueban que las 35 horas son posibles

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados. EFE

El Gobierno mantiene su rechazo frontal a recortar la jornada laboral de los funcionarios. El Ministerio de Hacienda considera que rebajar la jornada semanal de los empleados públicos desde las 37,5 horas actuales a las 35 horas que reclaman los sindicatos tendría un coste inasumible para las cuentas públicas, que cifra entre los 800 y los 1.200 millones de euros.

El Ejecutivo se ha abierto a una ampliación de la oferta de empleo público y negocia la subida salarial para 2018, pero mantener intacta la jornada laboral parece irrenunciable. Ante el inmovilismo del departamento de Cristóbal Montoro, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF –aunque mantienen su aspiración máxima de que se acabe reconociendo las 35 horas con carácter general- se conforman con que el Gobierno dé libertad a cada administración y a cada empresa pública para negociar la jornada semanal según su disponibilidad de recursos.

Sin embargo, algunas empresas públicas han empezado ya a aplicar de facto la jornada de 35 horas semanales mediante acuerdos de flexibilidad laboral. Ni las compañías ni sus sindicatos lo han anunciado públicamente y el contenido de esos pactos oficialmente se mantiene en secreto, pero en ellos se incluye una rebaja de la jornada laboral.

Los acuerdos para prorrogar los convenios colectivos de Aena y Enaire mantienen formalmente las 37,5 horas semanales, pero de facto se contempla la vuelta a las 35 horas permitiendo que parte de sus empleados recorten media hora diaria su jornada, como desveló ayer El Independiente. Un recorte que cuenta con el aval del Gobierno, que ha participado directamente en las negociaciones de los nuevos convenios.

Los sindicatos consideran que este tipo de acuerdos de flexibilidad laboral y de horarios -se mantengan en secreto o no- son una demostración que las 35 horas son factibles en algunas administraciones y en algunas empresas públicas. Y defienden que se extiendan a las administraciones y entes que se lo puedan permitir. De hecho, según varias fuentes sindicales, los pactos de flexibilidad que contemplan de facto la rebaja de jornada se están aplicando en otras empresas públicas y también en ayuntamientos pequeños, pero no identifican en cuáles.

En paralelo, lo sindicatos reclaman que el Gobierno deje de recurrir ante los tribunales la recuperación de la jornada de 35 horas cuando haya un acuerdo entre administración y empleados. El Ejecutivo recurrió el pasado julio ante el Tribunal Constitucional el recorte de jornada aplicado por la Junta de Andalucía a los funcionarios, cuya aplicación está suspendida hasta que haya sentencia.

Y antes ya presentó sendos recursos años contra decisiones similares adoptadas por la Junta de Castilla-La Mancha(anulada por el Constitucional), el Gobierno vasco (anulada por el Tribunal Superior del País Vasco) y por el Ayuntamiento de Madrid (suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid).

Comentar ()