Susana Díaz y Pedro Sánchez, en Ferraz tras las primarias.
El PSOE piensa ya en cómo levantarse del golpe sufrido en su feudo andaluz, donde ha quedado sin efecto la jornada laboral de 35 horas por sentencia firme del Tribunal Constitucional. Por lo pronto, la Junta que preside Susana Díaz ha avanzado que buscará una solución en la línea con la 'fórmula AENA', manteniendo las mismas horas de jornada presencial, pero computando los trabajos y tareas que los empleados públicos andaluces realizan en casa para llegar a las 37,5 horas.
Sin embargo, el PSOE quiere que las administraciones dejen de recurrir a acuerdos 'en secreto', como desveló la pasada semana El Independiente, o a parches como el que prevén aplicar los socialistas en Andalucía con la confianza de que no encontrarse con otro recurso judicial por parte del Gobierno. Por ello, prevé llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa para que todas las comunidades autónomas y ayuntamientos puedan pactar libremente la jornada de 35 horas en los espacios de negociación colectiva si su presupuesto se lo permite.
La secretaria de Función Pública del PSOE, Isaura Leal, recordó el pasado viernes que la sentencia del Constitucional contra las 35 horas en Andalucía “no es la primera sobre este asunto por parte del Alto Tribunal". "Tanto los Gobiernos de Castilla-la Mancha y País Vasco como algunos ayuntamientos han querido, a lo largo de los años, implantar esta jornada en sus empleados públicos y el Constitucional siempre responde de la misma manera".
“El Gobierno de Andalucía ha hecho bien sus deberes con la aplicación de las 35 horas, los socialistas en Andalucía hemos apostado por crear unos 12.000 puestos de trabajo para mantener la calidad de los servicios, facilitando además la conciliación familiar de los empleados públicos y restablecer así un derecho conquistado hace 18 años por los empleados de la administración”, defendía Leal.
Una ventana para el PSOE en el Presupuesto
No es la primera vez que el PSOE plantea reformas en este sentido, aunque los últimos acontecimientos en Cataluña han reavivado sus reivindicaciones. Los barones socialistas pusieron sobre la mesa la recuperación de las 35 horas semanales en la Conferencia de Presidentes de enero de este año, después de haber requerido cambios en esta dirección al propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en sede parlamentaria.
Seis meses después, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, aseguró que el Gobierno había aceptado estudiar la implantación de la jornada de 35 horas semanales en el sector público y explicó que se haría por sectores para ver “dónde se puede aplicar y dónde no”.
En cuanto al horizonte temporal, la modificación podría tener cabida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, dijo. El problema que es que en el mes de septiembre, cuando las negociaciones para cerrar las cuentas públicas del próximo año ya estaban maduras, estalló la crisis independentista en Cataluña y toda la maquinaria frenó en seco.
En el Gobierno confían en poder volver a dar impulso al Presupuesto para 2018 tras la celebración de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña para poder tenerlo listo en los primeros meses del nuevo ejercicio, lo que daría pie a la posibilidad de que el Gobierno cumpla su compromiso y aborde la vuelta, por ámbitos, a la jornada de 35 horas.
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