El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú-En Marea quiere que las nueve autopistas de peaje quebradas vuelvan a ser gestionadas y explotadas por el Estado o cualquier otra autoridad pública; lo mismo que pide para las otras nueve cuya concesión vence entre este año 2018 y 2021, como la AP-6 en la Sierra de Guadarrama que ha estado recientemente asolada por las copiosas nevadas. Eso es lo que dice la Proposición No De Ley que presentó la bancada morada este jueves, pero no lo que dijo la diputada gallega de En Marea Yolanda Díaz, cuyas palabras han desatado las críticas de varios grupos ecologistas.

En la rueda de prensa, Díaz, que también milita en la rama gallega de IU, defendió la gratuidad de todos los peajes en España y subrayó que «en la mayoría de países europeos con la excepción de Italia el modelo de carreteras es completamente gratuito», algo que es falso. «En Alemania los camiones y los transportes soportan grandes impuestos», deplora Ricard Riol, presidente de la ONG Promoció del Transport Públic. «Francia está llena de peajes, en otros países funciona la euroviñeta al entrar y salir… nosotros lo que reclamamos es un peaje de titularidad pública», agrega Riol.

Montero no se salió del guión

Pero el mayor «traspiés» de Díaz, que ha sido criticado por varios diputados internamente, se produjo al comparar ésta la sanidad con manejar un coche. «Igual que no pagamos la sanidad no debemos de pagar por nuestro derecho a la movilidad», indicó, además de señalar que se va a debatir en el grupo confederal si cobrar el peaje a las empresas de transporte interurbano.

La hipotética gratuidad de los peajes abogada por la parlamentaria de En Marea no viene recogida en la PNL. Irene Montero, que ceremonió la rueda de prensa, no se salió del guión, pero sí Díaz en el turno de preguntas. La experta en movilidad y asesora de Ahora Madrid Marta Serrano cargó en Twitter contra la propuesta.

«Somos favorables por lo general a que las Administraciones Públicas tomen la gestión y el control de los peajes, pero no de quitar peajes en beneficio del vehículo privado», defiende Adrián Fernández, de la consultora Ecomovilidad. Uno de los ejemplos es el de los Túneles de Vallvidrera, explotados por una sociedad pública dependiente de la Generalitat. Los beneficios del peaje redundan sobre cuestiones como el déficit de transporte catalán, explica Fernández.

Autobús, público y poco contaminante

Para este experto, «sugerir la gratuidad de los peajes para un desplazamiento tan poco sostenible como el coche, cuando menos, sorprende». Igual sucede con el debate sobre si gravar a las empresas de transportes. «El autobús es un servicio público poco contaminante y con bajo impacto medioambiental», razona Fernández.

Está por ver si los comentarios de Yolanda Díaz prosperan en el seno del grupo. Diputados de Equo aseguran defender «lo que aparece en la PNL y nada más», y que así se mantendrán en adelante. En la Propuesta No de Ley se explica que España tiene 2.549 kilómetros de peaje, «solo el 21% de la red estatal de autopistas». Unidos Podemos apunta al «fracaso y la quiebra» de las últimas autopistas de pago en entrar en funcionamiento. En ningún momento se explica la gratuidad.

«Estafa» con la «complicidad» de Aznar

«El Estado se ha visto obligado a rescatarlas con dinero público en beneficio de intereses privados», reza la propuesta, que califica la red de autopistas de peaje de «estafa» con la «complicidad del Gobierno de Aznar». Entre 1999 y 2004 las nueve quebradas (las radiales de Madrid R-2, R-3, R-4 y R-5, el Eje-Aeropuerto -peaje por entrar en la T-4-, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, la Circunvalación de Alicante y el peaje Cartagena-Vera) abrieron al tráfico, y a partir de 2012 entraron en cascada en concurso de acreedores.

El Gobierno se ha visto obligado a rescatarlas, y la cantidad oscilará entre los 2.000 millones que ofrece el Ministerio de Fomento y los casi 5.000 millones que reclaman los fondos buitre acreedores.

Fomento prevé licitarlas de nuevo, esto es, volver a privatizarlas vía concesión porque, entiende, ahora dan beneficios. Unidos Podemos pide que no vuelvan a pasar a manos de concesionarias. En Marea sin embargo ha ido más allá y ha defendido la plena gratuidad de esas barreras de pago.