El Fiscal Jefe de Madrid, Jose Javier Polo, ha ordenado, al amparo del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, la incoación de diligencias preprocesales para depurar las posibles responsabilidades civiles por los hechos acaecidos entre los días 6 y 7 de enero de 2018 en la AP-6 autopista de peaje y que afectaron a más de 3.000 vehículos.

En su escrito la Fiscalía recuerda que el corte de carretera a lo largo de casi 80 kilómetros motivó que las personas que las personas que viajaban a bordo de los vehículos estuvieran “muchas” horas atrapados en la nieve.

Con la incoación de las diligencias preprocesales se trata de averiguar si los hechos pudieran ser constitutivos de un ilícito contra los derechos de los consumidores y, en su caso, “ejercitar las acciones judiciales oportunas”.

Además, la orden de incoar las diligencias preprocesales se hace “en defensa de los intereses de los Consumidores y Usuarios (…) para averiguar la realidad, naturaleza, motivos y posibles responsabilidades de dichos hechos, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la Constitución Española”.

El Tribunal Supremo (STS 473/2010) confirmó una sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos donde se condenó a la concesionaria de la autopista AP-1 por falta de previsión, suficiente vigilancia y falta de coordinación y tuvo que indemnizar con 150 euros a todos los afectados.