A mitad de agosto de 2015, con media España de vacaciones, Renfe aumentó la comisión que cobra por la compra de billetes en taquilla, pasando del 3,5% del importe al 5,5%. Para Internet este recargo se mantiene en el 0%, penalizando así el operador a, por lo general, gente en edad avanzada no acostumbrada a los avatares de la web: en 2013, un 44% de los clientes compró por Internet y un 24% directamente en taquilla. Es probable que ese porcentaje haya menguado bastante, pero sigue indicando que hay una clientela aún fiel a la compra de billete presencial, como se puede comprobar en muchas de las estaciones de Adif.

Por eso el sindicato CGT ha recordado a la dirección del operador «que el IPC en 2015 se situó en el 0%, siendo Transportes unos de los sectores principales que incidieron en ese dato, con un –2,8%», recalca el sindicato en un comunicado. Y Comisiones Obreras (CCOO) denuncia la tendencia a la «privatización» de las taquillas en distintas localidades por las que pasa el tren. Y hay lugares en los que la taquilla directamente se ha suprimido, caso de Guadalajara (una ciudad con AVE).

El motivo de los cierres suele ser la jubilación del personal, sin que éste sea repuesto. Casi mil trabajadores de taquillas pasaron de Adif a Renfe hace un año y medio tras una larga negociación. Este medio ha preguntado a Renfe por esta política que penaliza al usuario más tradicional, sin obtener respuesta.

Turistas, también afectados

Otro sector que recurre bastante a la taquilla, además de personas ancianas, es el turismo: muchas veces lo más sencillo para los visitantes foráneos es acudir físicamente a comprar el billete. Y además de pagar más, solo los clientes de la web tienen acceso a las tandas de ofertas que sistemáticamente promueve Renfe -por orden de Fomento- desde hace cinco años: los 25.000 billetes mensuales a 25 euros, descuentos de hasta el 70%…

El encarecimiento del billete impreso, hace dos años y medio, solo fue confirmado cuando fue denunciado por CCOO. La empresa actuó con alevosía. Y no ha enmendado esa política ni un ápice, según denuncia la CGT.  «Se está castigando económicamente a una parte de los usuarios y eso, unido a la imposibilidad de acceder a las mismas ofertas que en Internet, pone en peligro un servicio público esencial», deplora la central.