El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada.
El choque entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por cómo se reparten determinadas competencias viene de lejos. El supervisor se queja de manera permanente de las funciones que le ha ido arrebatando el Ejecutiva. Y la pugna por el control de la mitad del recibo de la luz ha derivado en un enfrentamiento directo.
El presidente de la CNMC, José Marín Quemada, ha vuelto a la carga y ha denunciado el uso político que el Gobierno hace de la factura eléctrica. El Gobierno retiene la competencia de establecer los peajes de acceso del sistema eléctrico, que sirven para cubrir los coestes regulados del sistema (transporte, distribución, ayudas a renovables, al carbón…) y representan cerca de un 45% del recibo de luz que acaban pagando los clientes.
La Unión Europea amenaza con denunciar a España por el manejo que hace el Ministerio de Energía de estos peajes, dado que la legislación comunitaria establece que deben ser los supervisores independientes de cada país los encargados de fijar estos peajes. Bruselas dio dos meses al Gobierno para que cediera esas competencias a la CNMC. Pero de eso hace ya más de un año y medio.
“Se ha deseado utilizar en España, a nuestro juicio en más ocasiones que las justificables, la regulación energética como instrumento político", ha denunciado Marín Quemada en un desayuno informativo. “Los peajes no pueden ser un instrumento político que beneficie a unos o a otros en función de las necesidades del momento”, ha dicho el presidente de la CNMC, que reclama fijar con “absoluto rigor” en función de parámetros comunes en todos los países de la UE.
En los últimos años que la fijación de los peajes esté en manos sólo del Ministerio de Energía ha hecho posible rebajas del recibo en año electoral, que se prometa que estarán congelados los peajes durante toda la legislatura o pactar un recorte especial del recibo de la industria vasca en la negociación con el PNV de los Presupuestos Generales del Estado.
El Ministerio de Energía se resiste a ceder estas funciones a la CNMC y ha defendido con insistencia ante Bruselas que la fijación de la cuantía de los peajes es una labor clave de la política energética de cualquier gobierno y que debería mantenerse su carácter político, y no exclusivamente técnico.
El Ejecutivo ha remitido a Bruselas una propuesta de nuevo modelo con el que cede a la CNMC el reparto de los peajes eléctricos, pero con la condición de que sea cumpliendo las directrices que marque el propio Ministerio de Energía, según confirmó Álvaro Nadal en el Congreso de los Diputados.
Además de la batalla en instancias comunitarias, la CNMC ha presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Supremo contra el decreto que cede nuevas competencias en energía y telecomunicaciones al Ministerio de Energía y que reorganiza las subdirecciones del departamento que comanda Álvaro Nadal para adaptarlas a las nuevas labores. Entre ellas, el Gobierno confirmaba como propia la competencia de fijar los peajes del sistema eléctrico.
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