Ana Botín, presidenta de Santander, ha asegurado en el marco de la junta anual del banco que la Acción Fidelización que lanzó a mediados de julio para compensar a los clientes afectados por la caída de Popular fue una iniciativa comercial y en ningún caso tenía como objetivo evitar acciones legales.

Santander ofreció bonos de deuda perpetua para compensasr parcialmente a los accionistas de Popular que perdieron todo su dinero tras la intervención de Europa y compra exprés por un euro el pasado 7 de junio. Quienes se acogiesen a esta medida ya han recuperando el 84% de su inversión, según Botín.

Y, aunque la directiva ha asegurado que fue una oferta comercial, los afectados que aceptaron los bonos tuvieron que “renunciar a acciones legales contra Santander, sus administradores, directivos y empleados, vinculadas a su condición de titular de cualquier valor computable como recursos propios de las entidades de crédito emitido por Popular o sus filiales previamente a la resolución”.

Aun así, Botín ha reiterado que los bonos “se lanzaron de forma voluntaria, como acción comercial y no como una medida para evitar pleitos”, y ha recordado que “han sido aceptados por el 78% de los afectados”.

Preguntada por uno de los accionistas sobre la “expropiación” de Popular, Botín ha subrayado que “Santander compró Popular, después de la resolución de Europa, a la Junta Única de Resolución (JUR) y al FROB, cuando el propio consejo de Popular resolvió que era inviable. La decisión de amortizar deuda y la conversión de acciones fue suya”. Y por tanto, las reclamaciones corresponde hacerlas a estas instituciones, ha opinado la directiva.

“Lamento las pérdidas que han sufrido pero Santander no tiene responsabilidad alguna”, ha puntualizado.

En la junta en la que ha anunciado el incremento del dividendo, la primera ejecutiva de Santander ha reiterado que la operación fue “una buena noticia para España, Europa y el sistema financiero” y que para Santander la adquisición “tiene sentido industrial y estratégico y generará una rentabilidad del 13% al 14%”, que es el porcentaje que el banco exige cuando se embarca en transacciones.

Además, ha defendido que “la decisión de las autoridades europeas evitó la disolución de Banco Popular”. Y ha destacado cómo fueron testigo de que Popular vivía una situación “extrema”, dado que “el primer día tuvimos que inyectar 13.000 millones de euros, además de los más de 7.000 de la ampliación de capital”.