El almacén submarino de gas Castor, en Castellón.
La gran banca ha dejado de cobrar por el fiasco del almacén submarino de gas Castor. Santander, Caixabank y Bankia asumieron la deuda para cubrir la indemnización de 1.350 millones de euros pagada por el Gobierno a la concesionaria del proyecto (Escal UGS, controlada por ACS).
Pero el Tribunal Constitucional anuló el pasado diciembre el sistema ideado para transmitir esa deuda, y los bancos han dejado de cobrar esos derechos que se cargaban cada mes en el recibo de gas natural que pagan los clientes y que se iban a seguir cargando durante 30 años. Los tres bancos han iniciado conjuntamente la batalla legal para recuperar el dinero les quedaba por cobrar, pero ahora se enfrentan a tener que devolver también lo que habían cobrado ya.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya ordenó suspender los pagos a los tres bancos en cumplimiento de la sentencia del Constitucional, a razón de algo más de 6,7 millones de euros cada mes. Y ahora el supervisor se dispone a ordenar también a las tres entidades que devuelvan lo que ya habían cobrado hasta la suspensión de los pagos, según fuentes jurídicas conocedoras del criterio que se impone en la CNMC, aunque de momento no se ha aprobado formalmente la decisión.
Más de 6,7 millones cada mes
Santander, Caixabank y Bankia cobraron 147,8 millones de euros entre enero de 2016 y octubre de 2017 (la orden de paralización de los pagos empezó a tener efecto con la liquidación del sistema gasista correspondiente al pasado noviembre). En 2016, los pagos a los bancos ligados a la deuda por la indemnización fue 80,6 millones, y en los diez primeros meses de 2017 superaron los 67,2 millones.
Otras fuentes jurídicas apuntan a que aún es posible que los bancos no tengan que devolver la totalidad de lo ingresado hasta ahora, y que sólo deban reintegrar al sistema gasista el importe de los pagos realizados sólo en 2017 (más de 67 millones), por tratarse de liquidaciones aún provisionales.
Los tres bancos, por el contrario, se han unido para activar un frente legal para volver a cobrar por el fracasado almacén submarino de gas Castor. Los tres bancos presentaron la pasada semana conjuntamente ante el Gobierno una reclamación de responsabilidad del Estado legislador para recuperar el dinero que aportaron para la titulización de la deuda.
Las entidades argumentan que la anulación por inconstitucional del trámite elegido por el Gobierno para articular el pago de la indemnización (el Tribunal Constitucional considera que no había urgencia suficiente que justificara utilizar un real decreto y no una norma con rango de ley) no puede provocar un perjuicio a las entidades que financiaron la operación. Y es que el Estado acabaría beneficiándose de haber recurrido a una tramitación inconstitucional al no afrontar los costes y derivarlos a los bancos que se asumieron la deuda.
La factura total: más de 2.400 millones
Santander, CaixaBank y Bankia se muestran dispuestos a pactar con el Gobierno una solución que permita la devolución del dinero de una “manera flexible”. Para evitar el impacto en las cuentas del Estado o de los clientes de gas de afrontar el pago de una sola vez, los tres bancos accederían a que se devuelva de modo gradual, con las mismas condiciones de intereses (con un tipo del 4,3%) y de plazo (30 años) que se preveía en el real decreto anulado. En total, por obra de esos intereses, los pagos durante las tres décadas superarían en realidad los 2.400 millones de euros.
Santander es el que más deuda asumió en la operación, con 700 millones; Caixabank adquirió derechos de cobro por 473 millones, y Bankia por otros 200 millones de euros. Los servicios jurídicos de los tres bancos han trabajo conjuntamente para coordinar una sola la estrategia jurídica para volver a cobrar.
El Ministerio de Energía no parece dispuesto a asumir el coste de adoptar una medida impopular como elaborar una nueva norma legal para resolver el entuerto tras la suspensión del Tribunal Constitucional y que los bancos recuperaran los cobros, y prefiere encomendarse a que el conflicto se resuelva en los tribunales.
La deuda que acabó en los bancos
El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona. Y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación.
Como consecuencia de ello, el Ejecutivo estableció una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años. La deuda primero se transmitió a Enagás, y la compañía la titulizó y la traspasó a Santander, Caixabank y Bankia, que hasta hace unos meses recibían los pagos a través de las liquidaciones de la CNMC.
A la espera de que arranque la batalla legal para retomar los pagos del Castor, otro frente se ha activado en los tribunales ligado al fiasco del almacén. Varias asociaciones civiles presentaron una demanda por fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos por la adjudicación del proyecto y por la reversión de la concesión posterior. La demanda va dirigida, entre otros, contra los ex ministros Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez y Elena Espinosa, contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, y el presidente de Escal, Recaredo del Potro.
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