La contratación de planes de pensiones desciende.
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 puede que quede en papel mojado si el Gobierno no recaba finalmente los apoyos necesarios para su aprobación. Sin embargo, la letra pequeña de las cuentas ofrece información valiosa y cierta. Refleja, por ejemplo, que las aportaciones a sistemas de previsión social, donde se encuadran los planes de pensiones privados que el Gobierno pretende impulsar para completar el maltrecho entramado de pensiones públicas, cada vez tienen menos adeptos.
Esta realidad se deja ver en el reparto de beneficios fiscales en el IRPF asociados a estos planes --los contribuyentes pueden desgravarse las aportaciones anuales a planes de pensiones con un límite máximo de 8.000 euros--. Los Presupuestos reflejan un descenso de los beneficios previstos en 2018 desde los 783,2 millones de euros a los 770,8 millones para el conjunto de los sistemas de previsión social. Esto se debe a que la contratación de planes privados de planificación volvió a descender en 2017, ejercicio sobre el que toca ajustar cuentas con la Agencia Tributaria este año.
Puede ser que estos productos no son suficientemente atractivos, que los españoles los han estigmatizado como vehículos poco rentables y muy rígidos, o sencillamente que, en un contexto de alta temporalidad y bajos salarios, el margen de ahorro es escaso. Pero lo cierto es que, al mismo tiempo, los beneficios fiscales asociados a la vivienda habitual en propiedad, aún vigente en virtud a un régimen transitorio para muchos propietarios que compraron su casa antes de 2013, siguen siendo una de las principales partidas de ahorro en el IRPF, con más de 1.000 millones de euros.
Estas cifras dan la razón a aquellos que, como la patronal de los seguros Unespa o el propio Banco de España, afirman que los españoles ahorran, pero más en ‘ladrillo’ que en planes privados de pensiones.
El Gobierno lo admite
El texto presupuestario presentado por el Gobierno admite esta caída en las aportaciones a los sistemas de previsión social, en los que incluye planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia.
En las hipótesis del Gobierno que sustentan la estimación de los beneficios fiscales asociados a estos vehículos se refleja una caída en el número de beneficiarios del 0,4% en 2016 y del 0,2% en 2017. En cambio, los importes medios aumentaron un 0,5% en 2016 y se estabilizaron en 2017. Es decir, que hay menos productos contratados, pero por mayor importe.
Como resultado, el montante total de las reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social sufren un retroceso del 0,2% en relación a lo observado en 2015. Sin embargo, el Gobierno no explica las causas últimas de este descenso.
Una caída que viene de atrás
Lo cierto es que el análisis de los beneficios fiscales que reportan los sistemas de previsión social en conjunto en los últimos años muestra una caída en goteo desde al menos 2014, cuando superaba los 1.000 millones de euros. Esta misma caída se observa directamente en la evolución de las liquidaciones de IRPF. El número de declarantes que se beneficiaba de deducciones por aportaciones a planes de pensiones ha descendido de los 4,1 millones a los 2,8 millones entre 2010 y 2015, según datos de la Agencia Tributaria.
Desde el Consejo General de Economistas se explica que este descenso se debe a los altos niveles de paro que aún persisten y a los bajos salarios. Esta hipótesis se podría sustentar dado que las exenciones sobre los rendimientos de planes de ahorro a largo plazo también reflejan un descenso en el Presupuesto de 2018 desde los 1,5 millones de euros a los 1,2 millones.
Sin embargo, el Consejo señala que, en gran medida, también se ha instalado la idea entre los españoles de que los planes privados de ahorro son poco rentables y exigen cumplir muchas condiciones para poder disponer del dinero. Además, el organismo recuerda que han sido tradicionalmente las grandes empresas las que han dispuesto planes de pensiones para sus empleados y que muchos de estos ya se han jubilado y han rescatado ese dinero.
El Gobierno reforma los planes privados
En cualquier caso, estos datos hacen referencia a la situación de los planes de pensiones en 2017, puesto que los beneficios fiscales se refieren al ejercicio anterior, no al de 2018.
En este sentido, la situación podría cambiar este año si la reforma llevada a cabo en los esquemas de ahorro privado a principios de año tiene los efectos deseados por el Gobierno, sobre todo incrementando el interés de los jóvenes sobre estos productos.
De acuerdo con un Real Decreto aprobado el pasado mes de febrero, los beneficiaros de planes y fondos de pensiones podrán, a partir de 2025, liquidar sin limitaciones las aportaciones realizadas durante al menos 10 años a los planes de pensiones, así como los rendimientos generados. Además, en la misma norma el Ejecutivo revisó a la baja las comisiones máximas que los ahorradores pagan a las entidades gestoras.
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