Economía La justicia ya tumbó estas limitaciones

Canarias prohibirá que se alquilen pisos turísticos justo en las zonas turísticas

El borrador del nuevo decreto del Gobierno de las islas permitirá a cabildos y ayuntamientos establecer excepciones a la prohibición y considerará profesionales a los dueños de más de tres viviendas de alquiler.

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Canarias intenta (otra vez) prohibir el alquiler de pisos turísticos en zonas turísticas de las islas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya tumbó el año pasado esa prohibición, pero ahora el Gobierno del archipiélago ha elaborado un nuevo decreto para regular la actividad y retoma el antiguo veto… pero con matices.

Y es que el Gobierno canario contempla en el nuevo borrador la prohibición de que haya pisos de alquiler vacacional en suelo residencial de zonas turísticas, en las que se concentren hoteles y apartamentos, pero dará la potestad a los cabildos y ayuntamientos a establecer excepciones y fijar zonas dentro de sus territorios en que sí que pueda haber alquiler vacacional en zonas habilitadas para uso turístico.

El Ejecutivo regional subraya que la nueva regulación pretende garantizar el acceso a la vivienda de los residentes y evitar el “crecimiento desordenado” de la oferta turística en el territorio para fomentar la “sostenibilidad y calidad”, según el consejero canario de Turismo, Isaac Castellano, que ha presentado el texto del borrador del decreto.

La prohibición, en manos de cabildos y ayuntamientos

Cabildos y ayuntamientos podrán establecer las excepciones que consideren oportunas y permitir el alquiler en las zonas turísticas. Desde el sector del alquiler se apunta que el reforzamiento de las competencias de cabildos y consistorios sobre la ordenación del uso de los inmuebles es un intento del Gobierno de sortear una nueva anulación por parte de los tribunales a la prohibición de que haya pisos turísticos en zonas turísticas.

El TSJC consideró que tal prohibición infringía la libertad de empresa y avaló el recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) contra la anterior norma, en el que se denunciaba que no tenía sentido excluir las viviendas vacaciones de zonas en que se localiza la actividad turística y que la restricción buscaba favorecer a los operadores turísticos tradicionales, esto es, los hoteles.

Economía colaborativa, no con más de tres pisos

Por otro lado, el Gobierno canario también pretende establecer diferentes categorías entre los propietarios que dediquen sus inmuebles al alquiler vacacional. Tendrá categoría de actividad profesional la de aquellos dueños de tres o más viviendas, a los que se les exigirá contar con un mínimo de equipamiento y de trabajadores, en consonancia con los requisitos que se impone a las casas rurales.

Las plataformas online que sirven para comercializar los pisos, como Airbnb, HomeAway o Wimdu, estarán obligadas a retirar en un plazo máximo de tres meses todos los anuncios de viviendas que no cuenten con el número oficial de registro. El mismo plazo de seis meses con que contarán los propietarios para cumplir la nueva normativa.

Según el último estudio de la Gobierno regional, con datos de 2017, Canarias cuenta con un total de 31.975 casas en régimen de alquiler vacacional (con una oferta de más de 131.000 camas), un 5,8% más que el año anterior. De estas viviendas, tan sólo 6.600 cuentan con la autorización oficial de los cabildos para serlo.

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