Economía

El futuro de Bankia y los beneficios de los bancos, en manos del nuevo Gobierno

La privatización de la entidad, la posible aplicación de un impuesto al sector o el nombramiento del subgobernador del Banco de España dependerán de las decisiones que adopte el Ejecutivo de Sánchez

Bankia, la privatización interminable.

Sede de Bankia en la Plaza de Castilla de Madrid. EFE

El sector financiero tiene ante sí retos clave para el devenir de la economía española que afrontará bajo el recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez.

El más importante de todos es, sin duda, la privatización de Bankia, donde el estado aún controla el 61% del capital. La llegada a Moncloa del líder del PSOE deja en el aire el futuro del banco nacionalizado con un riesgo añadido: la tentación de convertir Bankia en un banco público, perdiendo de vista la gestión independiente que siempre ha defendido José Ignacio Goirigolzarri.

Convertir en Bankia en el pilar de la nueva banca pública supondría un guiño a Podemos, partido que apoyó a Sánchez en la mocion de censura y que en varias ocasiones ha reclamado un cambio de modelo. «La financiación privada no funciona. Se necesitan nuevos tipos de actividad crediticia, nuevas figuras impositivas sobre las transacciones financieras», explicaba el catedrático Juan Torres, uno de los creadores del programa económico del partido morado.

En cualquier caso, el ritmo de privatización de Bankia ya era incierto con Rajoy al frente del Gobiernos. Economía habían señalado en varias ocasiones que, aunque el objetivo era salir del capital maximizando la devolución de las ayudas públicas, el plazo inicialmente fijado para la desinversión, a finales de 2019, podría ampliarse.

Otro de los frentes o amenazas que temen los bancos es el impuesto que a principios de año propuso Sánchez para sufragar el coste de las pensiones. “La banca fue rescatada por todos los españoles; ahora pedimos que contribuya al rescate del sistema que mejor representa los intereses de todos los españoles: su sistema de Seguridad Social”, explicaba un documento aprobado por la comisión ejecutiva federal del PSOE el 8 de enero.

El recién investido presidente señalaba entonces que, según sus cálculos, se podrían recaudar entre 800 y 1.000 millones de euros al año con este impuesto, que se completaría con otra tasa a las transacciones financieras. Bancos de inversión como Alantra estimaban que el impacto negativo en la cuenta de resultados de los bancos rondaría el 10% de los beneficios.

La respuesta de la banca no se hizo esperar. Francisco González, presidente de BBVA, subrayó que este impuesto era más propio de países emergentes, como Bolivia, que de Europa. 

Avalancha de regulación en el aire

La regulación, uno de los principales caballos de batalla del sector financiero y otra de las amenazas a sus resultados, tiene muchos flecos abiertos con anteproyectos en fase de tramitación que afectan al mercado hipotecario, la comercialización de seguros , los medios del pago  (PSD2), el asesoramiento (Mifid II) y las cajas rurales, entre otros.

Queda también en el aire la consulta pública del proyecto de ley para la creación de un sandbox regulatorio para la transformación digital del sistema financiero. La propuesta del equipo de Economía del PP buscaba facilitar la innovación en los servicios financieros y el desarrollo de empresas de finanzas tecnológicas mediante la constitución de un laboratorio de pruebas de regulación para las fintech en un entorno controlado por los supervisores.

Más allá del marco normativo, es una incógnita quién será elegido número dos del Banco de España, cargo tradicionalmente pactado entre el PP y el PSOE. El pasado 28 de mayo, tres días antes de que se aprobase la moción de censura, Pablo Hernández de Cos fue nombrado gobernador de la institución. En principio, los dos partidos mayoritarios habían acordado colocar a Hérnandez de Cos al frente del supervisor y al economista David Vegara como subgobernador. El cambio de Gobierno abre un paréntesis que podría dilatar la elección.

El nuevo Gobierno genera incertidumbre en el sector financiero en torno al tratamiento fiscal de las Sicav, las sociedades de inversión de capital variable que utilizan habitualmente las grandes fortunas españolas para canalizar su patrimonio. A finales de 2016, en el marco de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, se aprobó una Proposición no de Ley, presentada por Ciudadanos, que insta al nuevo Gobierno a reforzar la lucha contra el fraude y el delito fiscal mediante la adopción de medidas relativas al régimen jurídico y fiscal de las sicav. La propuesta sigue donde está, pero la estabilidad de las Sicav se tambalea históricamente cuando las elecciones asoman.

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