Nuevos obstáculos para los interinos: del cambio de Gobierno a las sentencias judiciales

Han sido casi dos años de vértigo para los trabajadores interinos y temporales del sector público en España. En septiembre de 2016, una sentencia de la justicia europea reconocía su derecho a percibir indemnizaciones equivalentes a los trabajadores indefinidos en determinados casos y abría un debate sin precedentes sobre la precariedad laboral en el Estado y el resto de administraciones.

Seis meses después, en marzo de 2017, el Ministerio de Hacienda y los sindicatos de la función pública --CSI-F, CCOO y UGT-- firmaban un acuerdo para reducir la temporalidad en lo público al 8% mediante un amplio proceso de conversión de aquellos puestos de trabajo ocupados de forma temporal durante más de tres años en fijos.

Sin embargo, todo parece truncarse para este colectivo: la justicia europea ha dado marcha atrás, el acuerdo entre Hacienda y sindicatos no ha resultado ser tan ventajoso como parecía y, para colmo, el cambio de Gobierno añade una última palada de incertidumbre.

Todo empezó a torcerse desde el momento en el que el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los representantes sindicales se hacían la pertinente fotografía tras suscribir el pacto, que daba tres años a las partes para llevarlo a cabo. Minutos después los propios sindicatos admitían que que no había confeccionado un censo de plazas susceptibles de consolidarse.

La cuestión estaba más clara en la Administración central. Sin embargo, en el caso de las comunidades autónomas y, sobre todo, en el de los ayuntamientos, la información era confusa y la realidad de la precariedad en sus plantillas estaba difuminada. Todo ello daba la idea de que el proceso podría eternizarse. Pese a ello, las partes volvieron a acordar ya en 2018 una ampliación de este pacto a algunos ámbitos de la Administración que habían quedado fuera en marzo de 2017.

Con ese primer escollo, la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se puso a trabajar con los sindicatos y entonces surgió el verdadero problema: el acuerdo hablaba de una consolidación de plazas, no de empleados. Dicho de otro modo, un puesto de interino o temporal podía pasar a ser indefinido, es decir, de funcionario, pero sin que ser ocupado necesariamente por la misma persona.

Esto es así porque las partes acordaron (con la resistencia inicial de los sindicatos) que este proceso se realizara a través de las habituales pruebas de mérito y capacidad, mediante lo que se conoce como concurso-oposición. Este formato prevé una primera prueba, a la que se puede presentar cualquier persona que opte al puesto, antes de pasar a una segunda fase en la que tiene cierto peso la experiencia acumulada.

Esto expone a los actuales titulares de las plazas a suspender el primer examen y quedar excluidos antes de poder demostrar sus méritos. De ahí que miles de interinos y temporales hayan puesto el grito en el cielo al ver cómo, tras años trabajando en condiciones de precariedad, pueden quedar en la calle al tener que competir en igualdad de condiciones con recién llegados a la Administración. En el mejor de los casos, una vez revalidada la plaza, estos trabajadores podrían ser trasladados a otra provincia.

Es por ello que una amplia parte de los interinos demanda unas pruebas que tengan más en cuenta su experiencia en el puesto o directamente su conversión automática en funcionarios.

Sin embargo, esta es solo una de las lecturas que se pueden hacer del acuerdo. También está la de los funcionarios de carrera, que han logrado su puesto después de aprobar unas oposiciones y que ahora se niegan a aceptar que un trabajador interno o temporal acabe en la misma línea de meta solo por haber estado unos años en un puesto al que se accedió sin pasar unas pruebas de capacidad. O el de aquellos que quieren cambiar de ciudad y se niegan a que los interinos consoliden su actual puesto y además sin moverse de su destino (sin dejar vacantes disponibles para un traslado).

La Torre de Babel de los funcionarios

En resumen, el acuerdo ha levantado una auténtica Torre de Babel en la Administración, mientras no cambie la situación. Pero ésta puede cambiar si así lo determina la Audiencia Nacional.

Porque entre tanto, ha nacido la Asociación de Interinos y Laborales (ANIL), que lleva todo este tiempo dando la batalla en los tribunales al considerar que, tal y como está planteado el proceso de consolidación de plantillas en la Administración (al que ya han bautizado como 'El Acuerdazo'), lo que se va a producir es un ERE en toda regla.

Tras meses de batalla (a la que se han sumado otras organizaciones como la Plataforma de Interinos o la Plataforma de Personal Temporal de la Administración de la Comunidad de Madrid, y también muchas demandas particulares), la denuncia del acuerdo (que se extiende tanto a Hacienda como a lo sindicatos) ha llegado a la Audiencia Nacional. Por el momento, esta instancia ha tumbado las medidas cautelarísimas planteadas para paralizar las primeras oposiciones convocadas después de que el Tribunal Supremo les remitiera el asunto como una patata caliente.

¿Qué es lo que se pretende tumbar? según las últimas cifras difundidas por el anterior Ministerio de Hacienda, ya se han convocado oposiciones para 129.000 plazas de las alrededor de 350.000 previstas, sumando las alrededor de 250.000 acordada en marzo de 2017 y la ampliación del ámbito de estabilización recogido en el acuerdo de empleo trianual para los funcionarios. No obstante, esta cantidad se difumina entre los 700.000 interinos y temporales que calcula ANIL que trabajan en la Administración.

De momento, Hacienda y los sindicatos han mantenido contactos para presentar alegaciones tanto a las medidas cautelares (diferentes a la cautelarísimas) que ANIL ha vuelto a plantear por la vía ordinaria y evitar que la sentencia prospere en la Audiencia Nacional. De acuerdo con las fuentes consultadas, aún habrá que esperar unos dos meses para que se cierre el plazo de alegaciones, con lo que el desenlace final no se conocerá hasta al menos final de año.

Cambia el Gobierno y la UE recula

Llegados a este punto, los interinos pelean en los tribunales por poder salvar su plaza, sin jugársela a una carta, mientras que el Gobierno se ha visto presionado a acelerar el proceso. Porque esa es otra de las variables en juego. En sus últimas recomendaciones específicas al país, la Comisión Europea instaba a España a cerrar la consolidación de plazas en tiempo y forma, en 2019, algo en lo que insiste también el Parlamento Europeo en una resolución del pasado 31 de mayo.

Sin embargo, mientras el colectivo ha buscado una tabla de salvación en una justicia que, de momento no le ha lanzado un cabo, dos acontecimientos más han acabado por caer como una bomba entre las aspiraciones de los interinos y los temporales del sector público: el cambio de Gobierno y una nueva sentencia de la justicia europea negando su derecho a ser indemnizados como a un trabajador indefinido.

De un lado, con el cambio de Gobierno, la referencia del colectivo ha migrado del Ministerio de Hacienda, donde tenían como interlocutora a la secretaria de Estado de la Función Pública, al nuevo Ministerio de Administraciones Públicas, que dirigirá Meritxell Batet. Será este nuevo departamento el que deberá tomar ahora la batuta y seguir adelante con la defensa del acuerdo con los sindicatos (como parece lógico) o replantear el proceso.

Además, la sombra de unas nuevas elecciones en un plazo no superior a los seis meses planea sobre el nuevo Gobierno y hace aún mayor la incertidumbre para los interinos.

Por último, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) confirmó este martes el peor de los augurios para los trabajadores temporales de la Administración: se desdijo y consideró que un trabajador en esta situación no puede tener la misma indemnización que uno fijo, entre otras cosas, porque su situación de partida no es equiparable, empezando porque las expectativas de duración del empleo de unos y otros son muy distintas.

¿Qué consecuencias puede tener este cambio de parecer? Principalmente que la legislación española no cambiará de momento y cualquier interino que cese en su puesto no recibirá ni un solo euro de indemnización, mientras que los temporales seguirán recibiendo 12 días por año, frente a los 20 de los indefinidos. Esto quiere decir, por ejemplo, que aquellos interinos que durante el proceso de consolidación pierdan su plaza podrían irse a la calle sin indemnización alguna.

El PSOE quiere racionalizar el gasto en la Administración

En todo caso, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, planteó a los sindicatos y a la patronal la posibilidad de otorgar al menos a los interinos la misma indemnización que a los temporales. La duda es si el nuevo Ministerio de Empleo, que ocupará Magdalena Valerio, mantendrá la propuesta (como también parece lógico) o si acelerará su puesta en marcha antes de unas nuevas elecciones. Lo que ya ha adelantado el PSOE es que emprenderá una racionalización del gasto dentro de la Administración, aunque hasta la fecha ha asegurado que no afectará al capítulo de personal.

La reacción de los sindicatos

Desde el sindicato CCOO, asegura que la decisión del TJUE no debería afectar de ningún modo a los acuerdos de empleo firmados con la Administración y que, en todo caso, no hace sino "reforzar el acierto de firmarlos".

En UGT se piensa algo similar. Recuerdan que cerca del 90% de las plazas que había que estabilizar mson de personal funcionario y estatutario sanitario, que en ningún momento contaban con sentencia alguna que les reconociera una indemnización. No obstante, admiten en el sindicato que "de consolidarse esta nueva jurisprudencia, el personal interino laboral que no obtenga plaza, no cobraría".