El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez habla mucho de alcanzar pactos para derogar la reforma laboral (es por ello por lo que más se le pregunta) y no tanto de las necesidades particulares, por ejemplo, de los autónomos. Todo lo contrario que el anterior Gobierno del PP, cuyo mandato certificó dicha reforma y ha sido una pista de lanzamiento de nueva legislación para el colectivo, aunque a juicio de una buena parte del mismo, sin demasiado diálogo.
Por eso las principales organizaciones que les representan –ATA y UPTA-- han aparcado sus mayores diferencias (cada una tiene una postura ideológica muy diferente) para levantar un frente común y exigir que los autónomos estén (se mantengan) en la agenda política del Gobierno y para recuperar el diálogo con el Ejecutivo.
Para ello, no solo le recuerdan por separado los asuntos pendientes de desarrollo comprometidos con el anterior Gobierno, sino que de manera coincidente quieren ir al origen de sus demandas: quieren estar presentes, como una sola fuerza, en los ámbitos de diálogo y toma de decisión, como lo están las patronales CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO, UGT o CSI-F.
Se trata de una vieja reclamación que se ha convertido en la cuña que introducir a toda costa en las grietas de un Gobierno heredado, sin una mayoría parlamentaria y ávido de consensos. Pero, sobre todo, se trata de un mandato recogido en la Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, pactada la pasada legislatura, pero cuyo desarrollo ha quedado en el aire.
Se entierra el hacha de guerra
Lejos quedan los días en los que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha mantenido una excelente relación con el Gobierno del PP, y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), vinculada a UGT, se tiraban los trastos a la cabeza en la pugna por la representación.
Era el año 2011 y ATA impugnaba la decisión del Consejo de la Representatividad de las Asociaciones de Autónomos, dependiente del Ministerio de Trabajo socialista, de otorgar la 'medalla' a la organización más representativa a UPTA. Fue una auténtica batalla legal dentro del colectivo de los autónomos que ahora parece enterrada.
En los últimos años la rivalidad se ha mantenido entre todas estas siglas, aunque sin tanta crispación, y con la lucha común de fondo por estar presente en las reuniones del diálogo social o en el Consejo Económico y Social (CES).
Para ello era preciso contar con un órgano que aunara los intereses de los autónomos y que tuviera capacidad de influencia. Mientras que el Consejo de la Representatividad de las Asociaciones de Autónomos no tenía otro cometido que reconocer a las organizaciones de referencia, de acuerdo con el Estatuto del Trabajo Autónomo de 2007, dicha norma también recogía la creación de un Consejo del Trabajador Autónomo, esta vez sí de carácter consultivo, para asesorar al Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo. Sin embargo, este gobierno nunca se ha llegado a conformar.
Según fuentes consultadas por El Independiente, la cuestión de la representatividad ya no es un problema entre los dos grandes: ATA y UPTA. El Ministerio de Empleo abrió un breve plazo para que las asociaciones hicieran sus propuestas sobre los criterios a tener en cuenta para delimitar sus niveles de representatividad antes de crear el Consejo del Trabajo Autónomo. ATA y UPTA coincidirían en basarlos sobre todo en la afiliación, algo claramente medible. Sin embargo, Uatae, cree que los autónomos deberían votar para decidirlo.
Así pues, ATA y UPTA han limado asperezas al respecta, lo que sirve de paso previo para la creación del Consejo del Trabajo Autónomo. Uatae considera en cambio, que ese paso previo aún hay que debatirlo.
La fecha, el 26 de octubre
Entre tanto, a diferencia de tiempos pasados, la reclamación del nuevo frente de los autónomos tiene fecha y hora. Es el 26 de octubre, cuando vence el mandato de seis meses incluido en la Ley de reformas urgentes para crear el Consejo del Trabajo Autónomo.
Ese mismo día también se tiene que dar entrada a los autónomos en el Consejo Económico y Social (CES), lo que les colocará de facto a la misma altura que patronal y sindicatos en este órgano consultivo.
Y tras estos pasos, el abordaje final es poder estar sentados en el diálogo social, ese foro hasta ahora tripartito formado por el Gobierno, los sindicatos y la patronal, en el que se cuecen reformas laborales y otras decisiones de altura política.
Las demandas puntuales
Al margen de estas cuestiones, cada una de las asociaciones ha remitido al Gobierno una lista de prioridades para que se les de impulso a lo largo del presente mandato. Algunas de ellas ya están incluidas en la reforma de fondo que se está negociando en la subcomisión para del Régimen Especial del Trabajo Autónomo en el Congreso de los Diputados.
ATA las resume en un decálogo que incluye la mejora de la actual prestación por cese de actividad; la extensión de la jubilación activa plena para a todos los autónomos; la implantación de una 'tarifa plana' especial para autónomos con rendimientos netos por debajo del salario mínimo; la lucha contra los falsos autónomos; o el establecimiento de un régimen sancionador contra la morosidad.
Por su parte, en UPTA apuestan por la bonificación del 100% de la cuota de la Seguridad Social para autónomos que estén de baja; avanzar en la definición del autónomo económicamente dependiente; establecer criterios transparentes para el acceso a los programas de oferta formativa y también la regulación de la formación programada o bonificada para determinados sectores del colectivo; atajar la morosidad; y establecer un sistema de incentivos fiscales para aquellos autónomos que quieran elevar su base de cotización.
Por último, Uatae demanda la transformación del sistema de cotización por uno que tenga en cuenta los ingresos reales; un sistema de protección social suficiente; programas que hagan fluir la financiación a los autónomos; o la tramitación de una auténtica Ley de Segunda Oportunidad.
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