Endesa es el mayor operador nuclear en España. La compañía controla o tiene participación accionarial en seis de los siete reactores actualmente operativos en el país, sus nucleares representaron el año pasado un 15% del total de la potencia instalada del grupo (3.443 MW sobre un total de casi 23.700), y éstas concentraron algo más de un tercio de toda su producción eléctrica (26.448 GWh de un total de 78.648).
Así que el grupo tiene motivos claros para rechazar la intención del nuevo Gobierno de echar el cierre de las centrales nucleares tomando como referencia el plazo de 40 años desde su puesta en funcionamiento, una edad que alcanzarán todas las plantas españolas entre 2023 y 2028.
Las razones de Endesa para estar en contra de la pretensión del nuevo Ministerio para la Transición Ecológica tienen una motivación también estrictamente financiera. Y es que un apagón nuclear en España a lo largo de la próxima década tendría consecuencias millonarias inmediatas para los resultados de la compañía.
Endesa elabora su cuenta de resultados desde el último trimestre de 2014 dando por hecho que sus centrales nucleares acabarán funcionando 50 años (hasta ese momento lo hacía con 40 años). Sus cuentas están calculadas desde entonces en base a un periodo de depreciación y amortización de sus activos nucleares de cinco décadas, lo que le ha permitido a la eléctrica reducir los fondos que destina cada año a amortizar sus activos y, con ello, la compañía ha mejorado sus beneficios.
Si el Gobierno aprobara el cierre de las centrales según vayan cumpliendo los 40 años, Endesa tendría que disparar los fondos que cada año destina a la amortización de sus activos nucleares para cubrirla enteramente antes de su clausura. Si el Ejecutivo confirmara ahora ese plazo, la eléctrica tendría que incrementar las amortizaciones en 190 millones de euros al año, según los cálculos que maneja la propia compañía.
Eso si el cambio legal para ello se aprobara ahora. Pero cuanto más se retrase la aprobación de ese eventual calendario de cierre a los 40 años, la amortización tendría que ser más acelerada. Así que el importe anual tendría que ser aún mayor a esos 190 millones de euros. Según los estados financieros de la compañía, aún le quedan por amortizar 2.878 millones de euros para cubrir enteramente la inversión en sus nucleares.
Se ha ahorrado ya 100 millones al año
Desde que en 2014 la eléctrica aprobó la nueva fórmula de cálculo a 50 años, ha conseguido reducir los fondos destinados a amortizar sus centrales nucleares en cerca de 100 millones de euros anuales desde 1 de octubre de 2014 (momento en que entró en vigor el nuevo periodo para cubrir sus inversiones) hasta la mitad de 2018, según confirman a El Independiente fuentes financieras familiarizadas con las cuentas del grupo.
Endesa justificó su decisión de ampliar su previsión de vida útil de sus nucleares en que se trata de una estimación de plazos “razonable” y en que la compañía adopta decisiones con “criterios empresariales, no políticos”, y fijar la vida útil en el límite de 40 años se trataría de una medida “estrictamente política”. “La experiencia de otros países como Estados Unidos o Francia nos dice que es muy normal calcular las amortizaciones con un plazo de 50 años o más. Tiene sentido tanto por razones de operatividad como de seguridad”.
El cambio en la contabilidad fue motivo de un requerimiento a la eléctrica de información adicional por parte de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV). El supervisor bursátil dio por buenas las explicaciones de la compañía presidida por Borja Prado, que justificó entonces la modificación de su fórmula de cálculo en la “excelente condición” de sus centrales, gracias al mantenimiento realizado, y en que la legislación actual no prohíbe que se amplíen la vida de las plantas nucleares hasta los 50 años.
El plan del Gobierno
En el programa electoral del PSOE y en documentos elaborados por el comité asesor socialista sobre transición energética –dirigido por la actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera– se apuesta por el cierre de las centrales nucleares según vayan cumpliendo los 40 años de funcionamiento, que es el plazo máximo para el que fueron diseñadas cuando entraron en operación (pero las reformas en las plantas y los avances tecnológicos permiten su ampliación).
La propia Teresa Ribera confirmó en el Congreso de los Diputados que mantiene ese tope de 40 años “como referencia” para la clausura. Como referencia. En las últimas semanas la propia ministra ha apuntado que debe estudiarse si la nuclear puede contribuir a los objetivos de descarbonización (las centrales no emiten CO2). Y, como adelantó El Independiente, fuentes próximas a la dirección del PSOE apuestan por un cierre escalonado de las centrales, que haría que algunas de ellas estén en funcionamiento más allá de esos 40 años.
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