Un informe elaborado por el Comisionado para el Despliegue del Autogobierno, que depende de la Generalitat, afirma que la aplicación del artículo 155 de la Constitución durante 218 días tuvo un impacto negativo de 1.800 millones de euros en las cuentas de la administración catalana.

Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu el comisionado encargado de elaborar este trabajo, Pau Villòria, que fue nombrado el 26 de junio de este año para analizar los efectos que había tenido la intervención de la autonomía catalana.

Villòria ha expuesto que la aplicación del artículo se concretó en el cese de 234 cargos de la Generalitat, entre ellos el presidente y todos los miembros del anterior Govern, y ha señalado que supuso "casi anular la capacidad financiera y de ejecución presupuestaria de la Generalitat".