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El Gobierno traerá más de 17.000 inmigrantes para ayudar a pagar las pensiones

Ultima una orden que además prevé la concesión de 1.500 visados para hijos y nietos de emigrantes españoles

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El Gobierno traerá más de 17.000 inmigrantes para ayudar a pagar las pensiones
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí.

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí.

Resumen:

El Gobierno tiene previsto aprobar antes de que acabe el año una nueva orden para regular durante 2019 contrataciones colectivas de inmigrantes desde sus países de origen. Persigue ordenar próximos flujos migratorios ante un incremento de puestos de trabajo difíciles de cubrir con mano de obra residente en territorio español, pero también prepararse para el previsible repunte de las jubilaciones en los próximos años y la consecuente caída de la población activa y de los cotizantes.

La actual normativa decae el próximo 31 de diciembre de 2018, lo que se ha convertido en una oportunidad para el Ejecutivo, como así lo admite en la memoria que acompaña al proyecto de orden propuesta por el Ministerio de Trabajo a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Hasta ahora, la orden se había venido venido prorrogando desde 2012 centrándose casi con exclusividad en la regulación de los procedimientos de la contratación de trabajadores extranjeros de cara a las campañas agrícolas. Descartada la opción de dejar caer la normativa, ya que los agricultores se quedarían sin marco legal para llevar a cabo estas contrataciones de forma ordenada, el Ejecutivo ha estimado necesario proceder a renovarla, pero adaptando la norma a los nuevos retos y necesidades.

Primero en Upday

El Gobierno tiene previsto aprobar antes de que acabe el año una nueva orden para regular durante 2019 contrataciones colectivas de inmigrantes desde sus países de origen. Persigue ordenar próximos flujos migratorios ante un incremento de puestos de trabajo difíciles de cubrir con mano de obra residente en territorio español, pero también prepararse para el previsible repunte de las jubilaciones en los próximos años y la consecuente caída de la población activa y de los cotizantes.

La actual normativa decae el próximo 31 de diciembre de 2018, lo que se ha convertido en una oportunidad para el Ejecutivo, como así lo admite en la memoria que acompaña al proyecto de orden propuesta por el Ministerio de Trabajo a través de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Hasta ahora, la orden se había venido venido prorrogando desde 2012 centrándose casi con exclusividad en la regulación de los procedimientos de la contratación de trabajadores extranjeros de cara a las campañas agrícolas. Descartada la opción de dejar caer la normativa, ya que los agricultores se quedarían sin marco legal para llevar a cabo estas contrataciones de forma ordenada, el Ejecutivo ha estimado necesario proceder a renovarla, pero adaptando la norma a los nuevos retos y necesidades.

Tras consultar con las comunidades autónomas y analizar la información transmitida en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), considera necesario dar cobertura a un mayor número de ocupaciones para las que en estos momentos no existe suficiente mano de obra, prepararse para el creciente envejecimiento de la población activa, y disponerse a facilitar el retorno a hijos y nietos de españoles emigrados décadas atrás.

El Gobierno, que justifica este paso al frente también por la necesidad de “articular vías de migración seguras, ordenadas y reguladas”, tras la experiencia positiva de la contratación de trabajadores en Marruecos para trabajar en campañas agrícolas, y cumplir con los compromisos del Pacto Global de Migraciones, explica que “el análisis del mercado de trabajo y, en concreto, en ciertos sectores específicos, ha puesto de manifiesto la existencia de un cierto repunte de necesidades no cubiertas”.

A ello añade que la situación a corto plazo del mercado laboral “debe ser necesariamente puesto en conexión” con dos elementos más cuyos impactos se dejarán ver en el medio y largo plazo: “Por un lado, la inmigración tiene una clara contribución demográfica. La pérdida de población que ya está experimentando España no es un fenómeno aislado, sino común a otros países. De otro lado, en los próximos años accederán a la jubilación un importante número de los actuales cotizantes”, añade la memoria.

Trabajos dignos

Las ofertas de empleo dirigidas a trabajadores extranjeros no residentes en territorio español podrán ser tanto para puestos temporales como estables y, según se prevé en el texto, deberán contar con una serie de elementos que garanticen su calidad.

En el caso de los puestos temporales, por ejemplo, se contempla la puesta a disposición del trabajador de un alojamiento adecuado durante la vigencia del contrato, debiendo quedar garantizada, en todo caso, la habitabilidad e higiene adecuada del alojamiento.

Además, en los viajes de llegada a España y de regreso al país, el empleador asumirá, como mínimo, el coste del primero de tales viajes.

Más de 17.000 inmigrantes

El texto del proyecto de orden también precisa que las ofertas se orientarán preferentemente a los países con los que España tiene suscritos acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios o con los que suscriba, en su caso, en el periodo de vigencia de la orden, que será de un año.

Y, aunque explica que resulta imposible calcular de antemano el número de autorizaciones que se van a tramita durante 2019 al amparo de la orden que se aprobará, a estos efectos es posible “asimilar la orden a la del año 2018”.

Pues bien, atendiendo a la campaña 2017/2018, hasta el pasado 15 de noviembre se habían concedido 17.544 autorizaciones para contratación en origen, de las que 595 fueron para hombres y el retos, casi 17.000, para mujeres, lo que evidencia la potente herramienta que supone para mejorar la brecha laboral por razón de género.

Retorno de 1.500 hijos y nietos de españoles

Al mismo tiempo, el proyecto de orden contempla la concesión de visados para la búsqueda de empleo dirigido a hijos y nietos de español de origen para el 2019.

De entrada, se prevé para el próximo año un total de 1.500 visados, aunque esta cifra tiene carácter provisional. La Dirección General de Migraciones podrá, a lo largo del año, modificarla, siempre informando previamente a la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, que tiene la última palabra en todos estos procesos.