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La Fiscalía rechaza aplicar la 'doctrina Botín' a los acusados del caso Bankia

El Ministerio Público se muestra reacio a eliminar del proceso a las acusaciones populares, lo que supondría sobreseer la causa contra 30 de los 34 procesados

Los acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, con el expresidente, Rodrigo Rato, en primera fila.

Los acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, con el expresidente, Rodrigo Rato, en primera fila. Europa Press

La Fiscalía cierra el camino de salida al grueso de los acusados en el caso por la salida a bolsa de Bankia. El Ministerio Público ha rechazado este miércoles la aplicación de la llamada ‘doctrina Botín’ a la mayor parte de los procesados en el caso que se instruye estos días en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad de San Fernando de Henares.

La aplicación de la ‘doctrina Botín’ supondría eliminar del proceso a las acusaciones populares, lo que supondría el sobreseimiento de la acusación contra 30 de los 34 procesados, que no han sido acusados por la Fiscalía ni por el Frob. Hasta el momento, el órgano judicial mantiene una acusación por estafa a inversores contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, para el que pide cinco años de prisión; el exvicepresidente, José Luis Olivas, para el que pide cuatro años; el ex consejero delegado, Francisco Verdú, al que reclama dos años y siete meses de cárcel; y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella, al que solicita una pena de tres años.

El Ministerio Fiscal considera que el perjuicio de los hechos que se juzgan no se limitó únicamente al Frob

Sin embargo, la fiscal Carmen Launa ha defendido este miércoles que la ‘doctrina Botín’ no sería aplicable, dado que el presunto perjuicio que se valora en este caso no se limitó únicamente al Frob, ya que las cuentas ahora cuestionadas fueron «objeto de publicidad evidente» y trascendieron al público al ser publicadas en los medios de comunicación.

Una «imagen de solvencia» por la que las acusaciones piden penas de hasta doce años de cárcel para los exdirectivos y el socio auditor y multas millonarias para Bankia, su matriz, BFA y la firma Deloitte, y que según Launa, fue reforzada por el dividendo de 152 millones de euros que ofreció Rato respecto a esas cuentas.

Por ello, ha insistido en que el titular del supuesto perjuicio serían «las cajas y sus partícipes»; además, se ha opuesto a que los acusados puedan ausentarse de las sesiones programadas en aras a garantizar sus derechos, y aunque ha aceptado toda la documentación aportada por las partes, ha pedido que la sala cierre el plazo para entregar nuevos informes.

Sobre la operación, la fiscal ha aseverado que la rebaja en el precio de salida de las acciones de Bankia repercutió de forma negativa en BFA, haciendo irrecuperable el valor de los activos y afectando por consiguiente a la situación de la propia entidad, motivo por el que los inversores que acudieron al parqué en julio de 2011 estarían habilitados para acusar a ambas por vía penal.

En su exposición, Launa ha defendido la «relevancia e interés colectivo» de la presunta falsedad de las cuentas «de la cuarta entidad financiera del país», que puso en riesgo el sistema financiero en su conjunto y que exigió 23.000 millones de euros de rescate.

La Fiscalía Anticorrupción completa así la maniobra iniciada el lunes, cuando anunció la posibilidad de endurecer su acusación, incluyendo un delito de falsedad documental que podría ser extensible al resto de los procesados, lo que ya dificultaba la apelación de éstos a la ‘doctrina Botín’.

La llamada ‘doctrina Botín’ fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y establecía que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.

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