Taxi Barcelona.
El Gobierno aprobó el pasado septiembre un real decreto con el que pretendía poner paz al choque entre taxistas y conductores con licencia VTC -los que emplean las plataformas como Uber o Cabify-. El Ministerio de Fomento aprobaba recortes a la actividad de las VTC con una moratoria de cuatro años (fundamentalmente la de impedir en el futuro que hagan trayectos urbanos) y cedía las competencias para regular el sector a las comunidades autónomas.
Desde entonces, el enfrentamiento no ha hecho más que enconarse. Con todo el sector del transporte de pasajeros en pie de guerra para reclamar más o menos restricciones a los gobiernos regionales en las nuevas regulaciones.
En plena huelga de taxistas (en Madrid, la de Barcelona ha quedado desconvocada tras lo que parece una cesión de la Generalitat a a las presiones de los taxistas), la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) emite un informe sobre el decreto de marras y lo hace para abroncar al Ministerio de Fomento por no justificar “convenientemente” los recortes al negocio de Uber y Cabify.
“Estas restricciones no han sido convenientemente justificadas desde la óptica de los principios de necesidad y proporcionalidad, dentro de los cuales no pueden incluirse motivaciones de tipo económico”, concluye la CNMC en el informe publicado este jueves, cuatro meses después del decreto del Gobierno y tres meses después de ser convalidado por el Congreso.
Y es que el organismo presidido por José María Marín Quemada, muy crítico en los últimos años con las normas nacionales, regionales o municipales que frenan la actividad de las VTC, entiende que “estas nuevas restricciones sobre la competencia incidirán negativamente sobre el servicio prestado a los usuarios finales, elevando los precios del transporte urbano e interurbano, reduciendo su disponibilidad y aumentando los tiempos de espera para los usuarios, reduciendo la calidad del servicio prestado y desincentivando la innovación de taxis y VTC”.
El regulador sí que considera que "estos potenciales efectos podrían mitigarse" si las Comunidades Autónomas son capaces de crear una regulación que "tenga en cuenta las ventajas que la competencia genera en los ciudadanos",
Efectos negativos
El decreto ley que redactó Fomento y que se aprobó en el último Consejo de Ministros del mes de septiembre, sobre la bocina por las presiones del taxi para volver a la calle, no gustó al regulador.
Considera el órgano que afectará "negativamente" tanto a la competencia en el ámbito urbano como en el interurbano, y apuntan a que "es previsible que sus efectos se manifiesten antes de los cuatro años que quedan para que entre en vigor". "En un contexto de incertidumbre regulatoria, y conforme se vaya acercando el fin del periodo transitorio, los operadores VCT carecerán de incentivos para innovar", critican.
Desde la CNCM también apuntan a que la eliminación de la regla de habitualidad -la que dicta que un VTC tiene que prestar el 80% de sus servicios en su Comunidad Autónoma- va a "reducir la competencia en todas las CCAA".
Hasta ahora, lo habitual es que muchas VTC de zonas con poca demanda pero con cercanía a otra que tuviera picos intermitentes pudieran desplazarse para cubrir la demanda. "La medida servía para atender incrementos previsibles y asimétricos de demanda", algo que no será posible una vez que acabe el plazo de cuatro años establecido por Fomento.
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