La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la ley más importante del año, han trascendido definitivamente el ámbito económico para ser abiertamente una moneda de cambio política que incluso se mezcla a día de hoy con elementos judiciales. Siempre es así, de una forma más o menos velada. Las cuentas anuales son un terreno de contienda en el que los partidos nacionalistas tratan de obtener beneficios para sus territorios mientras la oposición destaca esos agravios entre comunidades.
Sin embargo, la negociación de los Presupuestos de 2019 ha superado con creces esa costumbre para convertirse en la palanca del pulso soberanista de Cataluña, en tanto que las formaciones independentistas condicionan su aprobación a cuestiones extraparlamentarias como lograr que la Fiscalía rebaje sus acusaciones a los acusados por el procés y que el Gobierno se avenga a negociar la celebración de un referéndum de autodeterminación. Todo ello sin perder de vista que los Presupuestos son el elemento que decidirá si continúa la legislatura -en el caso de que se tramiten- o si se adelantan elecciones si el Congreso los devuelve al Consejo de Ministros.
Hasta tal punto es así que, a tres días de que el Pleno del Congreso de los Diputados afronte el debate de las enmiendas de totalidad, que previsiblemente presentarán PP, Ciudadanos, Foro Asturias y ERC, el Gobierno descarta llevar más lejos las negociaciones puramente económicas con los independentistas para tratar de conjurar el veto a las cuentas con la promesa de transaccionar modificaciones en el debate de enmiendas parciales.
Según fuentes consultadas por El Independiente, el departamento que dirige María Jesús Montero ya observa el devenir de las negociaciones con los independentistas desde la barrera. Reconocen que, por ahora, las bazas económicas se han agotado y que solo queda esperar a la vía política.
En todo caso, precisan que cabe seguir negociando en términos económicos "solo después" de que el Gobierno se sobreponga a todas las propuestas de veto a las cuentas y llegue el momento de las enmiendas parciales. "No hay margen en lo económico para evitar una enmienda a la totalidad. Si se supera el trámite, será el momento de abordar estos temas", explican.
Así es que, cuando Montero señalaba este martes que, "evidentemente", si los partidos independentistas quieren, el Gobierno seguirá con el diálogo en los próximos días para conseguir aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, se refería únicamente al diálogo sobre las reivindicaciones políticas del Govern.
No obstante, Montero aún quiere amarrar los apoyos con los que ve posible contar, para lo que este martes se ha reunido con el diputado de Coalición Canaria Fernando Clavijo. Además, Hacienda seguirá manteniendo también contactos bilaterales con los representantes de En Marea con la idea de poder contar con su apoyo.
La negociación política
Por la vía que aún sigue viva, la de la negociación puramente política de los Presupuestos, el PSOE se abre a introducir la figura de un coordinador en la mesa de partidos que el Gobierno y la Generalitat intentan impulsar para vehicular una propuesta política al conflicto existente con el independentismo catalán a cambio de su apoyo a los Presupuestos.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha aceptado este martes la figura de un coordinador en la mesa de diálogo político con los partidos independentistas sobre la situación en Cataluña, pero ha rechazado que esta persona pueda considerarse un mediador.
“No hacen falta mediadores ni para el Gobierno ni para el Partido Socialista. Si acaso alguien que pueda tomar nota, convocar, que nos pueda coordinar” en esa mesa de “diferentes partidos”, pero “no hacen falta mediadores”, ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.
Por su parte, la portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, ha confirmado que la Generalitat ha remitido una propuesta de mediadores “de perfil internacional” que podrían actuar como “notarios” en la negociación con los partidos independentistas que ERC y PDeCat han puesto como condición para permitir la tramitación de los Presupuestos.
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