Economía | Pensiones

El Pacto de Toledo ultima un acuerdo para cerrar el agujero de las pensiones en 2025

Plantea sacar financiar con impuestos gastos que actualmente soporta la Seguridad Social, como las políticas de empleo o ciertas prestaciones asistenciales

La presidenta del Pacto de Toledo, Celia Villalobos.

La presidenta del Pacto de Toledo, Celia Villalobos. Europa Press

El Pacto de Toledo trabaja a contrarreloj. Tiene hasta el próximo día 5 de marzo, antes de que se disuelvan las cámaras y se inicie la carrera preelectoral, para aprobar las recomendaciones que deben guiar ulteriores reformas del sistema público de pensiones.

En estos momentos, el texto está muy avanzado, aunque quedan flecos por cerrar y fuentes cercanas a la comisión permanente esperan que la irrupción de las elecciones no disparen nuevas estrategias políticas que puedan dar al traste con los trabajos del Pacto de Toledo.

Por lo pronto, los borradores que manejan los portavoces, a los que ha tenido acceso El Independiente, recogen una defensa férrea del actual sistema de reparto y solidaridad, y recogen una serie de medidas de corto plazo para sacar de la Seguridad Social gastos que no le son propios para que sean financiados directamente con impuestos, y lograr así cerrar el déficit del sistema, que ronda los 19.000 millones de euros, antes de 2025.

De este modo, no solo se pretende sanear las cuentas y lanzar un mensaje de confianza a la ciudadanía, ante la extendida creencia de que las pensiones públicas sucumbirán al envejecimiento.  También se pretende poner fin cuanto antes a las disposiciones de deuda del Tesoro para financiar parte de las pensiones, dado que los niveles actuales son muy elevados –sigue rozando el 100% del PIB– y hacen muy vulnerable a la economía española.

Antes de entrar en cuestiones como la revalorización de las pensiones con el IPC real (la recomendación 2, pactada el pasado otoño); la integración y convergencia de regímenes o la edad de jubilación, las recomendaciones, a la espera de que se puedan cerrar en tiempo y forma, cuentan con una primera parte introductoria (recomendación 0), en la que se fijan una serie de «líneas rojas» de cara a futuras reformas. De entrada, se plantea un «rechazo, por razones sociales y técnicas, a la sustitución de un sistema de reparto y solidaridad intergeneracional».

Esta oposición se extiende a cualquier idea para «limitar el sistema público de pensiones a la simple provisión de pensiones mínimas; o también a descartar la transformación en profundidad del actual sistema público de  pensiones con reformas, de tal magnitud que lo hiciesen irreconocible».

Además, insiste en que cualquier cambio al que se someta el sistema público de pensiones debe ser acometido «en un marco de acuerdo político y con el necesario respaldo social», y añade que la confianza en el sistema de público de pensiones no debe brindarse únicamente a los actuales pensionistas, sino también los jóvenes y demás trabajadores activos.

¿Cómo cerrar el déficit de las pensiones?

La respuesta es separando las fuentes de financiación, un camino ya marcado por el Pacto de Toledo en recomendaciones previas y en el que se profundizó con la financiación de los complementos a mínimos vía Presupuestos en 2013.

Más aún, el borrador precisa que la asunción de gastos impropios por parte de la Seguridad Social es el verdadero gérmen del actual déficit de las pensiones, por eso apuesta por volver a discernir las fuentes de financiación. Eso sí, respetando la naturaleza jurídica de las prestaciones, de forma que el paso de ciertos gastos de la caja de las cotizaciones a la de las transferencias del Estado no suponga «parcelar» el sistema y que las pensiones afectadas dejen de estar reguladas como lo están ahora. Eso podría hacer que, por ejemplo, prestaciones no contributivas acabaran al albur de la política presupuestaria de turno.

Dicho esto, el borrador considera que la financiación de cada prestación debe adecuarse a la naturaleza de la protección, de modo que las prestaciones no contributivas –complementos a mínimos, ayudas por hijo a cargo o a personas con discapacidad– y los servicios de carácter universal –sanidad o servicios sociales– se financien a través de la aportación del Estado a la Seguridad Social.

Todo ello, sin perjuicio de que las prestaciones contributivas, como las de jubilación, aun manteniendo las cotizaciones sociales como fuente básica de su financiación, puedan ser costeadas con impuestos para garantizar la solvencia del sistema y la suficiencia de dichas prestaciones.

¿Qué gastos podrían sacarse de la Seguridad Social?

En este punto, el Pacto de Toledo muestra que ha tomado buena nota de las recomendaciones formuladas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

En primer término, cita las políticas de empleo, que actualmente suponen un coste para el sistema a través de las reducciones en la cotización para incentivar la contratación.

También pone en la diana las propias cotizaciones de las que se nutren las pensiones, porque actualmente una fracción de las mismas se destina a financiar la formación profesional, y considera que las aportaciones al sistema tampoco deberían destinarse a pagar los subsidios de desempleo.

El borrador también considera cargas financieramente impropias del sistema contributivo las ayudas a sectores productivos concretos a través de la anticipación de la edad de jubilación, como es el reciente caso de los policías locales; el tratamiento favorable de la cotización en algunos regímenes, como el Régimen Especial del Mar, o sistemas especiales, como el agrario por cuenta ajena.

Otra opción que se plantea es revisar las cotizaciones reducidas que se ofrecen en los contratos de formación y aprendizaje, y toda la acción protectora relacionada con la maternidad y la paternidad y las situaciones asimiladas al alta por cuidado de familiares, situaciones todas ellas que se siguen sufragando con cotizaciones sociales.

Por último, el documento precisa que el mismo camino debería tomarse en el caso de las pensiones de viudedad para mayores de 65 años sin trabajo ni rentas, que son puramente asistenciales.

En cuanto al plazo en el que podría completarse esta migración de costes, el borrador habla de un paso progresivo que permita acabar con el déficit financiero de la Seguridad Social y con la política de préstamos del sistema en un plazo breve de tiempo, «que no podrán exceder el año 2025».

Mejorar la contributividad

Por el lado de las cotizaciones, el documento pone el foco en la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora de las pensiones, que finalizará en 2022, tal y como se estableció en la reforma de 2013. En este sentido, llama a tomar medidas para blindar la proporcionalidad de las pensiones respecto a lo cotizado.

No obstante, advierte de que muchos trabajadores, en función de su carrera profesional, pasan por periodos de desempleo y precariedad, por lo que abre la puerta a la posibilidad de ampliar ese periodo, incluso hasta toda la vida laboral, o a que cada pensionista elija sus mejores años de cotización.

El IPC y otras recomendaciones

Hasta aquí, todo tiene que ver con la solvencia del sistema. ¿Y qué pasa con la suficiencia de las pensiones? El borrador incluye la famosa recomendación 2, sobre la revalorización de las prestaciones, que sostiene que el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de los pensionistas debe ser la subida de sus pensiones «en base al IPC real», al margen de que subidas por encima de la inflación se puedan pagar discrecionalmente con impuestos. En cualquier caso, esta recomendación queda abierta para un debate más profundo en el seno del Pacto de Toledo.

Edad de jubilación

En materia de edad de jubilación, el Pacto de Toledo apuesta por alargar la edad efectiva de jubilación para contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para lograr que se aproxime cada vez más a la edad legal de jubilación, propone fomentar la permanencia de los trabajadores en activo explorando incentivos sociales, fiscales y laborales.

Por otro lado, la Comisión insta a profundizar la ordenación de los regímenes de cotización para llegar a tan sólo dos grandes en los que queden incluidos los asalariados y los autónomos, ambos con cotizaciones y una protección social equiparable.

Por ello, recomienda seguir avanzando en la puesta en marcha de un sistema de cotizaciones por ingresos reales para los autónomos, acompañado de incentivos que abran la posibilidad de la jubilación anticipada o el trabajo a tiempo parcial para estos trabajadores.

Al mismo, tiempo el Pacto de Toledo urge a mejorar por ley la protección de los derechos y llama a endurecer las inspecciones para evitar abusos dada la «situación de debilidad» que padecen.

 

 

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