Hace ahora una década, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creó una nueva tasa para financiar la radio y televisión públicas tras su decisión de que RTVE renunciara a la publicidad como vía de ingresos.
Una tasa que tendrían que pagar, singularmente, las televisiones privadas (destinando un 3% de sus ingresos brutos) y las operadoras de telecomunicaciones que den servicios a hogares siempre que también tengan plataformas de televisión u otros sistemas en los que incluyan publicidad (con un 0,9% de sus ingresos).
Las tres grandes telecos concentran el 70% de la recaudación total por la tasa audiovisual
Tras varios recursos legales en diferentes instancias, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como el Tribunal Supremo español avalaron la imposición de tasas a operadores privados para financiar los medios de comunicación estatales. Pero las telecos han vuelto a la carga para frenar la imposición de una tasa que consideran una “discriminatoria”, “desproporcionada” e “injusta”.
Las tres grandes telecos que operan en España –Telefónica, Orange y Vodafone-, que son las que tienen también con plataforma de TV de pago, asumen el 70% del importe total recaudado con la tasa. Las compañías abonaron el año pasado casi 150 millones de euros por operadores de telecomunicaciones y por operadoras de televisión de pago, y este año la cifra se elevará hasta cerca de 160 millones.
En un nuevo intento de tumbar la tasa, las telecos han presentado nuevos recursos contra las autoliquidaciones del tributo ante la Audiencia Nacional por el muy desigual reparto del gravamen entre las compañías. La Audiencia tiene en suspenso su decisión tras formular una cuestión prejudicial al TJUE y otra cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre este asunto. Una vez que ambas instancias superiores resuelvan sendas peticiones, la Audiencia Nacional podrá pronunciarse sobre el asunto.
Las operadoras aspiran a que, si se mantiene la tasa, la paguen también los gigantes Netflix, HBO o Amazon
Fuentes del sector de las telecomunicaciones advierten de que el resultado del caso puede acabar obligando al Estado a la devolución a las operadoras de todo lo abonado mediante esta tasa, y que asciende a 1.200 millones de euros en la última década. No obstante, la posición al respecto no es unánime y algunos directivos de las telecos ven improbable que los tribunales acepten la retroactividad y se devuelvan los importes.
“Todo está impugnado desde la primera liquidación realizada en 2010”, indican fuentes jurídicas. “El TJUE y el TC pueden tardar uno o dos años en pronunciase. Mientras el problema no deja de engordar porque las telecos siguen pagando”. Un problema que, en cualquier caso, se lo encontraría el siguiente Gobierno que salga de las elecciones del 28-A.
Si la Audiencia Nacional decide estimar los recursos de las compañías y tumba el reparto del gravamen, las telecos pueden encontrarse con la devolución de los importes pagados. Un proceso que sería también largo, previsiblemente pasando previamente por el Supremo. Y sería el Alto Tribunal el que debería determinar si la recuperación de los pagos está justificada o simplemente se deja de aplicar la tasa pero no se obliga a reintegrar el dinero por el impacto que tendría en las cuentas públicas.
A la espera de que los tribunales españoles se pronuncien, la telecos pueden encontrar otra vía para ver recortada la factura que asumen para mantener a RTVE. Y es que la nueva directiva europea del sector audiovisual contempla que las plataformas de televisión online, como Netflix, HBO, Amazon o Sky, asuman también tasas como lo hacen las operadoras, equiparando a las compañías over the top (OTT) con el resto de cadenas y plataformas en el pago de impuestos.
“A las operadoras nos parece discutible de por sí la justificación de la tasa para financiar RTVE. Pero si se mantiene, lo tendrán que hacer todos los operadores para repartir la carga. Por qué lo pagan unos y otros no”, dicen fuentes del sector teleco. “Habrá que quitar la tasa o repartirla mejor. O eliminarla o que haya un reparto coherente. Es imposible decir que sea justo que el 70% de la tasa la paguen sólo tres operadores”.
Cambiar toda la fiscalidad
Además de las quejas por la tasa de RTVE, desde el sector de las telecomunicaciones se alerta de que el conjunto de la fiscalidad que soportan las compañías es “discriminatoria” y “penaliza la actividad” de las empresas. Y es que el de las telecos, advierten, es un sector en que los resultados de las compañías no es lo que más determina su carga fiscal (como sucede con el Impuesto de Sociedades), sino que el grueso de sus pagos fiscales se desvinculan a la evolución del negocio.
Vodafone ya advertía en la jornada de DigitalES, por voz de su directora de Legal y Regulación, Elena Otero-Navas, que el sector de las telecomunicaciones asume un nivel desproporcionado de cargas por las tasas municipales por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Las operadoras concentran el 10% del total de la recaudación del país por el IAE, cuando sólo representan un 2,9% del PIB. La directora fiscal de Orange España, María del Olmo, criticaba la pasada semana que las telecos soportan una doble imposición al apagar tanto por sus abonados de fijo como por el de móvil (en el caso de las tarifas convergentes, cada vez más extendidas, se trata del mismo cliente). "La situación fiscal de las operadores es inasumible e inaceptable"
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