Fachada de la sede del Banco de España, en Madrid.
El Banco de España ha publicado su informe anual correspondiente al ejercicio 2018 y lo ha hecho dos días después de que hayan finalizado todos los procesos electorales previstos para este año. Comicios en los que ha quedado clara una cuestión: el panorama político está fragmentado. Esta realidad no es ajena al banco emisor que, ante este panorama, ha retomado su llamada a cerrar una reforma de calado del sistema público de pensiones para hacerlo viable y solvente, ahora que lo que toca es volver a construir gobiernos en todos los niveles, pero teniendo en cuenta que quizás el pacto necesario tenga que suscribirse con una menor exigencia de consensos.
Se trata de un mensaje directo al Pacto de Toledo, que con la irrupción de Vox y la salida de nombres tan relevantes como el del portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, se asoma a un nuevo curso político en el que la urgencia de un pacto en pensiones tiene la misma envergadura que la incertidumbre que arroja la atomización del Parlamento.
Entre la urgencia y el realismo, el Banco de España señala en su informe que a medida que avanza el envejecimiento, su efecto sobre las finanzas públicas se irá haciendo cada vez más patente. Las estimaciones que manejan todos los servicios de estudios, analistas y expertos atisban a un incrementos del gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración en las próximas décadas.
Por ello, y en tanto el déficit de la Seguridad Social sigue superando los 18.000 millones y explicando la mayor parte del 'agujero' fiscal de España, el Banco de España llama a adoptar medidas de calado que, previsiblemente, afectarán tanto a los ingresos como a los gastos.
En este marco, el Banco de España lamenta que las últimas medidas adoptadas en materia de pensiones, como la vuelta a la revalorización de las prestaciones con el IPC desde 2018 o la suspensión de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, han venido a eclipsar los efectos de las reformas de 2011 y 2013, que incluían algunos elementos de ajuste que "permitían contrarrestar de manera significativa el efecto del incremento esperado" del peso de la población envejecida.
Solo la indexación de las pensiones al IPC de forma permanente --de momento solo se ha pactado para los años 2018 y 2019-- generará un incremento adicional del gasto superior a tres puntos porcentuales del PIB en 2050, unos 3.500 millones de euros, según cálculos del Banco de España.
Las recetas del Banco de España
Para conjurar este escenario, el Banco de España llama a adoptar medidas tanto de gasto como de ingresos, entre las que únicamente concreta un mayor alineamiento de la edad de jubilación efectiva y la referencia legal.
En todo caso, la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos llama a abordar toda reforma desde la equidad intergeneracional y la sostenibilidad intertemporal del conjunto de los ingresos y de gastos públicos, y considera que toda reforma debe velar por que las pensiones sean suficientes. Esto no quiere decir otra cosa si no que las pensiones deben salvaguardar un nivel mínimo de ingresos, pero que en aras de la sostenibilidad del sistema, el coste de hacerlo sostenible debe recaer por igual entre todas las generaciones.
Esto podría llevar, por ejemplo, a una rebaja de las pensiones iniciales, pero también un aumento de la imposición que soportan las generaciones más jóvenes.
La dificultad del consenso
Ahora bien, el Banco de España lleva tiempo avisando de que, en un contexto de envejecimiento progresivo de la población, la adopción de medidas de cambio suelen tener que hacer frente a resistencias crecientes. Es decir, que cuanto más tiempo pase, el aceptación de una reforma de las pensiones será cada vez más difícil.
En este sentido, las mismas fuentes recuerdan que en los últimos compases de la pasada legislatura, el Pacto de Toledo acarició un acuerdo sobre más de una veintena de recomendaciones para reformar el sistema público de pensiones y poder suturar el déficit de la Seguridad Social en pocos años, antes de que tuviera que poner a prueba su solvencia ante la oleada de jubilaciones de los trabajadores hijos del 'baby-boom'. Sin embargo, una enmienda a la totalidad de Unidos Podemos en el tiempo de descuento desbarató el consenso.
Ahora, señalan desde el Banco de España que "es necesario hacer algo" y que a la vista del último capítulo del Pacto de Toledo cabe el optimismo, como también opina el Gobierno. No obstante, avisa de que no es necesario "hacer descansar el Pacto de Toledo en un consenso absoluto". "Si hay un consenso relativamente amplio debería ser suficiente para tomar decisiones", añade.
El papel de la banca
Por otro lado, el Banco de España se va alineando poco a poco con el sector asegurador, y ve parte de la solución más claramente en hacer líquida la enorme bolsa de ahorro en manos de los españoles que permanece invertido en viviendas en propiedad.
Según el banco emisor, a medida que los trabajadores se van jubilando es importante que cuenten con nuevos productos financieros, como las hipotecas inversas, que puedan hacer líquida esa inversión para completar las pensiones públicas, en tanto que la contratación de productos como los fondos de pensiones no acaba de despegar ni siquiera en el actual momento de alerta sobre el futuro del sistema.
"Un país que envejece a ritmos elevados y al que le gusta tener casas en propiedad y un sistema de pensiones público es un terreno perfecto para intentar ser más novedosos y contar con un catálogo de productos que ofrecer a los mayores para que en sus últimos años puedan tener una relación entre la riqueza inmobiliaria y la liquidez más equilibrada".
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