La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vuelve a mover ficha por  el fiasco del almacén submarino de gas. El supervisor ha acordado exigir que Escal, la concesionaria del proyecto controlada por ACS, y los bancos que asumieron los derechos de cobro de la deuda que quedó pendiente tras paralizarse la instalación –Santander, Caixabank y Bankia- devuelvan los 368,4 millones cobrados por el almacén.

Escal UGS tendrá que devolver 195 millones; Santander, 71,9 millones; Caixabank, 48 millones; Bankia, 21,1 millones; y Enagás Transporte, 32,4 millones. Cantidades que se cargaron a las facturas de todos los clientes de gas natural al tratarse de pagos correspondientes a actividades reguladas del sector del gas.

El Tribunal Constitucional anuló en diciembre de 2017 el sistema ideado por el Gobierno para cargar al sistema gasista los 1.350 millones de euros de indemnización pagados por el Ejecutivo a Escal UGS. La CNMC ya ordenó entonces que se dejará de pagar a Santander, Caixabank y Bankia por la deuda asumida para cubrir esa indemnización, a razón de unos 6,7 millones al mes, y que se iban a seguir cargando durante 30 años. Y ahora da un paso más y reclama que tanto los bancos como la concesionaria y Enagás devuelven todo lo que habían cobrado con anterioridad.

La deuda que acabó en los bancos

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona. Y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67 %- a la concesión de la instalación.

Como consecuencia de ello, el Ejecutivo estableció una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años. La deuda primero se transmitió a Enagás, y la compañía la titulizó y la traspasó a Santander, Caixabank y Bankia, que hasta hace unos meses recibían los pagos a través de las liquidaciones de la CNMC.

Santander es el que más deuda asumió en la operación, con 700 millones; Caixabank adquirió derechos de cobro por 473 millones, y Bankia por otros 200 millones de euros. Pero en total, por los intereses que s acumularían durante los 30 años de pago diferido, la factura total durante las tres décadas superaría en realidad los 2.400 millones de euros.