La ministra de Economía, Nadia Calviño.
El Gobierno de Pedro Sánchez da otro giro en la creación de un impuesto específico para los gigantes tecnológicos. El Ejecutivo quiso aprobar la denominada ‘tasa Google’ de manera unilateral en España la pasada legislatura, pero el no a los PGE y la convocatoria de elecciones impidieron su creación.
En plenas negociaciones de investidura de un nuevo Gobierno, el Partido Socialista cambio de posición y apostó entonces por la creación una tasa en el marco de la Unión Europea o de la OCDE, cerrando la vía de instaurarlo por su cuenta en España. Apenas unos días después, hay otro volantazo o una nueva posición con cambios de calado.
Y es que ahora el Gobierno socialista, en funciones, apuesta por implantar la tasa Google de manera unilateral en España en caso de que finalmente no haya acuerdo en la UE o en la OCDE para impulsarla de manera simultánea en varios países para hacer la más efectiva. Un postura renovada que llega después de que Francia haya decidido crear por su cuenta su propia tasa tecnológica.
Ha sido la ministra de Economía, Nadia Calviño, la que ha precisado que lo “ideal” es que se alcance un acuerdo a nivel global para hacer que los gigantes tecnológicos tributen en todos los países en que opera y no sólo en los que centralizan sus operativas en búsqueda de ventajas fiscales.
Pero eso es lo ideal, y en caso de que no haya pacto en la UE o en la OCDE, el Gobierno actuará “a nivel nacional”, ha dicho en declaraciones a la prensa tras intervenir en el congreso de la patronal tecnológica DigitalES. "El Gobierno no descarta actuar y abordar la implantación de esa tasa sobre determinados servicios digitales, pero ello no es incompatible con que sigamos apoyando e impulsando el que se logre un acuerdo en el ámbito europeo o el ámbito mundo”, ha sentenciado.
Calviño, que es una de las voces que internacionalmente más se ha mojado en defensa de la denominada “fiscalidad del siglo XXI”, ha remarcado que uno de los principales retos que plantea la revolución digital y sobre todo la creación de las nuevas grandes plataformas mundiales es cómo abordar un sistema fiscal que refleje adecuadamente dónde se produce el valor añadido, que hasta ahora estaba donde se producían los bienes y hoy en día también deriva de los datos que generan los ciudadanos.
El Comité Ejecutivo del PSOE aprobó la pasada semana un documento para trasladárselo a Unidas Podemos, en plena negociación de cara a la investidura de Pedro Sánchez, en el que abogaba por la creación de este impuesto en el ámbito de Unión Europea. Hace apenas cuatro meses, en cambio, los países de la UE renunciaron a la creación del tributo a las multinacionales digitales por la oposición de Suecia, Dinamarca, Irlanda y Finlandia.
El golpe de los 1.200 millones
El Gobierno de Pedro Sánchez pretendía dar un hachazo fiscal a los gigantes tecnológicos que operan en nuestro país a través de los presupuestos generales del Estado (PGE) que el Congreso acabó por rechazar, lo que llevó al Presidente a disolver las Cortes y convocar elecciones. El Ejecutivo quería que en los PGE de 2019 se incluyera ya la denominada tasa Google, un tributo específico para grandes grupos de la economía digital.
La previsión del Gobierno es que la recaudación de la conocida popularmente como tasa Google se eleve hasta los 1.200 millones de euros al año, una cifra que a todo el sector tecnológico y a buena parte de la oposición política les pareció siempre exagerada e inalcanzable.
El nuevo tributo sólo tenían que pagarlo las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España que superen los 3 millones de euros. Google, Amazon, Facebook, Apple… eran algunos de los gigantes que tendrían que tributar más en España.
El impuesto gravaba al tipo del 3% los servicios de publicidad e intermediación online y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
El impuesto digital era, de hecho, una herencia recibida del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ya pretendía haber empezado a aplicarlo en los anteriores PGE. La previsión de Montoro pasaba por recaudar 600 millones el año pasado, pero teniendo en cuenta que sólo se iba a aplicar en la segunda mitad del año. La estimación del actual Gobierno de ingresar 1.200 millona al año venía pues a replicar los cálculos del Ejecutivo anterior.
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