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Del Valle niega interés en controlar Popular aunque se preparaba para liderar otra ampliación

El empresario rechaza haber intervenido en la salida de Ángel Ron de la presidencia y su sutitución por Emilio Saracho

El empresario mexicano de origen asturiano Antonio del Valle.

El empresario mexicano de origen asturiano Antonio del Valle. EFE

El empresario mexicano Antonio del Valle ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional que tuviera interés en hacerse con el control de Banco Popular. El que fuera el máximo accionista de la entidad, con un 4,28% del capital, ha salido así al paso de las acusaciones de que orquestó diversos movimientos en la entidad con el fin de rebajar el valor del banco para hacerse con su control a un precio limitado.

Sin embargo, y pese a ese supuesto desinterés, Del Valle sí ha admitido que, junto al empresario chileno Andrónico Luksic, estaba preparado para suscribir hasta el 50% de una ampliación de capital por valor de 3.000 millones de euros que había sido planteada por Deutsche Bank en el se

La declaración de Del Valle ante el juez José Luis Calama era una de las más esperadas en esta fase de la instrucción, por estar considerado como una figura clave en la crisis interna que provocó la destitución de Ángel Ron al frente del banco y su sustitución por Emilio Saracho.

El empresario ha negado sus vínculos con Reyes Calderón aunque reconoció que le visitó en México

En cambio, el empresario mexicano ha negado estar detrás de estos movimientos e incluso ha negado haber mantenido una relación estrecha durante esos meses con la expresidenta de la Comisión de Nombramientos, Reyes Calderón –otra pieza clave en el relevo de Ron-, a pesar de que ésta fue a visitarle a México.

También ha desmentido haber jugado un papel relevante en la elección de Saracho, al que aseguró haber conocido a través del que fuera presidente de JP Morgan en México Eduardo Cepeda. En cualquier caso, defendió que se trataba de

Como era de esperar, el discurso de Del Valle no ha servido para dirimir en el enfrentamiento entre los dos expresidentes de Popular Ángel Ron y Emilio Saracho. Respecto al mandato del primero, Del Valle volvió a insistir en que contó con poco tiempo para evaluar la ampliación de capital que el banco ejecutó entre mayo y junio de 2016, pero admitió que decidió respaldarla porque consideró que era la mejor opción y, de hecho, aportó 100 de los 500 millones que puso el consejo en aquella operación.

Del mandato de Saracho, por su parte, Del Valle hizo mención a la filtración de informaciones negativas sobre el banco pero sólo para desmentir cualquier participación o conocimiento de los responsables de las mismas.

En cambio, el dedo acusador del empresario mexicano se dirigió contra las autoridades bancarias españolas y europeas. Especialmente duro fue con la Junta Única de Resolución (JUR) y su presidenta Elke König -a la que se ha referido como «esa señora de Europa»-, a la que ha acusado de provocar con sus declaraciones la fuga de depósitos que provocó la caída de la entidad.

Del Valle insiste en que es «incomprensible» la resolución de una entidad que fue en todo momento solvente

En su opinión, que concuerda con lo señalado en el informe de los peritos del Banco de España, Banco Popular fue un banco solvente hasta el último momento, por lo que considera «incomprensible» la decisión adoptada por las autoridades de resolver un banco que simplemente se enfrentaba a dificultades puntuales de liquidez.

Aunque en esta causa figura como investigado, Del Valle está personado en la vía administrativa, tanto en España como en Europa, como perjudicado por la resolución. De hecho, los ministerios de Justicia y Economía, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han acordado defender los intereses nacionales ante las denuncias presentadas por Del Valle, que junto a otros accionistas reclaman 470 millones en un arbitraje internacional.

Anteriormente, el magnate ya había presentado un recurso legal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), contra la decisión del organismo que preside König, que conllevó la venta del Popular al Santander por el precio de un euro y la amortización o reducción a cero de las acciones y deuda subordinada de la entidad.


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