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El juez acelera la imputación del jefe de Seguridad de Iberdrola tras recibir datos de la propia eléctrica

Iberdrola

Miembros de Iberdrola eludieron los mecanismos de control de la compañía para contratar los servicios privados del comisario en prisión provisional José Manuel Villarejo. Eso trasladarían los primeros documentos que el juez del caso Tándem, Manuel García-Castellón, ha recibido por parte de la compañía respecto a los contratos que firmó con el comisario en prisión preventiva y que han acelerado la imputación de su ex jefe de Seguridad, Antonio Asenjo.

El instructor ha pedido a la eléctrica todas las facturas de los encargos a la empresa privada Cenyt del comisario Villarejo entre los años 2004 y 2017, a la vez que ésta ya ha entregado al Juzgado los primeros datos de la última investigación interna que inició en octubre, según confirman fuentes jurídicas a El Independiente.

La información recabada en dicho control interno, los audios entre Asenjo y Villarejo publicados por Moncloa.com y El Confidencial y sobre todo la investigación policial alrededor de las grabaciones incautadas a Villarejo en sus domicilios ha llevado al instructor a citar como investigado a Asenjo, responsable de Seguridad de la compañía hasta el mes pasado y enlace directo entre Iberdrola y el comisario investigado.

Según las informaciones desveladas por los dos diarios mencionados, la empresa del Ibex 35 habría pedido al comisario ahora en prisión preventiva un trabajo de espionaje alrededor del presidente de ACS, Florentino Pérez. Un encargo con el que la eléctrica buscaba vías para frenar el intento de ACS entrar en el consejo de administración de Iberdrola en plena batalla por el control de la compañía.

La publicación de estas informaciones ha llevado al también presidente del Real Madrid a solicitar personarse como perjudicado en la pieza 17 del caso Tándem, secreta, en la que se investigan los contratos entre Iberdrola y Villarejo.

El Independiente publicó en octubre de 2018 las facturas de algunos de los trabajos que Villarejo realizó desde su empresa privada no sólo para Iberdrola, sino también para otras empresas que cotizan en la Bolsa española como Repsol, Banco Santander o La Caixa.

Depurar responsabilidades

La última investigación interna de Iberdrola, la tercera en un año, arrancó el 10 de octubre tras las mencionadas publicaciones periodísticas para rastrear todos los contratos con Cenyt y para dirimir posibles incumplimientos del código ético y de las exigencias de gobierno corporativo por parte de empleados.

Una “nueva y exhaustiva investigación interna”, según destacaron, que está comandada por la directora de Cumplimiento de Iberdrola, María Dolores Herrera. Dicha unidad tiene como misión la “prevención de delitos, corrupción y fraude” de la compañía, de sus administradores y sus empleados.

“Si a consecuencia de esta investigación se demuestra que se han eludido los procedimientos de control de Iberdrola, la empresa adoptará todas las medidas necesarias de acuerdo con los procedimientos establecidos”, subrayó la eléctrica. Un día después de conocerse el inicio de dicha investigación, fue cesado el jefe de Seguridad y hombre de confianza de Ignacio Sánchez Galán, Antonio Asenjo.

Iberdrola ya ha desarrollado previamente dos investigaciones internas, una en noviembre de 2018 y otra en julio de 2019. Según la compañía, ambas investigaciones determinaron, por un lado, que se habían contratado 17 servicios de tipo ordinario y propios de la Dirección de Seguridad Corporativa entre los ejercicios 2004 y 2017; y, por otro, que en el proceso de contratación y posterior pago de dichos trabajos se habían aplicado correctamente todos los controles y procedimientos internos de Iberdrola.

A las investigaciones internas se suma otras pesquisas en profundidad (informe forensic) encargadas a la consultora PwC, la misma que ha elaborado en los últimos meses una investigación similar sobre las relaciones entre BBVA y las sociedades del ex comisario Villarejo. PwC se ha comprometido a elaborar con mucha celeridad el informe con el objetivo de tenerlo antes de final de año, pero podría adelantarse y sus conclusiones son inminentes, según fuentes próximas al proceso.

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