La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales cuatro años de prisión para Cecilia Marulanda Ramírez, viuda del empresario Enrique Sarasola Lerchundi, y para sus hijos Fernando y Enrique, este último jinete olímpico, por supuesto delito contra la hacienda pública de 4,2 millones de euros.

En concreto el Ministerio Público aprecia dicho delito en el caso de la viuda de Enrique Sarasola respecto al impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) correspondiente a 2002 y en el caso de sus hijos en cuanto al impuesto de sucesiones.

El Ministerio Fiscal reclama a la viuda de Enrique Sarasola en concepto de responsabilidad civil 2.379.758 euros y a sus hijos 916.452 euros a cada uno. Además solicita que se les exija el pago de una multa, en el caso de la madre de diez millones de euros y para los hijos de cuatro millones a cada uno.

El escrito de acusación sostiene que hasta el 2 de noviembre de 2012, fecha en la que murió Enrique Sarasola Lerchundi, la sociedad Hipódromos y Caballos S.A., domiciliada en Madrid y cuyo patrimonio neto declarado en 2001 ascendía a 26.354.560 euros, pertenecía al fallecido y a sus dos hijos.

El 32,24 por ciento de las acciones eran de Enrique Sarasola Lerchundi, el 13,80 por ciento a cada uno de sus hijos Fernando y Enrique y el 40,04 por ciento a la sociedad Azulintas BV, domiciliada en Holanda y participada al cien por cien por Scoupe International N.V.., mercantil domiciliada en Curaçao (Antillas Holandesas).

Añade que esta sociedad pertenecía a Enrique Sarasola Lerchundi y a Cecilia Marulanda Ramírez, que estaban casados en régimen de gananciales. El fiscal explica que a través de esta estructura "opaca", compuesta por dos sociedades holandesas, la familia Sarasola detentaba el cien por cien de las acciones de Hipódromos y Caballos S.A. al ser quienes en última instancia eran propietarios de Azulintas BV.

Agrega que Enrique Sarasola Lerchundi dispuso que a su muerte el certificado de las acciones al portador de Scoupe International NV se quedaran bajo la custodia de Lyonmar, una fundación panameña constituida a instancia suya por la madre de Cecilia Marulanda "con el fin de ocultar parte de su patrimonio y de articular el traspaso de sus activos a sus herederos a su muerte".

La Fiscalía señala que además Enrique Sarasola Lerchundi dispuso que a su fallecimiento el protectorado de dicha fundación, que hasta entonces era ejercido por él a través de la sociedad Ficavi Holding S.A., pasara a estar compuesto por su esposa y sus dos hijos.

Así estos podían disponer libremente de todos los bienes y activos de la fundación, entre los que se encuentran las acciones de Hipódromos y Caballos S.A., titularidad de Azulintas-Scoupe International NV, precisa el fiscal.

Explica que al fallecer Enrique Sarasola Lerchundi sus hijos Fernando y Enrique pasaron a ser propietarios de la mitad del 40,04 por ciento que correspondía a su padre de participación en Hipódromos y Caballos S.A. a través de la estructura Azulintas-Scoupe International NV, cuyo valor neto ascendía para cada uno a 2.661.810 euros.

"Ninguno de los acusados declaró la adquisición de estas acciones a título de herencia en el impuesto de sucesiones y donaciones, habiendo ambos renunciado formalmente a la herencia de su padre en territorio español", advierte el fiscal.

Añade que "por su parte Cecilia Marulanda no declaró en su IRPF de 2002 la mitad que le correspondía del 40,04 por ciento de participación en Hipódromos y Caballos a través de la citada estructura Azulintas-Scoupe y cuyo valor neto ascendía a 5.323.621 euros".

"Así, las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública ascienden a 916.452 euros en el impuesto de sucesiones por cada uno de los hijos del fallecido mientras que la defraudación al fisco por parte de Cecilia Marulanda en su IRPF es de 2.379.758 euros", concluye.