Economía | Empresas PARA REBAJAR SU FACTURA ELÉCTRICA

El Gobierno fulmina las ayudas a la industria que se pagan con la luz: 4 millones a repartir entre 30 fábricas

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llega al Palacio de la Moncloa.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llega al Palacio de la Moncloa. EFE

El Gobierno ha conseguido su objetivo de reducir las ayudas a la gran industria para compensar sus costes energéticos –y que pagan todos los clientes a través de su recibo de la luz- hasta dejarlo en un importe apenas simbólico.

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, modificó las condiciones de la subasta que sirve para repartir esas bonificaciones y ha logrado reducirlas al mínimo: sólo 4,38 millones a repartir entre 30 fábricas durante los próximos seis meses.

Un auténtico desplome frente a los cerca de 100 millones por semestre que recibirán este año y los 250 millones que se venían registrando tradicionalmente, y frente a las 120 factorías que este año se han beneficiado de las ayudas durante 2019.

Desde hace más de una década, todos los clientes eléctricos pagan con su recibo de luz ayudas millonarias a la gran industria que sirven para contener la factura eléctrica que soportan las fábricas, y que se reparten mediante subastas a través del denominado servicio de interrumpibilidad.

Un programa que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o reducirán temporalmente su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo para garantizar el suministro o para evitar fuertes subidas de luz del mercado eléctrico por desajustes de oferta y demanda.

El sistema se ha venido organizando a través de subastas en las que las fábricas presentan sus ofertas a la baja sobre el importe de las ayudas que recibirán para optar a las ayudas, y a cambio han de estar dispuestas a desconectarse de la red en caso de ser necesario.

La Comisión Europea exige a España desde hace tiempo que ponga fin a este tipo de subastas para repartir ayudas a la gran industria y el Gobierno prepara una reforma integral de las ayudas. Sin embargo, la situación de bloqueo político y tener un Gobierno eternamente en funciones ha impedido poner en marca esa reforma. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, se vio forzado a lanzar otra subasta, pero ha maniobrado para rebajar el coste de las ayudas que se concederán a las grandes plantas industriales.

El Gobierno redujo la potencia de electricidad subastada (sólo 1.000 megavatios, MW, frente a los 2.340 MW de la subasta anterior) y modificando los lotes en que se trocea esa potencia para que las empresas tengan que bajar al mínimo el precio de sus ofertas (sólo se subastaban bloques de 5 MW, frente a los más interesantes para la gran industria de 40 MW por los que se pujaba hasta ahora).

Recortes año tras año

El resultado de la subasta, organizada por Red Eléctrica de España (REE)  en los últimos días, es la asignación de los 1.000 MW de potencia interrumpible para el primer semestre de 2020 entre 30 compañías (de entre las 118 que han participado), que deberán repartirse 4,38 millones de euros. Para la industria el desplome de los importes supone un problema, pero cuanto más cae la retribución a las fábricas menor es el recargo a la factura de luz de los consumidores.

La anterior subasta, la del pasado junio y que servía para cubrir el servicio de interrumpibilidad durante el segundo semestre de este año, ya se cerró con el resultado más bajo de su historia: con 95 millones a repartir entre 123 fábricas durante seis meses. Y en la subasta correspondiente a la primera mitad del año las ayudas alcanzaron un total de 101 millones.

Así que en el conjunto de este año la gran industria percibirá por estar dispuestas a pagar sus fábricas un total de 196 millones, un 38% menos que los 316 millones del año pasado y un 63% menos que los 525 millones que se repartieron en 2017. En los años previos también rondaron siempre los 500 millones anuales.

Las fábricas han parado sólo tres horas en todo el año

Sin embargo, la necesidad de utilizar el servicio durante todo este año ha sido mínima. Las fábricas acogidas al servicio de interrumpibilidad sólo han tenido que parar 3 horas en lo que va de año, según desveló El Independiente. Entre enero y noviembre, Red Eléctrica de España (REE) sólo ha emitido tres órdenes de parada, todas por motivos económicos y ninguna por problemas de seguridad del suministro eléctrico.

Tres órdenes que han afectado a aproximadamente la mitad de las factorías adscritas al servicio, siendo 65 los proveedores que recibieron el mandato de reducir su consumo eléctrico. El resto de plantas no ha tenido que parar en todo el año.

Estas tres órdenes, estas tres horas de parada, son la en sentido estricto la única utilización de la interrumpibilidad durante 2019. Sin embargo, las factorías han de atender de manera obligatoria a paradas para realizar comprobaciones de que el sistema funciona bien.

Unas paradas de prueba que son exigidas por la normativa desde 2013 y que pueden ser como máximo de un 1% del total de horas del periodo previsto. Esto es, son unas 44 horas por cada semestre y que las compañías tienen siempre que cumplir. Según confirman fuentes del sector energético y del industrial, en lo que va de año han sido 81 las órdenes de reducción de potencia por pruebas del sistema (37 de las cuáles se han concentrado sólo en noviembre).

Más de 5.200 millones en una década

Hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy reformó el servicio de interrumpibilidad a finales de 2017 para poder activarlo más fácilmente por motivos económicos, Red Eléctrica en la práctica casi no lo utilizaba. Durante años, las industrias cobraban por ofrecerse a parar, pero sin verse obligadas a parar prácticamente nunca. Los datos son confidenciales, pero fuentes conocedoras del sistema apuntan que durante una década se obligó a parar factorías sólo cinco horas (aparte de las pruebas del sistema).

Con la última reforma se disparó el número de veces en que las factorías beneficiarias de las ayudas tuvieron que parar el año pasado. En 2018, Red Eléctrica obligó a dejar de consumir electricidad y detener su actividad en 50 ocasiones. Y en todos los casos –todos- la razón esgrimida por Red Eléctrica fue la de los motivos económicos, nunca por problemas de seguridad de suministro.

Durante la década en que el servicio de interrumpibilidad ha estado funcionando el coste asumido por los consumidores es milmillonario. Los clientes han pagado entre 2008 y 2019 a través de sus recibos de luz 5.258 millones de euros a la gran industria, según datos de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

La propia CNMC se ha mostrado muy crítica durante años con el mecanismo de interrumpibilidad por su “elevado coste” a pesar de estar “apenas utilizado”, y por ha reclamado con insistencia que el Gobierno justifique la necesidad de mantener este servicio. Asimismo, el organismo ha arremetido contra el secretismo que gira en torno a este sistema y solicita que Red Eléctrica o el Gobierno hagan pública información sobre el uso efectivo del servicio de interrumpibilidad de manera periódica.

Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica pasan por ésta sea la  última subasta de ese tipo. La intención es acabar con estas subastas y emprender una reforma integral de las ayudas cuando se forme Gobierno y el actual deje de estar en funciones. El Ejecutivo se encomienda al futuro estatuto de los consumidores electrointensivos en que trabaja para articular otro tipo de bonificaciones y descuentos en la factura energética que pagan las factorías.

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