Apenas una semana. Ese es el tiempo que ha tardado el Gobierno de Pedro Sánchez en poner sobre la mesa su solución para calmar los ánimos de los agricultores y ganaderos, en pie de guerra para pedir unos precios justos de sus productos en origen. La batería de medidas de Luis Planas, que propone debatir la venta a pérdidas y regular el uso de los productos como reclamo, apuntan directamente a una subida de los precios en los grandes supermercados.

El estallido de las protestas -sobre todo tras los incidentes con la Policía Nacional en Don Benito el pasado miércoles- ha elevado la lucha de los agricultores a primera línea del debate político. Estos últimos días han llevado sus reivindicaciones contra el desplome de los precios y los elevados costes de producción por varias provincias españolas. Y el Ejecutivo, ante la amenaza de que el sector agrícola se convierta en un nuevo frente, ya ha tomado cartas en el asunto.

Tras mantener una reunión el lunes con las principales organizadores agrarias -Asaja, COAG y UPA-, el titular de Agricultura anunció ayer una 'hoja de ruta' para atajar la maltrecha situación del campo, aunque no ha logrado frenar las movilizaciones del sector, como la prevista este miércoles en Madrid. Moncloa se compromete a reformar este mismo año la Ley de la cadena alimentaria. ¿El objetivo? Debatir la práctica en los supermercados de la venta a pérdidas (por debajo de los costes de producción) y frenar la "destrucción del valor de los productos agrarios".

Hace unos años, en España solo se permitía la venta a pérdidas en casos excepcionales. Este tipo de operaciones estaban prohibidas y se consideraban una práctica de comercio desleal. Pero el Gobierno de Sánchez tuvo que acatar a finales de 2018 la normativa de la Unión Europea -que permite desde 2005 la venta a pérdidas- y estableció una ley de mínimos.

El malestar de los agricultores se acentúa especialmente al hablar del valor en origen de una serie de productos. Es el caso del aceite de oliva, que ha caído casi un 50% desde 2018; o de frutas y hortalizas como el melocotón, el calabacín y la patata, con caídas interanuales superiores al 30%, según los datos de Agricultura. La preocupación en el sector ganadero se centra en la bajada del precio en origen del pollo: un 8% respecto a 2018.

Muchos de estos productos agrícolas, según Europa Press, multiplican su precio del campo a la mesa. Las patatas, por ejemplo, se vendieron en enero a las tiendas a 1,25 euros el kilo, frente a los 17 céntimos en origen. Las cebollas se comercializaron a 1,44 euros, mientras que los productores recibieron 20 céntimos por el kilo. Esta dinámica de precios se repite con los ajos (5,36€/kg frente a los 0,82€ en origen), el repollo (1,25€ frente a 0,19€), las mandarinas (1,95€ frente a 0,32) y naranjas (1,60€ frente a 0,25).

Los casos más llamativos en la ganadería se dan con la ternera, que cuadruplicó su precio, y con el conejo, el cerdo, el pollo y el cordero, que triplicaron su valor en mesa.

Para paliar la crisis del sector, el Ejecutivo también ha planteado que los costes de producción agrícola se tengan en cuenta a la hora de fijar los precios en los contratos agrarios. También que se prohíba la práctica de los distribuidores de utilizar productos básicos, como la leche o el aceite, como reclamo. La medidas, en definitiva, están pensadas para impedir que los supermercados fijen precios por debajo de coste.

No es la primera vez que la crisis del sector agrícola obliga a un gobierno a decidir sobre los precios. En otros países de Europa se han llegado a aplicar mecanismos para fijar unos valores mínimos de mercado para los alimentos.

Calma entre los ‘súper'

Los agricultores y ganaderos han recibido con buenos ojos las propuestas de Moncloa. "Los agricultores no tendremos precios justos si no es llamando al orden a las cadenas de distribución y si no abandonan las prácticas abusivas", asegura Diego Juste, portavoz de UPA. "No pedimos que el consumidor pague más, hablamos de céntimos que para el agricultor son la diferencia entre la rentabilidad y la ruina".

Una subida de los precios beneficiaría a los agricultores pero tendría efectos sobre el IPC, donde los alimentos tienen un mayor peso

De momento, según indican fuentes del sector de la distribución a El Independiente, los 'súper' no se toman este anuncio como una "amenaza". El Ministerio de Agricultura les ha pedido que formen parte de la "solución al problema" y ellos están dispuestos a ayudar a que los precios agrícolas sean "más sostenibles". Eso sí, los consumidores, advierten las mismas fuentes, no pueden pagar "las ineficiencias del conjunto de la cadena". "Es lógico que haya unos productos que vayan bien y otros que tengan dificultades. No podemos igualar los precios sobre el canal más ineficiente", añaden.

Los agricultores no solo miran con recelo a los supermercados. Cuando hablan de la caída de la renta agraria culpan sin miramientos a la “competencia desleal” de los productos importados por empresas de países no comunitarios. Los aranceles impuestos por Donald Trump y el acceso a las ayudas de la PAC (Política Agraria Común de la Unión Europea) acentúan la preocupación del sector.  

A pesar de que el Gobierno y los principales sindicatos –CCOO y UGT- no lo reconocen como un problema para el sector, la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros también inquieta a los trabajadores del campo. Los agricultores y ganaderos no creen que sea el principal escollo, pero sí aseguran que toda subida repercute en los costes de producción.  

¿Cómo influye una subida del precio de los alimentos?

Una hipotética subida del precio de los alimentos básicos beneficiaría, de entrada, a los agricultores. Sin embargo, tendría consecuencias directas en un indicador macro fundamental para la economía como es el IPC (Índice de Precios al Consumo). De su evolución dependen, por ejemplo, las pensiones. Lo elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), se publica una vez al mes y con él se mide la evolución de los productos y servicios más consumidos por los hogares en España.

Según la última revisión efectuada por el INE, hace tres años, el IPC está compuesto por 479 artículos, repartidos en 12 grupos. Obviamente, unos pesan más que otros a la hora de elaborar la media. Y los que más ponderan son los alimentos.

Los productos alimentarios y las bebidas no alcohólicas aportan 170 artículos a la cesta de la compra que calcula el INE. Las bebidas alcohólicas, 12. Es decir, hay 182 items (más de un tercio del total) que atañen en mayor o menor medida de agricultores y ganaderos. Pero lo más importante no es la cantidad, sino el peso que tienen en la evolución del IPC. La alimentación es el grupo que más pesa: un 19,77%. El segundo grupo es el transporte, que pondera un 14,67%. El grupo que aúna el alcohol y el tabaco aportan un 3,02%.

Así pues, si el precio de los alimentos se calienta, lo normal es que también crezca el IPC. Y si este aumenta, presionará al alza las pensiones y, por tanto, la factura para el Estado. En los últimos años, la política de precios ajustados de los grandes distribuidores ha tenido un impacto directo en la inflación. Lo demuestran los datos del INE.

En los últimos cuatro años, el grupo de alimentos se ha mantenido estable, con crecimientos anuales cercanos al 1%. Es decir, muy lejos de las cifras alcanzadas en la época del boom económico y el inicio de la crisis en España. Por ejemplo, en 2008 los alimentos se encarecieron una media del 5,9%.